Mientras la fiebre del béisbol y el lujo de los estadios reunía toda la atención, la Asamblea Nacional estaba discutiendo y aprobando leyes que afectarán a la ciudadanía en general
Por Yennifer Calvo/Caleidoscopio Humano
(12-02-2023) La Serie del Caribe 2023 terminó, y con ella el maquillaje de país recuperado y el clima de normalidad democrática que el gobierno quiso mostrar al mundo desde el evento deportivo, tal como ya lo hizo en 2007, cuando se celebró la Copa América de fútbol.
En unos pocos días, las “imperfecciones”, que siempre estuvieron allí, pero que la euforia por el béisbol intentó borrar, comenzarán a notarse y a ser parte del día a día del venezolano, nuevamente.
En un intento por demostrar la narrativa de “Venezuela se arregló”, que desde el aparato comunicacional del gobierno se ha venido promocionando desde el año pasado, se inauguraron estadios de gran envergadura y faraónicos, donde los servicios públicos y la seguridad -se habilitaron 5000 efectivos para trabajar las 24 horas los siete días de la semana hasta el 10 de febrero- sí estaban garantizados, a diferencia de en otras instalaciones del país.
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De acuerdo con el ministro del Deporte, Mervin Maldonado, el nuevo “Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar” (antes llamado Isaías ‘Látigo’ Chávez) de La Rinconada, es “el mejor estadio de béisbol de toda América Latina y el Caribe”. Sus instalaciones tienen capacidad para cerca de 40.000 espectadores.
Además del nuevo estadio de Caracas, también se inauguró el Jorge Luis García Carneiro (Fórum La Guaira), que cuenta con una capacidad de 15.000 espectadores, terraza VIP, jacuzzis (con capacidad para cuatro personas) y área para hacer parrillas.
Los costos para acceder a estos “gustos” eran de $ 200, según reseñó El Nacional, demostrando, una vez más, que Venezuela no se ha arreglado sino que la situación personal de muchos ha mejorado, aumentando la desigualdad en el país.
Además, confirma las afirmaciones de sociólogos venezolanos, como Luis España, quien señala que Venezuela está en el continente más desigual del mundo y, para 2023, es el país más desigual de América. El nivel de desigualdad venezolano se compara con el de Namibia, Mozambique y Angola.
Pero lo más grave es que mientras la fiebre del béisbol y el lujo de los estadios reunía toda la atención, la Asamblea Nacional estaba haciendo Homerun con bases llenas.
En medio de la distracción, discutió proyectos de Ley que tras su aprobación afectarán a la ciudadanía en general.
Una de estas leyes, el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, aprobado en primera discusión y que representa la más grave amenaza al espacio cívico, las libertades democráticas y el derecho a la asociación en Venezuela.
La Ley AntiSociedad despojará a la sociedad venezolana de sus capacidades y libertades para organizarse, expresarse, defender sus derechos, participar en asuntos públicos y acudir a la solidaridad o protección internacional. Sus efectos recaen no solo sobre los defensores de Derechos Humanos, sino también sobre las víctimas de violaciones de DDHH y las personas más vulnerables.
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Es decir, aquellos venezolanos cuya pobreza no les permite adquirir la canasta básica, comprar medicamentos, tener acceso a la salud, gastar entre 2 y 40 dólares en entradas para eventos deportivos, ni mucho menos, 3340 dólares por una “suite” para animar a su equipo.
Es de recordar que, de acuerdo con la ENCOVI 2022, publicada por la UCAB; la pobreza afecta a 81,5 % de la población, es decir, 8 de cada 10 venezolanos no cuentan con los recursos suficientes para adquirir la canasta básica. Mientras que la pobreza extrema, en la que se encuentran aquellos con ingresos insuficientes para adquirir los alimentos básicos, se ubicó en 53,3 %.
Otro instrumento legal, no menos grave, es la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, aprobada en medio de una activa agenda de protestas, encabezada por maestros y trabajadores del sector educación, para exigir salarios dignos e indexados al dólar y restitución de los beneficios ya conquistados.
“Esta norma profundiza la inclusión a través de la democracia participativa y protagónica dentro de las escuelas, para impulsar las vocerías que existen en las instituciones educativas, además legitimar los procesos de elección que se desarrollan en las aulas por votos democráticos”, indicó el parlamentario Jorge Rodríguez, citado por NTN24. Sin embargo, los alcances de este instrumento legal están por verse, una vez que pase la resaca beisbolera.
Esto en un contexto de país donde, entre 2021 y 2022, desertaron del sistema educativo alrededor de 190.000 alumnos, según estimaciones de la UCAB.
Para Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, citado por Descifrado, una cifra preocupante son los más de tres millones de niños y adolescentes (de entre 6 y 18 años) que son excluidos plenos del actual sistema educativo, eso sumado a los más de quinientos mil que no regresaron a las aulas tras el regreso a las clases presenciales.
Mientras que, para Raquel Figueroa, dirigente sindical de la Federación Colegio de Profesores de Venezuela, citada por el mismo medio, la educación venezolana ha sufrido un retroceso y ya no se puede hablar de calidad educativa, porque “en un país que tiene la educación como derecho humano violentado, no puede hablar de calidad alguna”.
Obras vinculadas a empresas contratistas del entorno de Maduro
La construcción de ambos estadios tomó cerca de una década, pues inició en 2013 y el proceso no estuvo exento de problemas.
De acuerdo con datos recopilados por el equipo de investigación de Caleidoscopio Humano, se destinaron millones de dólares para la culminación de los estadios, en medio de un panorama de inestabilidad económica. Estas obras están vinculadas a empresas contratistas del entorno del mandatario Nicolás Maduro.
Una de ellas es el Fondo Global de Construcción, relacionada con Alex Saab, empresario de origen colombiano detenido en Estados Unidos por cargos de corrupción; así como la filial venezolana de la empresa panameña Landscape Vision Corporation (Lavincorp S.A.).
“El Gobierno Nacional, gracias al presidente Nicolás Maduro, asignó tres millones de dólares para este estadio y hemos colocado un nuevo sistema completo de iluminación, avalado por la Major League Beisbol”, explicó el gobernador del litoral central venezolano, José Alejandro Terán.
Por su parte, los obreros que trabajaron en la construcción del Monumental protestaron el pasado diciembre por falta de salarios y aguinaldos. En ese momento no hubo pronunciamiento alguno por parte del Estado venezolano.
Es habitual que los gobiernos usen eventos deportivos para lavar su imagen internacional. La Unión Soviética lo hizo con los Juegos Olímpicos de 1980 y el régimen chino en los Juegos de Pekín de 2008. Para describir esta práctica se tiende a usar el término Sport Washing.
Eso explica por qué se esmera el gobierno venezolano en mostrar, ante la opinión pública, un país en plena recuperación económica, mientras la mayoría de los venezolanos ganan salarios que no les permiten cubrir sus necesidades básicas, o mientras arrecia la represión contra todo aquel que se atreva a protestar o a denunciar las violaciones de derechos humanos.
