Por María Alejandra Silva/Caleidoscopio Humano
(25-04-2023) En 2007, los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declararon que cada 25 de abril sería conmemorado como el Día Mundial del Paludismo, con el objetivo de poner de relieve la necesidad de invertir continuamente en la prevención y el control de la enfermedad de la malaria.
El paludismo o malaria es una enfermedad producida por parásitos, que mata al año entre 700.000 y 2.700.000 personas, de los cuales más del 75 % son niños en zonas endémicas de África.
La mayoría de los contagios se producen por picaduras de mosquitos. Cada año se presentan 396 millones de casos de paludismo, según la OMS.
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De acuerdo con reportes de la OMS, entre 2017-2018 Venezuela representó el 34 % de casos de malaria a nivel del continente latinoamericano, una enfermedad que había sido controlada en el país desde 1965.
El Informe Mundial sobre la Malaria de 2020 calculó que en Venezuela los casos habían incrementado 1200 % entre 2000 y 2019. Y solo en las dos primeras semanas de 2022, la Organización de Naciones Unidas (ONU) diagnosticó 2.796 casos de malaria en todo el país.
La doctora María Eugenia Grillet, profesora titular e investigadora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela, en entrevista con América Futura, explicó en 2022 que existen factores para el incremento de los casos de la enfermedad:
“Lo primero fue que los programas de control de malaria dejaron de funcionar. Disminuyó el acceso a los medicamentos contra la malaria y a las herramientas para el control de vectores. Luego, por la situación política y económica del país, muchos se fueron a trabajar a las minas de oro, al sur de Venezuela, afectando y modificando el paisaje, abriendo caminos a través del bosque y deforestando”, alertando la violación de derechos fundamentales como el acceso a la salud, medicamentos y control de enfermedades por parte del Estado venezolano.
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Según una investigación realizada por Grillet e Isabel Fletcher, doctora graduada de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Reino Unido, es en el estado Bolívar, por ejemplo, donde se han identificado los focos de minas (2.460, que representan el 96 % de las que hay en todo el país), la malaria aumentó entre 1996 y 2016: 1.609 % para P. falciparum y 2.986 % para P. vivax.
En enero de este año, el gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, informó que se habían detectado 89 casos de malaria en el municipio indígena Río Negro, y que ya están siendo atendidos por personal sanitario, en su mayoría eran personas de la comunidad indígena Yanomami.
En ese momento, la ONG Fundaredes denunció a través de redes sociales que la situación se debía al “uso indiscriminado de mercurio en la explotación minera y la falta de políticas públicas efectivas por parte del Estado que garanticen el derecho a la salud”.
Añadiendo que “destacamos la ausencia de datos oficiales para conocer la realidad epidemiológica del Arco Minero del Orinoco (AMO) y, por consiguiente, la cantidad de personas afectadas por diferentes patologías como paludismo, sarampión, difteria, dengue, entre otras afecciones”.
La OMS señaló en diciembre pasado, en su informe global sobre malaria, que Venezuela, encabeza la lista de países con mayor número de contagios, demostrando esto la falta de políticas de salud pública del Gobierno y la vulneración al derecho a la vida y a la salud.
