La organización venezolana Caleidoscopio Humano (CH) llamó a más acciones del Estado para combatir el trabajo infantil en el país, un fenómeno que se ha incrementado por la crisis, provoca la deserción escolar y que la sociedad tiende a ver como normal
(09-07-2023) «Desde hace más de dos años estamos documentando casos de trabajo infantil, porque durante la pandemia [del covid-19] disminuyó el trabajo de la calle, pero sin embargo, vemos como después de la pandemia ha aumentado la deserción escolar”, dijo la directora de la organización no gubernamental (ONG) a la agencia Lusa.
Gabriela Buada Blondell explicó que la organización está «dando seguimiento» a este fenómeno y constata que «cada vez hay más niños y adolescentes trabajando, sobre todo en la calle», y advirtió que también es importante entender que hay una tendencia a «normalizar esto» de trabajar».
“Estamos en una emergencia humanitaria compleja, una crisis de derechos, los sueldos son de menos de cinco dólares mensuales, (equivalentes a 4,50 euros) y todos los miembros de la familia tienen que ir a trabajar. Es un fenómeno que está pasando, y que se está profundizando y empeorando, un fenómeno que vemos en las calles, en nuestra vida cotidiana”, dijo Gabriela Buada.
La directora de CH subrayó que “es importante entender que la migración forzada continúa y que cada vez más niños, niñas y adolescentes quedan al cuidado de sus abuelos, o se quedan solos y tienen que dejar la escuela para poder trabajar”.
“Esto está pasando, hay una especie de normalización, ir a un establecimiento y ver a un niño trabajando, desde pequeño, (…) esto tiene que ver con la cultura patriarcal y machista, que es bueno que las niñas aprendan a trabajar desde temprana edad», subrayó.
Por eso advierte que, a pesar de esta tendencia, el trabajo infantil “es una violación de los derechos humanos” y que “los niños deberían estar en la escuela, no trabajando”.
“El llamado no es a normalizar esta situación, a hacer caso; es a exigir políticas más ajustadas al Estado, para que se mejoren los salarios, se frene la emergencia económica y para que haya menos niños en esta situación”, dijo.
Consultada sobre las estadísticas, explicó que por el momento no tienen cifras comparativas, pero que desde la organización se está haciendo un seguimiento a través de MonitorDescaVe (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) en Caracas, Aragua, Anzoátegui, Mérida y Oriente.
“Los datos hay que compararlos, entonces estamos recopilando lo que pasó después de la pandemia y este año, para tener un reporte y números más tangibles, pero definitivamente hay un aumento que se está viendo a través del monitoreo”, explicó.
La directora de CH también explicó que la falta de energía eléctrica y de servicios públicos ha afectado no solo la salud mental, sino también la salud física de los niños, «es importante empezar a escuchar a los más pequeños», dijo.
También advirtió que en Venezuela hay casos de “prostitución infantil, de intercambio de alimentos por sexo”, documentados en los informes de 2020 y 2021 de la ONU y la Misión para la Determinación de los Hechos.
“En la región del Arco Minero del Orinoco [sur del país], hay casos de trata y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (…), pero también hay un silencio inminente, no solo de las autoridades, sino también de vecinos, de comunidades, por miedo”, explicó.
Según la directora de CH, “lo que no se habla no existe”, advirtió.
“No podemos seguir silenciando la voz de la gente, estos casos, estos rostros, fingiendo que no pasa nada y tapándolos con maquillaje superficial”.
“Hay prostitución infantil, hay trata y explotación [de personas], violaciones de derechos humanos contra personas LGBTQ+ [lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y transgénero], crímenes de odio, violaciones contra las mujeres (…) y el Estado no ha tomado conciencia de esto para capacitar a sus empleados, rescatar campañas de prevención, que son inexistentes en los medios, y, además, atender casos”, enfatizó.
Para Gabriela Buada, es fundamental «judicializar» los casos, sin discriminación, «para que las víctimas puedan tener confianza en el acceso a la justicia».
También explicó que las ONG y activistas de derechos humanos venezolanos están siendo “estigmatizados en los programas del Estado, perseguidos” y que en el país están tratando de imponer leyes que podrían poner en peligro el trabajo de estas organizaciones y la información de las víctimas que denuncian.
Caleidoscopio Humano está formado por una docena de periodistas, creativos y activistas que documentan casos de violaciones de derechos humanos para darles visibilidad.
