(21 julio 2021). A inicios de 2020, diversos mecanismos de Naciones Unidas advirtieron sobre los peligros de exacerbar las medidas de control -por parte de los Estados-, para mitigar los efectos de la pandemia generada por el COVID-19.
ONU Hábitat recordó la importancia de la vivienda como un derecho humano indispensable para garantizar y desarrollar otros derechos que satisfagan la dignidad humana. “La vivienda nunca había sido tanto como en este momento una condición de vida o muerte”, dijo Leilani Farha, relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada.
Otras instancias de ONU, y de órganos regionales de protección de los Derechos Humanos, hicieron especial énfasis en la conducta que debían mantener las autoridades, para preservar los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad.
Pero en Venezuela, como de costumbre, el Estado actuó en contravía.
Policías adscritos a instancias de gobierno nacionales, estadales y municipales, protagonizaron episodios que contribuyeron a mantener la elevada cifra de violaciones a la integridad personal en el país. Allanamientos ilegales, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros, formaron parte del repertorio policial – militar, que atizó los padecimientos generados por la pandemia y agudizó los sufrimientos de cientos de personas.
Azote oficial
858 personas fueron víctimas de tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes durante el año 2020. Este es el segundo registro más alto de víctimas por este sub-patrón en los ocho años de mandato de Nicolás Maduro, sólo superado por las 970 personas afectadas durante el año 2018. En comparación con el año 2019, se registró un leve aumento de 0,70%.
59 denuncias involucraron a 14 corporaciones de seguridad, a cuatro entes de la administración pública central y descentralizada, y a agrupaciones paramilitares en la comisión de este delito contra el derecho a la integridad personal.
En marzo de 2020 -luego de las medidas de confinamiento aprobadas por el ejecutivo nacional para frenar el avance del Covid-19-, los lugares que proveían de empleo a cientos de mujeres trabajadoras sexuales de Caracas y otras zonas del país, cerraron sus puertas para mantener el distanciamiento social recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y mitigar el avance de la pandemia. Desde entonces, organizaciones de la sociedad civil como AMBAR, redoblaron su labor de monitoreo y acompañamiento, previendo el difícil escenario que aguardaba a estas personas.
AMBAR advirtió entonces que el cierre de los “locales de batalla”, ubicados en las adyacencias del terminal de pasajeros “Nuevo Circo” y la avenida Lecuna en Caracas, empujaría a decenas de trabajadoras sexuales a trabajar en las calles, aumentando con ello los riesgos de extorsión, malos tratos y posibles detenciones ilegales. Para Nury Pernía, directora ejecutiva y fundadora de AMBAR; un “local de batalla”, es un espacio compartido por varias mujeres que desarrollan economías vinculadas al sexo, pero están subordinadas a la jerarquía trazada por el propietario del local.
La clausura de estos -y otros espacios-, supuso un indirecto desalojo para decenas de trabajadoras sexuales, quienes debieron exponerse a los rigores del extendido control territorial impuesto por policías y militares venezolanos, en medio de las medidas de confinamiento.
En Miranda, la policía del municipio Chacao, ocupó el tercer lugar – a nivel nacional-, en el número de denuncias por violaciones a la integridad personal. Funcionarios de esa corporación fueron denunciados, en octubre de 2020, por la detención y posterior trato cruel, contra 12 hombres que se encontraban en situación de calle. Según denunciaron las víctimas, los agentes de seguridad los detuvieron y les obligaron a abordar varias patrullas. Seguidamente los golpearon, les cortaron el cabello, y los arrojaron al río Guaire en una zona ubicada a decenas de kilómetros del municipio Chacao, sitio habitual donde estas personas desarrollaban sus vidas y economías, exponiéndolos a riesgos indebidos.
En diciembre surgió otra denuncia contra la policía del municipio Chacao.
80 trabajadoras sexuales -que desarrollan sus economías en el municipio-, denunciaron haber sido víctimas de tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes, por parte de funcionarios de dicho cuerpo policial.
Según los relatos recogidos por la Asociación de Mujeres por el Bienestar y Asistencia Recíproca (AMBAR), los abusos consistieron en detenciones arbitrarias; violencia sexual; robos; golpizas; cortes de cabello; entre otros. Algunas de las mujeres afectadas denunciaron que eran obligadas a abordar patrullas, y posteriormente eran “expulsadas” del municipio, siendo abandonadas en zonas despobladas.
Entre el hambre y los abusos
AMBAR insiste en defender la legitimidad de las economías asociadas al trabajo sexual. “Trabajar en las calles no es ilegal”, afirma Nury Pernía, una activista que acumula más de 20 años defendiendo a las trabajadoras sexuales. En la década del 90, García, al frente de AMBAR, promovió la sindicación de las trabajadoras sexuales, la aprobación de un marco legal que las amparara y fomentó la salud sexual y reproductiva entre ellas, como un mecanismo eficaz para empoderarlas.
Pernía informó a Provea que se inició un procedimiento administrativo y penal contra los funcionarios involucrados en los abusos denunciados, pero hasta ahora no ha habido ningún acto que frene los atropellos. Como hemos afirmado decenas de veces, el Estado venezolano tiene una deuda con los y las trabajadoras del país y millones de familias, al no desarrollar políticas oportunas, adecuadas e integrales que les protejan de los abusos.
