Juan Luis González Taguaruco/El Nacional
(07-08-2024) El próximo 9 de diciembre se cumplirán 10 meses de la injusta detención de Rocío San Miguel, técnicamente objeto de una detención arbitraria, cuando se disponía a viajar al exterior con su única hija, Miranda, por un periodo de ocho días.
La detención efectuada en Maiquetía fue seguida de su desaparición forzada por tres días, la cual fue seguidamente protestada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, generando la ira del poder y la suspensión inmediata del país de esta importante agencia de la ONU en Venezuela.
Injustamente acusada de graves delitos políticos, entre ellos intento de magnicidio, todos sus familiares directos que viven en Venezuela han sido obligados a no dar declaraciones a los medios de comunicación sobre el caso, por prohibición expresa de un Tribunal, so pena de ser también privados de libertad.
Ochenta horas después de la detención de Rocío, sin haber recibido noticias de las razones de su detención, no se le permitió ponerse en contacto con su familia, ni con su abogado de confianza, situación que en abierta infracción al orden constitucional se mantiene, a la fecha.
Desde el momento de su arbitraria detención, se le ha violado el derecho a la defensa, presupuesto de legitimidad de todo proceso y, particularmente, del proceso que se le sigue, habida cuenta que no ha tenido acceso al expediente ni al escrito de acusación; no ha tenido una entrevista personal y privada con la abogado de la defensa pública que le fuera designada, y desconoce si ha realizado algún acto de defensa, por cuanto no ha tenido ocasión de ver y examinar los escritos que debió consignar en el Juzgado la profesional del derecho a cargo de su defensa, además de la insólita situación que la Audiencia Preliminar de Rocío fue realizada sin que ella estuviera presente en el acto.
A San Miguel se le ha negado la asistencia consular transgrediendo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares al tener doble nacionalidad (venezolana – española), sin perjuicio de la infracción abierta de los lapsos para la realización de los actos del proceso, retardos injustificados en la fase intermedia y, ahora, en la fase de juicio, fijado esta vez para el día 18 de diciembre, donde damos por hecho se autorizará la constitución de la defensa técnica que permitirá solicitar la revocación de la medida de privación judicial de la libertad de Rocío, pedimento que debería ser estimado como consecuencia del ejercicio de la autonomía e independencia del Poder Judicial, propio de una democracia.
Recordemos que, como fue afirmado por el Ministerio Público en medios de comunicación, los elementos en los que se fundamenta la acusación de Rocío están relacionados con el hallazgo de su número de contacto en el directorio del equipo telefónico de un militar detenido, y que, además, su nombre aparecería en una orden de operaciones presuntamente elaborada por otro.
Ambos son actos unilaterales, que no dan cuenta del conocimiento o aceptación de Rocío San Miguel, aquiescencia o cualquier clase de acuerdo con estos planes, los cuales ella rechaza enfáticamente, además de no conocerles ni de vista, trato o comunicación a ninguno de ellos.
Es así como a Rocío San Miguel se le acusa de estar involucrada en la trama denominada “Brazalete Blanco”, en la que presuntamente se encuentran detenidos desde enero del presente año, casi 40 militares, siendo ella la única mujer civil injustamente vinculada y encarcelada, sin medios probatorios y sin haber cometido delito alguno.
El caso de Rocío San Miguel es emblemático por tratarse de una de las más importantes defensora de derechos humanos en Venezuela. Es experta en temas de seguridad y defensa nacional y voz firme en la exigencia del respeto a la Constitución por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado.
Rocío ha luchado siempre por el fortalecimiento de las instituciones, de la democracia y por el respeto a los derechos humanos siendo, desde el principio, crítica en numerosas ocasiones de las decisiones de los
poderes públicos, expresando siempre sus posiciones con respeto a la dignidad de los funcionarios del Estado, por lo que nadie puede acusarla de irrespeto a las autoridades o de participar en movimientos insurreccionales, atentados, actos terroristas o cualquier otro acto que lesione la vida o la dignidad de las personas, así como el funcionamiento de las instituciones.
El proceso actual contra Rocío no es más que el reflejo de la brutal represión con la que se castiga en Venezuela a disidentes y críticos, lo cual no es, ni puede ser, modelo de paz para ningún país.
Próximos a conmemorar el 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos y, el 15 de diciembre, los 25 años de la vigencia de la Constitución de Venezuela (1999), abogamos desde esta tribuna por la libertad de Rocío San Miguel y de todos los presos políticos en el país, recordando que el número de encarcelados por razones políticas e ideológicas es directamente proporcional a la legitimidad de un gobierno en el poder.
Una buena manera de honrar los 25 años de la Constitución es celebrar un país sin presos políticos. Recordemos que hasta el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías fue beneficiado con un indulto por delitos políticos en 1994. El gesto más significativo que puede realizar el gobierno en funciones, en este momento, es liberar a inocentes, como es el caso de mi defendida, Rocío San Miguel.
Sobre Rocío San Miguel:
• Rocío San Miguel es abogado especialista en Derecho y Política Internacional por la Universidad Central de Venezuela, magister en Seguridad y Defensa Nacional del IAEDEN y magister en Política de Seguridad del Instituto Gutiérrez Mellado de España.
• Al servicio de la administración pública de su país, San Miguel ha sido investigadora de la Secretaría Permanente del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa y consultor jurídico del Consejo Nacional de Fronteras. Ha sido profesora de las Escuelas Superiores de la Armada, de la Aviación, de la Escuela de Posgrado de la Guardia Nacional y del Centro de Estudios Militares Avanzados.
• Antes de ser detenida se desempeñaba como profesora de Derecho Internacional Humanitario en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV.
• Durante los últimos 32 años de su carrera, los primeros de ellos, al servicio de las instituciones del Estado y luego al frente de Control Ciudadano, se ha dedicado al seguimiento y estudio de los temas de seguridad y defensa desde la perspectiva del fortalecimiento democrático y el respeto a los derechos humanos.
• Desde el año 2016, San Miguel ha venido abogando por la necesidad del fortalecimiento institucional del Estado, el respeto a la Constitución y a los derechos humanos, así como la necesidad de diálogo y reconciliación nacional para Venezuela.
• La trayectoria de Rocío San Miguel siempre ha estado con la Ley, a la vista del país y siempre ha expresado el deseo de contribuir, desde su conocimiento y estudio, a participar como sociedad civil en los procesos de diálogo para contribuir en aras de la paz y el progreso de Venezuela.
• San Miguel cuenta con medidas de protección a su favor y de su hija, dictadas en el año 2012 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin que haya sido posible que el Estado las cumpla.
• En el año 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia a su favor por discriminación política en su contra, entre otros derechos vulnerados, ordenando al Estado venezolano repararla, sin que haya sido posible, hasta la fecha.
