Retardo procesal e impunidad agobian a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Sucre


16/04/2023. Fuente: Crónica Uno

Aunque el establecimiento de responsabilidades en los casos, no les devolverá con vida a sus seres queridos, familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales no cesan en su clamor de justicia.

Cumaná. “Este año ha sido muy duro, y doloroso para la familia. Se cumplió un año y no se ha hecho justicia por el asesinato de mi hijo”. Así lo contó Anairys Ramírez, madre de Daniel Alejandro Lezama Ramírez, joven de 20 años, muerto por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), cuando se encontraba en un restaurante de Carúpano, estado Sucre, en abril de 2022.

El asesinato de Daniel cambió el rumbo de la vida de su familia, al igual que la de más personas que han sufrido la pérdida de familiares, a raíz de ejecuciones extrajudiciales.

“Me cuesta creer que mi hijo ya no está, nuestra familia se fracturó en segundos y jamás volverá a ser la misma. Hemos tratado de seguir adelante cada uno en lo suyo, pero el dolor de su ausencia es inevitable”, añadió.

Los funcionarios dispararon contra Lezama cuando el joven se sentó a esperar a su prima en una mesa del restaurante Bar Thiago’s, en el sector Tío Pedro de Cumaná y trató de sacar su portachequera, pero ellos pensaron que se trataba de un arma de fuego.

Anayris reconoce que tuvo que buscar ayuda profesional que no solo la apoyara a ella, sino a sus otros hijos a sobrellevar la terrible pérdida.

No dormía casi, solo lloraba y hasta perdí el apetito al igual que mi hija menor, así que quién mejor para ayudarnos que un psicólogo”, sostuvo.

Precisamente por el aniversario del suceso, el Viernes Santo la madre de la víctima se encontraba en Casanay, capital del municipio Andrés Eloy Blanco, para reencontrarse con su familia y honrar la memoria de su hijo con una misa y un rosario. 

Una semana antes, familiares se enteraron de que el pasado 25 de enero, la Corte de Carúpano decretó sin lugar su solicitud de apelación y ratificó la decisión del Tribunal Quinto en audiencia preliminar, de desestimar el delito de simulación de hecho punible.

El 11 de agosto del año pasado se conoció que la decisión del Tribunal cambió la calificación del delito a cinco funcionarios al no reconocerlos como coautores inmediatos del delito, sino como cómplices no necesarios del crimen.

Además la medida los deja en libertad bajo régimen de presentación mensual, mientras el responsable de disparar sigue preso.

Fue una desagradable noticia. Teníamos la esperanza de que la corte en Carúpano declarara con lugar nuestra apelación, pero hay cosas que uno quisiera cambiar y no puede. Lamentablemente, en este país, la corrupción está acabando con el sistema judicial”, dijo Ramírez.

La madre de la víctima no está de acuerdo con la decisión del Tribunal pues, en su opinión, los seis funcionarios deben permanecer detenidos por ser una ejecución extrajudicial.

“Ellos tienen que estar presos junto con el que disparó, porque cambiaron toda la escena del crimen y si no es por el video de seguridad del restaurante que salió a la luz, mi hijo Daniel hubiese quedado como un delincuente”, enfatizó.

Buena conducta

Daniel Lezama no tenía antecedentes policiales, era querido tanto por su familia como por la comunidad. 

Se destacó como promotor cultural de la Alcaldía del municipio Andrés Eloy Blanco y participaba activamente en la organización de la fiesta de la Virgen del Valle. Siempre le gustaron los carros y andaba en los camiones de su padre, a quien perdió cuando tenía 18 años.

Llamado

A la fecha, los familiares no han sido notificados por el Tribunal sobre las decisiones tomadas y no se ha fijado nueva fecha para el inicio del juicio. 

La Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui con extensión en Sucre, Monagas y Nueva Esparta, a través de su cuenta en Instagram (@fddhhhanz), llamó la atención de los tribunales para que sea abierto el juicio debido a que hay un retardo procesal y de esa manera, se demuestre la culpabilidad de los funcionarios en el caso. 

El 10 de abril de 2022, en su cuenta de Twitter, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, confirmó que los funcionarios del Cicpc que participaron en el crimen fueron imputados por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, así como uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.

A solicitud fiscal fue acordada por el tribunal de la causa medida privativa de libertad. Estos funcionarios ejecutaron en un restaurante de dicha entidad a Daniel Lezama”, informó el fiscal.

Por el caso el director nacional del Cicpc, Douglas Rico, precisó para aquel momento que fue un funcionario el que disparó y que estaba acompañado por los otros cinco.

La falta de información sobre la muerte de Lezama pareciera no ser distinto al de otras víctimas de letalidad policial.

Rafael José Hernández Ramírez, de 31 años, fue asesinado el 5 de julio de 2022, luego de sufrir torturas cuando se encontraba detenido en la Dirección de Investigaciones Penales (DIP), en Cariaco municipio Ribero, institución adscrita a la Policía Nacional Bolivariana (PNB). 

Familiares aseguran que no han recibido información sobre el estatus legal del caso.

Mi mamá, la que era pareja de mi hermano y yo fuimos a la Fiscalía Octava del Ministerio Público a denunciar el caso de abuso policial y la fiscal quedó en llamarnos para darnos información del caso, pero eso nunca ocurrió”, declaró Paola Hernández, hermana de la víctima.

Reconoció que por falta de recursos económicos, la familia no pudo contratar un abogado que hiciera seguimiento del caso.

“La fiscal aseguró que entrevistaría a los presos para que señalaran a los funcionarios responsables o de lo contrario, pagarían sentencia aparte, pero solo supimos que los trasladaron a Cumaná y la DIP sigue funcionando en Cariaco”, añadió Hernández.

La organización FundaRedes señaló que el Estado no investiga 98 % de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y quedan en la impunidad, una situación que genera angustia y desesperación en las familias de las víctimas. 

Durante 2022, de acuerdo con el balance realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia en Sucre (OVV Sucre), en su Informe Anual Regional de Violencia, la tasa de muertes por intervención policial (MIP), en el estado Sucre fue de cuatro víctimas por cada 100.000 habitantes.

Con ello, la entidad oriental no se aleja de la tasa nacional que según el informe nacional del OVV fue de 4,7 muertes por cada 100.000 habitantes (1240 victimas), en todo el país y con ello, ocurrieron 3,39 muertes por la acción policial o militar cada día; 23,8 cada semana y 103 cada mes.

Plan Nacional 

Daniel Ramírez Herrera, defensor público general militar, visitó recientemente Cumaná para anunciar que los reclusos con entre cinco y ocho años de prisión por delitos menores, podrían optar por una medida alternativa de cumplimiento de pena que les permitiría estar bajo libertad condicional.

La medida no aplicaría para las personas que son juzgadas por delitos graves. 

Sin embargo, deben cumplirse algunos requisitos como someterse al informe psicosocial que constituya una opción favorable para su reinserción en la sociedad. Consignar una oferta laboral, que no tenga antecedentes penales y no haya sido sometido a un nuevo juicio, mientras estuvo preso.

En opinión del abogado penalista Armando López Allen, el Estado debe invertir en materia de justicia.

El Plan Cayapa procesalmente no existe, no aparece en el Código Orgánico Procesal Penal, sino las medidas alternativas de cumplimiento de pena, cuando el privado de libertad tiene cierto tiempo y le corresponden unos beneficios en eso se debería ahondar”, dijo.

Como profesional del derecho, no comprende las razones para que se permanezcan los retardos procesales cuando transcurren más de 45 días de investigación, para que se adelante una audiencia preliminar y luego pasan meses esperando. 

Denunció que la desaparición del sistema (Yuri), en el que los abogados de libre ejercicio podían enterarse en los distintos Circuitos Judiciales Penales del estatus de sus causas, ahora deban llamar al aguacil de enlace para tener acceso a los expedientes y aliviar el retardo procesal.

“Sin duda tenemos un problema de falta de inversión en materia de justicia porque los Tribunales no cuentan con material de trabajo, ni con papel o impresoras y los abogados tenemos que llevar hasta el pendrive y todo eso genera un retardo”, aseveró. 

Sobre los casos de letalidad policial, el especialista señaló que existe la Fiscalía de los Derechos Fundamentales para denunciar los casos de abuso policial y es necesario ahondar en las razones por las cuales no se cumplen las investigaciones de rigor.

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