María Alejandra Silva / Caleidoscopio Humano
Trabajadores activos y jubilados, así como sindicatos y gremios del sector público, protestaron este martes frente a la sede del Ministerio Público en Caracas para exigir, al gobierno de Nicolás Maduro, un salario digno que les permita cubrir sus necesidades básicas y la restitución de sus beneficios laborales establecidos en la Constitución Nacional.
“Ya esto no se aguanta, los trabajadores ya estamos en extrema pobreza y es nuestro derecho humano un salario digno, son 662 días sin aumento de salario ni de pensiones. Razón por la cual hoy comenzamos nuevamente las protestas, ante la falta de una respuesta favorable por parte de la alcaldía”, expresó Yenis Silva, presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Caracas.
La manifestación se registró en más de 17 estados del país, bajo la consigna de “abajo los salarios de hambre”, sumándose trabajadores de empresas privadas también.
Por su parte, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), Pedro Eusse, señaló que “lo que nos une es la necesidad de conquistar un salario digno, una pensión digna, que se respete el derecho a la negociación colectiva, a los contratos colectivos de trabajo, a la libertad sindical, que cese la persecución y el hostigamiento contra los trabajadores que luchan”, en referencia que la movilización no tiene vinculaciones a grupos políticos.
Los jubilados y pensionados denunciaron que no pueden “sobrevivir” con 3.25 dólares mensuales que reciben como pensión, asegurando que solo les alcanza para comprar “medio cartón de huevos y un pan canilla”, dejando por fuera los tratamientos médicos y otras necesidades básicas.
Los manifestantes mostraron su apoyo a los docentes, convocando a una protesta para el próximo 15 de enero en la sede del Ministerio de Educación, en el centro de Caracas, esto en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Maestro.
Por último, pidieron la liberación de los trabajadores y sindicalistas que continúan detenidos por exigir la garantía de sus derechos económicos y sociales, muchos de los cuales, no tienen acceso al derecho a la defensa ni a la salud.
