Por María Alejandra Silva/Caleidoscopio Humano

(07-03-2023) Hace algunos días fueron presentados los resultados del «Diagnóstico sobre el acceso a la justicia en Venezuela: Experiencias en Caracas y Guayana», investigación realizada por la Facultad de Derecho, el Centro de Derechos Humanos (CDH), el Centro de Clínica Jurídica y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). 

El trabajo se aproximó a la realidad de la defensa de los derechos constitucionales, a partir de los tipos de conflictos y los mecanismos de resolución, las autoridades reconocidas para resolverlos, las decisiones judiciales con impacto en el acceso a la justicia, las formas de corrupción y el contexto político.

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De acuerdo con el estudio, en Venezuela se encuentra expandido y operante el fenómeno de la informalización de las estructuras judiciales oficiales. Esto quiere decir que quienes son víctimas de algún delito acuden a sistemas paralelos de justicia (tales como pranes, colectivos o grupos armados irregulares), pues son más cercanos a las comunidades.

«Ahí hay un proceso de adaptación porque puedes saber que la ley dice que tienes que ir a la Defensoría de niños, al Ministerio Público o al Consejo de Protección, pero si has ido mil veces y nadie te atiende, nadie te responde o la respuesta es insatisfactoria, tocas la puerta y no pasa nada, entonces la gente termina resolviendo de otra forma», puntualizó la socióloga Carla Serrano, investigadora del IIJ y una de las integrantes del equipo responsable de este proyecto.

Niñas y mujeres en mayor desamparo

El diagnóstico arrojó que no hay estructuras adecuadas dentro del Estado para atender casos de conflictos en víctimas femeninas. Hay una alta rotación de funcionarios, de los cuales «la mayoría no están sensibilizados ni formados para comprender los procesos psicológicos de mujeres víctimas de violencia». La investigación también señaló que los módulos policiales cercanos a las comunidades tienen «serias deficiencias en la atención de casos».

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El estudio demostró que las personas no cuentan con la formación suficiente sobre la prevención de violencia basada en género.

“En los planes de estudio de los diferentes niveles educativos no se imparten conocimientos sobre prevención de la violencia basada de género; no se encuentran constituidos los equipos multidisciplinarios de distintos organismos, con personal especializado en el área; y baja credibilidad de las víctimas respecto al funcionamiento del sistema de justicia, lo cual conlleva a mucho escepticismo y frustración”, se lee en el informe.

La investigación detalló que en relación con niñas y adolescentes, en Caracas se mencionaron como frecuentes: experiencias de violencia en el noviazgo desde muy temprana edad; adolescentes criando a sus hermanos más pequeños, sin ser amparadas por ningún tipo de medidas de protección; los docentes de alguna manera debilitados y sin capacidad de incidencia en las familias ni de articulación con el sistema para la protección integral de NNA (Sipinna); y embarazos sin planificación durante la adolescencia y uniones tempranas forzadas con hombres adultos, “interpretados ilusoriamente como rutas de salida, a la situación de pobreza y privación en general, en la que se encuentran atrapadas, sumergidas”.

El derecho al acceso a la justicia es un derecho humano establecido en la Constitución Nacional que permite a los seres humanos poder hacer valer sus derechos de forma justa y equitativa ante la ley, sin prejuicio de discriminación por sexo, raza, edad o religión.

La investigación mostró que los venezolanos, especialmente las mujeres, adolescentes y niñas con menos recursos educativos y económicos, sufren de estigmatización, marginación y desigualdades, cuestiones sustantivas que los lleva a sufrir de forma dramática una pobreza de forma legal, que no les permite el alcance de una solución a sus conflictos a través de las instituciones de justicia.

Por su parte, la directora del Centro de Clínica Jurídica de la UCAB, Aura Janesky Lehmann, destacó que un pilar fundamental para mejorar las condiciones actuales es la educación, por lo que es importante dar a conocer los derechos y deberes ciudadanos, así como a qué organismos acudir en diferentes casos de violación de derechos.

 Entre las recomendaciones dadas por los especialistas se encuentran incrementar los procedimientos relativos al acceso a la justicia para la defensa y tutela de los derechos, y protección en caso de violencia contra mujeres y niñas; así como mejor acceso físico a servicios de justicia, en particular, a órganos receptores de denuncias de situaciones de violencia contra mujeres y niñas y la implementación de servicios de asesoría y acompañamiento.

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