Los firmantes del Acuerdo Forestal en la COP26 deben adecuar sus políticas a los objetivos del acuerdo para lograr resultado.
(30-11-2021). Más de 100 países han adoptado la Declaración sobre los Bosques y el Uso de la Tierra de los Líderes de Glasgow para detener y revertir la deforestación y la degradación del suelo para 2030, según se anunció el 2 de noviembre en la cumbre global sobre el clima COP26. Dado que la deforestación es la segunda mayor causa de emisiones de gases de efecto invernadero y está asociada con numerosas violaciones de derechos, esta es una noticia auspiciosa.
No es la primera iniciativa de ese tipo, y si bien en acuerdos anteriores se adhirió a los mismos objetivos, los países implicados en general no los han cumplido. Lo que sí es totalmente novedoso en la Declaración de Glasgow es el número de signatarios. La lista incluye a los países que más responsabilidad han tenido en la deforestación global ya sea como productores o consumidores de commodities agrícolas y madera, entre ellos Brasil, China, países miembros de la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos.
Si bien es un paso en la dirección acertada, hay un abismo entre el compromiso que han asumido estos países en la COP26 y sus políticas.
Por ejemplo, en ninguna de las principales economías del mundo hay en la actualidad leyes sólidas para restringir la importación de productos agrícolas que contribuyen a la deforestación global, si bien hay señales de avances en esta dirección en la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos. Pero sigue quedando afuera China, cuyas importaciones de commodities agrícolas generan una cuarta parte de la deforestación global total asociada con el comercio.
Muchos de los países que poseen los recursos forestales más vastos del mundo también distan de tener prácticas ejemplares.
En el este de Rusia, la mala gestión y el clima más cálido permitieron que los incendios se descontrolaran este año y quemaran millones de hectáreas de bosques boreales, lo cual activó el estado de emergencia en las localidades asfixiadas por el humo. La tala ilegal es una práctica extendida.
En Brasil, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha saboteado el control del cumplimiento de las leyes ambientales y se ha expresado públicamente a favor de actividades de tala, minería y otros grupos que explotan ilegalmente los recursos de la Amazonia. También ha promovido iniciativas para socavar los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios, que están entre los bosques más protegidos de la Amazonia.
En la República Democrática del Congo, el ministro de Medioambiente ha propuesto terminar con una moratoria sobre la tala que tuvo como propósito controlar la explotación ilegal de la segunda selva tropical más grande del mundo. El gobierno ha adjudicado numerosos contratos que parecen transgredir esa moratoria. Esta decisión podría dar luz verde a las empresas de tala, que podrían pedir concesiones incluso mientras los pueblos indígenas siguen aguardando que se adopte un marco legal en el país que reconozca sus derechos sobre territorios tradicionales.
En Indonesia, se han logrado avances notables en los últimos años para contener la deforestación; sin embargo, se espera que la implementación de nuevas leyes que debilitan las reglamentaciones ambientales tengan un impacto negativo en la deforestación y los conflictos sobre tierras, entre otras cosas, al debilitar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios.
A fin de cerrar la brecha entre compromisos y realidad, el Reino Unido debería trabajar con los signatarios para adoptar un plan de implementación que incluya objetivos intermedios y mecanismos de seguimiento que permitan interpelar a todas las partes para que demuestren resultados, con rapidez. Y debería dar el ejemplo adoptando una ley rigurosa en el país que restringa las importaciones de productos agrícolas originados en la deforestación o asociados con violaciones de derechos. Hay mucho trabajo por delante.
