Fuente: Raúl Cubas, Coordinador Odevida Capítulo Venezuela Sin ninguna duda que el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia ha generado muchas expectativas en Venezuela, y por supuesto las organizaciones sociales y de derechos humanos que en los últimos años hemos venido denunciando las consecuencias del cierre de las fronteras entre nuestros países esperamos que nuestras denuncias y propuestas sean consideradas por ellos.
Entre las consecuencias más nefastas que han sufrido las poblaciones ubicadas en los más de 2.200 kilómetros de frontera, que como puntos y rayas nos separan artificialmente, destacan: el incremento del costo de la vida generado por el contrabando de mercancías y gasolina; el sometimiento de la población al control y extorsión de los grupos irregulares de delincuentes y guerrilleros, dueños de los pasos por las “trochas” con la complacencia y anuencia de las autoridades migratorias y militares; el aumento de la violencia generado por la presencia en ambos lados de la frontera de efectivos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las denominadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que mantienen enfrentamientos entre ellas y, últimamente, también con las fuerzas militares venezolanas en el estado Apure; el calvario que sufren los migrantes venezolanos en su afán de cruzar para Colombia en busca de quedarse o transitar hacia un tercer país que los acoja; y también el desamparo en que viven los colombianos residentes o refugiados, al estar cerrados los consulados por tanto tiempo.
La presencia guerrillera colombiana en Venezuela es un diagnóstico compartido por organizaciones de la sociedad civil colombianas y venezolanas. El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), en un reciente informe titulado “Transitar y habitar la frontera colombo-venezolana, una geografía violenta en Norte de Santander y Aragua”, afirma que: “hoy la frontera Colombia-Venezuela está bajo el control del ELN y otras estructuras armadas ilegales, mandan más y de manera más eficaz que las Fuerzas Armadas estatales, hay amplia evidencia de ello, que demuestra el control efectivo que tienen sobre el territorio”[1].
En este sentido, Alerta Venezuela[2] ha precisado que “la presencia del ELN del lado venezolano es de larga data. En los años 80 y 90 tanto el ELN como las FARC hacían frecuentes incursiones a territorio venezolano y asaltaban puestos militares fronterizos para abastecerse de armas. La frontera era usada como una zona de aliviadero y abastecimiento, pero sin mayor presencia permanente. A partir de la llegada de Hugo Chávez al poder, cesaron los ataques a puestos militares por parte de los grupos guerrilleros colombianos, lo que hace presumir que su abastecimiento y resguardo ya no tenía que ser a la fuerza”.
Por su parte, el Odevida Capítulo Venezuela ha documentado que “desde el inicio de operaciones del Arco Minero del Orinoco (AMO) los actores responsables de la violencia vinculada a la minería en Bolívar y el estado de Amazonas son las fuerzas militares o policiales del Estado venezolano por acción u omisión; bandas de delincuentes denominadas «sindicatos» o «pranatos»; garimpeiros ilegales brasileños y miembros de las guerrillas colombianas, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Disidencias)”[3].
Ante esta realidad, la organización ambientalista Clima 21, afirma que “el problema de la violencia, la destrucción ambiental, la corrupción, el saqueo y la destrucción de las culturas indígenas no son problemas de un país, porque los delincuentes sin importar su supuesta ideología se mueven de manera libre por toda la región con extensas rutas criminales. Por lo que es un problema regional y debe ser enfrentado por todos los países si se quiere tener algún éxito”[4].
Está claro que la situación es muy compleja, que en su desarrollo intervienen intereses diversos y hasta contrapuestos que incidirán en que el gobierno colombiano logre el objetivo en Colombia de la Paz Total. Son más de 60 años de conflicto armado interno en los que la violencia ha reinado y todavía no ha sido derrotada. Este nuevo proceso de paz tiene muchos y poderosos enemigos al interior de Colombia. Según Jorge Mantilla, director de área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP): “el tema de minería ilegal, el tema deforestación, el tema extorsión, del cual tenemos muy poca información. Mientras eso no esté sobre la mesa y esté la posibilidad de desactivar o contener esas economías, pues lo que vamos a tener es un proceso de reciclaje […] va a ser muy difícil que pueda desactivarse, digamos, el fenómeno de la criminalidad organizada”[5].
Esta situación también es reconocida por la Fundación Paz & Reconciliación, quien afirma en un reciente trabajo publicado por la Línea Migración, Región y Frontera, que “Venezuela igualmente ha sufrido nuestro conflicto armado y no son pocas las acciones militares y de acción de las guerrillas colombianas en su territorio y, al igual que Colombia, el Estado venezolano ha perdido el control sobre partes de su territorio, donde han echado raíces las guerrillas colombianas y hoy se mantiene de manera autónoma el ELN, en un entramado de control de recursos y capacidad de subordinar a unos corruptos funcionarios o de imponerse sutil y efectivamente”[6].
Ante la reciente propuesta del presidente Gustavo Petro de que Maduro sea garante de las negociaciones de paz que su gobierno prevé reiniciar en las próximas semanas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), del lado venezolano surgen dudas razonables sobre sus resultados. Para que Maduro sea un genuino e independiente garante de las negociaciones por la Paz Total en Colombia, debería, en principio, reconocer públicamente la presencia del ELN en el territorio nacional y comprometerse a plantear que el desalojo de los miembros de las guerrillas colombianas serán parte del acuerdo final con esas organizaciones.
La activista venezolana de derechos humanos, Ligia Bolívar, coordinadora general de Alerta Venezuela, destaca varios aspectos coincidentes con el planteamiento anterior ante la propuesta del gobierno neogranadino: “primero, que esto abre una oportunidad importante desde una perspectiva venezolana, en el sentido de que el presidente Nicolás Maduro podría retomar a través de sus representantes las negociaciones con la oposición venezolana en México; segundo, que la negociación con el ELN debe pasar por la determinación de su presencia en Venezuela , debido a que es un factor que afecta a la población venezolana en diferentes ámbitos; y tercero, que estas negociaciones no solo deben ser en función de un cese del conflicto en la relación con el Estado colombiano, sino también de las consecuencias que ha tenido la presencia del ELN en Venezuela”[7].
Esta es la realidad fronteriza que deben enfrentar y dar una adecuada respuesta los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Hay ciertamente una oportunidad para que Venezuela contribuya para que en Colombia la política de Paz Total sea una efectiva realidad y para que Venezuela se beneficie de un acuerdo para el retiro definitivo de los grupos guerrilleros colombianos del territorio nacional, y también logremos la paz en los territorios donde estos están asentados.
Finalmente, para que esta propuesta tenga éxito en ambos lados de la frontera, es necesario que las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos de ambos países y la comunidad internacional sean convocadas para ser observadoras y facilitadoras del proceso de Paz Total, para de esa manera apoyar un proceso que finalmente beneficie a las poblaciones indígenas, campesinas y urbanas, que son y han sido las víctimas de este largo conflicto armado interno.
En otras palabras, los y las “nadies” de ambos lados de la frontera queremos ser parte de este proceso de Paz Total y por eso ya estamos trabajando en función de construir una Agenda Binacional que contribuya dándole voz a las víctimas.
