Representantes indígenas, sociales y políticos piden al Gobierno de Perú que no promulgue ‘ley anti-ONG’
Fuente: es.globalvoices. – Este artículo fue originalmente publicado en IFEX, un medio aliado de Global Voices. Fue actualizado con noticias recientes de abril 2025 por Global Voices.
El congreso de Perú aprobó el 12 de marzo 2025 una controvertida ley que ha sido denunciada por la sociedad civil de toda la región por su inconstitucionalidad, dado que viola las libertades de asociación, de pensamiento y de participación política. La ley fue aprobada con el pretexto de fortalecer la fiscalización de los fondos internacionales recibidos por organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta ley aún debe ser promulgado por el poder ejecutivo.
Representantes indígenas, sociales y políticos están pidiendo al Gobierno de Perú que no promulgue esta ley. Alertan que esta reforma “perjudicaría el apoyo a las poblaciones más pobres y limitaría el trabajo de organizaciones que denuncian abusos y defienden a comunidades vulnerables” y que afectaría “crucialmente el apoyo en temas como medio ambiente, inclusión social, salud y gestión de riesgo de desastres”.
La reforma modifica el marco jurídico de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), organismo estatal con competencia en la materia, otorgándole amplios poderes para controlar y sancionar a las ONG que reciben asistencia internacional.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también rechazó públicamente la ley. Alertó que la intrusión propuesta por la reforma es incompatible con el carácter privado de las ONG en el marco constitucional de Perú y que se parece mucho a leyes promulgadas por regímenes autoritarios en otros países de América Latina. Esta “ley establece un control propio de un régimen policíaco”, se afirmó desde el IPYS. Conforme a esta ley, se podría cancelar el registro de una ONG si se determina que ha cometido actos de definición vaga que afecten al “orden público, seguridad ciudadana, defensa nacional y orden interno”. Asimismo, la ley clasifica a todas las ONG, sin distinción, de entidades obligadas dentro del Sistema Nacional de Prevención del Lavado de Activos.
Si bien la letra de la reforma se centra en el abuso de fondos, el IPYS alertó que el propósito subyacente no es la rendición de cuentas financiera sino el control ideológico y político de la sociedad civil.
La promulgación de esta ley se da en el marco de un ambiente crecientemente hostil hacia la libertad de prensa en Perú. Tras una misión de determinación de hechos que realizó al país, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó preocupación sobre el “serio deterioro” de las libertades de prensa y de expresión en el contexto de persistentes crisis políticas e institucionales de cara a las elecciones generales de 2026.
La delegación de la SIP constató una creciente hostilidad hacia los medios independientes, la persecución judicial a periodistas críticos y el uso sistemático de desinformación y ataques en redes sociales, que contribuyen a generar un clima adverso para el ejercicio de la profesión y socavan el derecho del público a estar informado.
En enero, el periodista Gastón Medina fue asesinado en la región de Ica. La falta de avances significativos en la investigación, así como las denuncias de que las autoridades habrían intentado impedir la cobertura periodística del crimen, reflejan un patrón de impunidad, pero también son una muestra patente de la escalada de violencia.
