Las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) han guardado silencio sobre las elecciones presidenciales previstas para 2024, pese a las peticiones de organizaciones políticas y sociales que exigen la fijación de una fecha, la aprobación de un cronograma y la apertura del Registro Electoral, entre otras garantías. Expertos consultados por TalCual señalan que la falta de un pronunciamiento oportuno por parte del ente comicial evidencia la falta de independencia de poderes
(01-02-2024) El Consejo Nacional Electoral (CNE) está lento. Pese a que constitucionalmente este año 2024 corresponde la celebración de los comicios presidenciales, aún no ha fijado la fecha del evento, tampoco ha habilitado operativos para la inscripción y la actualización de datos en el Registro Electoral y mucho menos ha dado luces de los concursos para la escogencia de los miembros de mesa.
Al ente rector se le adelantó el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, quien dijo que antes del 18 de abril los venezolanos ya tendrán un cronograma electoral. El Parlamento dominado por el chavismo aprobó iniciar una jornada de consulta con sectores productivos y sociales para dirimir la agenda de cara a las presidenciales. El mandatario Nicolás Maduro hizo seguidilla a Rodríguez y expresó su apoyo al diálogo para poder tener unas «elecciones ya».
Desde principios de este año, las presiones exigiendo una fecha y un cronograma no han cesado. Dirigentes políticos de oposición, organizaciones electorales, estudiantes y otros sectores de la sociedad civil exhortan al CNE a dar a conocer la fecha de las presidenciales, presentar un cronograma y abrir el Registro Electoral. El Poder Electoral, presidido por Elvis Amoroso, se ha mantenido en mutis.
Su demora en pronunciarse sobre las elecciones presidenciales contrasta con la rapidez mostrada en la convocatoria y organización del referendo consultivo por el Esequibo realizado el pasado 3 de diciembre a petición del Parlamento.
La elección presidencial será el segundo gran evento del nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral, integrado por Elvis Hidrobo Amoroso, Rosalba Gil Pacheco, Aime Nogal Méndez, Carlos Quintero Cuevas y Juan Carlos Delpino. El referendo sobre el Esequibo fue la primera «fiesta electoral» de la cual fueron anfitriones, pero esta terminó con serios cuestionamientos a los resultados.
Primero que la fecha de elecciones, se conoció la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -el pasado 26 de enero- sobre las inhabilitaciones, en el marco del Acuerdo de Barbados. El máximo tribunal habilitó a algunos políticos, pero confirmó la medida contra María Corina Machado, quien el pasado 22 de octubre ganó las primarias y se convirtió en la candidata de oposición. También mantuvo la medida contra Henrique Capriles, dirigente de Primero Justicia (PJ).
Ante el retraso del CNE, organizaciones como Súmate y el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) expresan su preocupación sobre el Registro Electoral porque más de diez millones de personas podrían quedarse sin votar: muchos están fuera del país, otros se han mudado y otra gran cantidad apenas acaba o está a punto de cumplir su mayoría de edad.
CNE no actualiza el RE y tampoco convoca a concursos
La nuevas autoridades del CNE -con 5 meses en el cargo- heredaron varias deudas, que datan, incluso, desde hace 12 años. Para el exrector Andrés Caleca las dilaciones son parte de la estrategia del gobernante Nicolás Maduro de dividir y procurar la abstención del voto opositor.
Uno de los puntos pendientes es la auditoría y depuración del Registro Electoral, un procedimiento que no está sujeto a la convocatoria de elecciones. Caleca precisa que la auditoría y depuración debe contar con la presencia de todas las organizaciones con fines políticos del país.
«El CNE es un poder al servicio de estas organizaciones y tiene que garantizar que todo el mundo esté contento y satisfecho con las medidas que se toman», comenta.
Hasta el momento «nadie sabe si el registro está verdaderamente depurado, por ejemplo, de los ciudadanos fallecidos, o que se mudaron de residencia». Caleca sostiene que el CNE tiene un rezago grande. Explica que en el último corte dado a conocer por el ente se evidenció que el padrón electoral está compuesto por 21 millones de personas.
Sobre lo anterior, apuntó que es sabido que de ese total de ciudadanos, 7,5 millones están en el exterior y no han podido actualizar sus datos porque el CNE tampoco se ha dado la tarea de abrir el RE en los consulados con la «excusa» de que no tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos «¿Pero y en los demás países qué pasó?», se pregunta.
Precisa que en Venezuela hay, al menos, tres millones de nuevos votantes imposibilitados para votar también.
Con Caleca, coincide Griselda Colina, directora general del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Agrega que aunque en los primeros tres meses del año el Consejo Nacional Electoral debería hacer el sorteo de los miembros de mesa, tampoco ha habido decisión alguna.
«El proceso también pasa porque, cuando se tenga esa información, se notifique a las personas que fueron escogidas. La gente que es seleccionada es parte del registro electoral y eso permite que los ciudadanos se involucren con todos los pasos de este proceso», expone.
Para Colina es necesario que el CNE se ponga manos a la obra porque el tema no se queda en el mero anuncio de la fecha de la elección presidencial, sino que también debe formar a todo el capital humano que impulsará el evento en los centros de votación.
«Este es un proceso en el que los ciudadanos tienen un rol fundamental, pero eso ha sido coartado por los partidos políticos sobre todo del oficialismo», dice.
Sobre este punto, Caleca afirma que desde hace 12 años no se han hecho estos concursos. Explica que debido a los fallecimientos o la diáspora, lo que ha ocurrido en las últimas elecciones -ante la ausencia de los miembros designados por el CNE- es que se conforman unas coordinaciones con los primeros de la cola, que muchas veces forman parte de la estructura del partido de gobierno.
La opinión de Colina y Caleca también coincide en el hecho de que el Registro Electoral y la celebración del concurso para los miembros de mesa no depende de un cronograma y que el CNE «si quisiera» ya habría podido hacer la habilitación de estos procesos.
Para Ignacio Ávalos, directivo del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), es cuestionable que aún Venezuela desconozca cuándo debe acudir a las urnas electorales para escoger a su presidente. Señala que en el planeta hay 70 elecciones en este 2024 y en todos ya se conoce el día de la elección.
Cuestiona el rezago en la divulgación de la fecha y el cronograma electoral debido a toda la organización técnica, humana y logística que se requiere para organizar un evento comicial. «Los candidatos, además, necesitan anticipación para saber cómo prepararse y alinear sus fuerzas, preparar el programa de gobierno que presentarán a la ciudadanía, etc».
El estreno fue un «fraude»
Para Caleca este nuevo directorio del CNE “es peor” que el anterior. «Se estrenó en el referendo con un gigantesco fraude», dice. El exrector rebate el dato de participación anunciado por Elvis Amoroso y dice que es imposible que en el evento hayan participado 10 millones de personas.
«El CNE está copado por el partido de gobierno, al no haber oposición el Ejecutivo hace lo que le da la gana», detalla.
A su juicio, los números que se informaron fueron un «fraude absoluto en la cara del país». Critica que los rectores se hayan mantenido en silencio y esto “presagia malas cosas”, sobre todo al tomarse en cuenta que en este 2024 hay presidenciales y en 2025 son los comicios para escoger a las autoridades del poder público.
Para Griselda Colina es menester recordar de dónde y cómo se conformó la nueva directiva del Consejo Nacional. «Fue nombrada gracias a una maniobra irregular en la que se disolvió el Poder Electoral anterior, designado en 2021 y que estaría a cargo de las elecciones por siete años.
«Es importante entender que estamos en un contexto difícil, donde se van a celebrar unas elecciones vitales para la transformación del conflicto político y que tiene sumido al país en una crisis compleja. Las pautas para este proceso, para empezar un camino de restitución de garantías se dejó claro en el Acuerdo de Barbados», agrega.
A su juicio, no puede comparar el referendo del Esequibo con las elecciones presidenciales. «Lo digo en el sentido de que si ves el tiempo, no se llevaron adelante los procedimientos, ni contó con la participación que generalmente deben contar de las auditorías, operativos y del RE, así como la participación de los grupos de observación internacional. No tuvimos nada de eso».
Enfatiza que lo anterior opacó el proceso y, además, quedó en evidencia la ausencia de las garantías, que para unas elecciones presidenciales sí tiene que contar.
«Como lo conocemos, organizar un proceso puede tardar seis meses con todos los procedimientos estipulados en la normativa legal vigente, también permitiría que los organismo de observación internacional puedan organizarse, estas instancias requieren certidumbre».
CNE no atiende faltas absolutas en municipios
Los rectores Elvis Hidrobo Amoroso, Rosalba Gil Pacheco, Aime Nogal Méndez, Carlos Quintero Cuevas y Juan Carlos Delpino también heredaron deudas. En cinco municipios del país se mantiene desde 2022 la falta absoluta de sus alcaldes y en El Tigre (municipio Simón Rodríguez, estado Anzoátegui), el alcalde Ernesto Paraqueima fue inhabilitado políticamente, tras su detención el 4 de mayo de 2023.
En la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, específicamente en el artículo 87, se establece que cuando se produjere «la ausencia absoluta del alcalde o alcaldesa antes de tomar posesión del cargo o antes de cumplir la mitad de su período legal, se procederá a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral competente (CNE)». Los mencionados alcaldes fueron electos el 21 de noviembre de 2021 y el período constitucional es de cuatro años.
En los casos de Semprún (Zulia) e Independencia (Anzoátegui), cuyos alcaldes fueron apresados por delitos comunes, corresponde a los respectivos concejos municipales determinar la ausencia absoluta de estos funcionarios.
Pero organizaciones como Súmate han cuestionado los retrasos del CNE para convocar a estas elecciones. Nélida Sánchez, coordinadora de Contraloría Electoral de la asociación, señaló que en estos municipios, tras 14 meses de ausencia, está clara la falta absoluta y debe ser el organismo electoral quien llame a estos comicios.
Sobre este punto, Griselda Colina destaca que lo que ha ocurrido en este caso es falta de voluntad política. «La ley es clara al respecto. En su momento no se sustituyó tampoco la salida de una de las rectoras del CNE. Estamos en un país donde no hay institucionalidad y hay un poder central que domina todas las instituciones», enfatiza.
Ignacio Ávalos opina de manera similar a Colina sobre la conformación de la actual directiva. A su juicio, la manera en la que se designó produjo serios cuestionamientos sobre la independencia del poder. Argumenta que el balance que se había obtenido en el Poder Electoral se perdió con la salida de Roberto Picón y de Enrique Márquez.
Enfatiza que el Consejo Nacional Electoral debe enviar señales a la gente de que habrá unas elecciones limpias, democráticas y ajustadas al Estado de derecho. En ninguno de los casos, dice, emite esas señales. «Las encuestas sobre abstencionismo han bajado, pero en general hay apatía porque no hay confianza en el árbitro», destaca.
En opinión de Ávalos, el hermetismo del CNE puede empañar los venideros procesos. «El CNE no ha dado señales», sino que por el contrario ha asomado complicaciones a los ciudadanos, incluso al momento de inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral.
El directivo del Observatorio Electoral Venezolano advierte que la actitud del CNE puede contribuir a la apatía Electoral. «El CNE envía las señales equivocadas al electorado, con las que se despiertan la suspicacia», puntualiza.
