El encarecimiento de los productos, insumos y servicios, durante el mes de agosto, es el más alto desde julio 2021 cuando se registró una inflación del 16,7%
Emmanuel Rivas/Caleidoscopio Humano
(06-09-2022) El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) informó en su reporte mensual, que la inflación en Venezuela durante el mes de agosto, se ubicó en 17,3 %. Muy por encima del 5,3 % reportado en julio. De acuerdo con los datos del OVF, es la cifra mensual más alta desde julio de 2021 y la atribuyen al aumento que registró el dólar en las últimas dos semanas del mes.
Destaca el OVF que la inflación interanual se ubica en 153 %, mientras que, la acumulada durante el 2022, llegó al 90 %.
El observatorio de finanzas además señaló que el valor de la canasta alimentaria alcanzó los US$ 371, mostrando un aumento de 21,66 % respecto al año anterior y una disminución de 5,23 % respecto a julio de 2022. Todo esto, mientras el salario mínimo integral disminuyó de 41 $ en marzo cuando fue anunciado, a 21 $ al finalizar agosto. El salario mínimo apenas cubre el 4,3 % del valor de los alimentos requeridos.
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Entre los rubros que mostraron mayor variación de precio, destacan:
Vestido y calzado (23,9 %), esparcimiento (23,6 %), bebidas alcohólicas y tabaco (22,7 %), restaurantes y hoteles (22,6 %), educación (22,2 %), bienes y servicios diversos (22,1 %), alquiler de vivienda, (20,9 %), salud (20,1 %), transporte (19,5 %) y alimentos y bebidas no alcohólicas (15,6 %).
Por su parte, los sectores con menor incremento fueron: Servicios de comunicación (9,4 %), equipamiento del hogar (8,0 %) y servicios (4,8 %).
Los Desca son los más vulnerados
El poco poder adquisitivo de las personas en Venezuela, y la inacción del Estado por crear las condiciones económicas y sociales, deja en una mayor vulnerabilidad la garantía de derechos tan importantes como la alimentación, salud y educación.
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Una persona que gane un salario mínimo, no pueden satisfacer, de manera adecuada, sus necesidades básicas. Lo mismo ocurre con las personas mayores, quienes, con una pensión o jubilación, no pueden cubrir su alimentación, salud o medicamentos.
Esto corresponde a una vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que, además, acentúa las brechas de la pobreza existentes en el país.
