Los relatores sobre libertad de expresión de la ONU y OEA, Irene Khan y Pedro Vaca, convinieron en la necesidad de incrementar el trabajo de monitoreo y visibilización de la situación de las comunicadoras sociales
(05-09-2022) Los relatores sobre libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos se comprometieron a aumentar sus esfuerzos para proteger a las periodistas venezolanas en un contexto de hostigamiento, represión y censura contra la prensa.
Luego del evento Libertad de Expresión en Venezuela. Estado de situación y líneas de acción, realizado el pasado 2 de agosto, los relatores sobre libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Irene Khan y Pedro Vaca, convinieron en la necesidad de incrementar el trabajo de monitoreo y visibilización de las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, y en particular sobre la situación de las mujeres periodistas.
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En un comunicado fechado el 30 de agosto y publicado este viernes, Khan y Vaca condenaron, una vez más, los ataques contra la prensa independiente venezolana e instaron, de nuevo, a las autoridades a respetar el derecho a la libertad de expresión.
“Expresamos nuestra particular preocupación por la situación de las mujeres periodistas quienes también deben enfrentar obstáculos estructurales en su ejercicio de la libertad de expresión, incluida la violencia de género”, señalan.
En mayo de este año, la ONG Espacio Público, difundió un reporte sobre violencia digital de género en Venezuela que relata tres casos de ataques en redes sociales a comunicadoras (periodistas o no) mujeres.
Acciones a tomar con enfoque de género
Los relatores para libertad de expresión de la ONU y la OEA acordaron:
- Monitorear de cerca y sensibilizar sobre las restricciones a la libertad de expresión, particularmente a la libertad de prensa en Venezuela, con especial consideración al hostigamiento y persecución de trabajadores de medios y medios de comunicación independientes, utilizando un enfoque de género.
- Usar los mecanismos internacionales para proteger a la prensa venezolana, en particular a las mujeres periodistas.
- Monitorear el impacto del marco regulatorio restrictivo y regresivo, así como las prácticas que afectan el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y acceso a la información, incluso en el espacio digital, y abogar por la modificación de las leyes de conformidad con los estándares internacionales.
- Fortalecer los medios, incluso brindando apoyo internacional para el periodismo independiente y plural, incluidas iniciativas que fomenten la participación de las mujeres en el entorno de los medios.
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Situación venezolana no mejora
Los relatores resaltan que la labor de la prensa libre es esencial para el fortalecimiento de la deliberación pública, un espacio donde los periodistas, comunicadores, trabajadores de los medios de comunicación independientes, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos tienen un rol central.
Consideran especialmente preocupantes las limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela, “marcadas por el hostigamiento y persecución a voces disidentes”, así como las “medidas restrictivas en el espacio digital a través de cortes injustificados de internet y bloqueos de contenido contra medios independientes”.
Khan y Vaca condenaron el uso del derecho penal en contra de los medios y los periodistas, sustentado en instrumentos jurídicos como la Ley contra el Odio que establece penas de hasta 20 años de cárcel para quien difunda información considerada “intolerante” por la autoridad de turno.
“Dicha ley también otorga a las autoridades mayores potestades legales para bloquear contenido digital que se considere contrario a sus estándares”, alertan.
132 denuncias entre enero y abril de este año
De acuerdo con el más reciente informe de la ONG Espacio Público, entre enero y abril se registraron 132 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela: 24 casos en enero, 19 en febrero, 20 en marzo y 6 en abril.
El hecho se registró la noche del 10 de enero de este año y los responsables, dice Espacio Público, serían grupos armados que operan en la zona. Urbina era director de la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM y días antes del asesinato había alertado que había recibido amenazas por sus denuncias sobre la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana en Puerto Páez.
