María Alejandra Silva/Caleidoscopio Humano
(20-07-2023) La Organización No Gubernamental, Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), participó el pasado viernes en el 187 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar la agravada situación de las personas LGBTIQ+ privadas de libertad en el país.
La Audiencia inició con la participación de la directora adjunta del OVP, Carolina Girón, quien denunció que en Venezuela las personas privadas de libertad se enfrentan a los estragos del sistema penitenciario, con un grave retardo procesal, bandas organizadas y falta de atención médica por parte del Estado.
Añadiendo que la situación es realmente preocupante cuando involucra a grupos vulnerables como las mujeres y personas LGTBIQ+, pues si bien padecen los mismos problemas que el resto de la población, el impacto en ellos es mucho mayor: no se desarrollan políticas públicas efectivas, no hay personal capacitado ni la intención de capacitarlo, las prisiones no cuentan con infraestructuras óptimas y adaptadas a sus necesidades, así como tampoco hay áreas establecidas por diferenciación de género.
Girón aseguró que actualmente dentro de la población LGBTIQ+ privadas de libertad se encuentran alrededor de 141 personas, las cuales también están afectadas por la carencia calórica, ante la falta de acceso de alimentos dentro de los recintos penitenciario. “Son los familiares quienes les proporcionan alimentos”, expresó la abogada.
La directora del OVP, explicó que para las personas trans privadas de libertad es “imposible continuar con sus tratamientos hormonales”, lo que significa que el Estado le está coartándole su derecho a identidad de género. “Las personas trans recluidas en etapa de transición no cuentan con atención médica especializada».
Resaltó que los centros carcelarios venezolanos no proporcionan condiciones dignas de reclusión y mucho menos cumplen con los parámetros básicos establecidos en los estándares internacionales en la materia, lo que indudablemente representa un mayor riesgo para las poblaciones vulnerables dentro de las cárceles: mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad y personas LGBTIQ+.
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En el marco de la Audiencia la abogada recordó el caso de la activista trans, Ziku Rivas, quien fue detenida el 31 de marzo por su protesta por la falta de agua potable y “una vez apresada fue sometida a tratos crueles y le fue administrada agua sin tratar”.
El OVP también denunció que las personas LGBTIQ+ son sometidas a tratos denigrantes por parte de los pranes y los funcionarios. “Se ha documentado que las personas del colectivo son aisladas como forma de castigo, limitándoles su acceso a luz natural, agua y alimentos», siendo esto una grave vulneración a los derechos humanos y sociales de las personas privadas de libertad.
Por último, Girón que conforme a denuncias recibidas por el OVP sobre la situación de las LGTBIQ+ privadas de libertad, los espacios en los que permanecen los hombres gays son usados como celdas de castigos para los reclusos heterosexuales cuando hacen algo catalogado como «mal» o que les molesta a los funcionarios, ya que es una forma en la que se “mancha la rutina” de un privado de libertad que se considera “malandro”.
Agregando que las mujeres y los hombres gays son obligados a tener relaciones sexuales con otros presos y custodios, al punto de ser catalogados como una «prostitución carcelaria de las personas LGBTIQ+». La gravedad de ello radica en la exposición a contraer y propagar infecciones de transmisión sexual.
Ve la audiencia completa en este enlace Venezuela: derechos humanos de personas LGBTIQ+ privadas de libertad
