La comunidad universitaria fue una de las principales víctimas en varias de las violaciones de derechos humanos que se denunciaron en el último informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, entre las que destacan detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En el tercer informe emitido el 20 de septiembre pasado, la Misión se focaliza en crímenes de lesa humanidad cometidos a través de personas vinculadas a los servicios de inteligencia en contextos para reprimir a opositores al Gobierno. También afirma que la situación de los derechos humanos en el país “sigue siendo grave”.
En cuanto a las víctimas, el documento ratifica que estudiantes universitarios y líderes estudiantiles fueron objeto de violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela.
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La Misión menciona la existencia de un plan para reprimir a los opositores al Gobierno, entre ellos “personas que trabajaban para organizaciones estudiantiles, así como líderes y lideresas estudiantiles” y que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) cometieron posibles crímenes de lesa humanidad.
“La Misión investigó casos que involucran a 90 víctimas, en los que el SEBIN arrestó, detuvo y sometió a personas a tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos y delitos entre 2014 y la actualidad”, puede leerse en el párrafo 57 del informe.
Los universitarios también figuran como víctimas de violación de derechos humanos en los dos informes anteriores emitidos por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas.
En ese sentido, de los casos documentados por la Misión en sus informes de 2020 y 2021, Aula Abierta constató que los universitarios fueron las principales víctimas en detenciones arbitrarias en el 47.8% de los casos documentados en el informe del 2020 y 13.5% de los casos documentados en 2021.
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En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, en el 45% de los casos documentados en 2020 y en el 50% de los documentados en 2021 los universitarios estuvieron entre las principales víctimas.
Con respecto a las desapariciones forzadas, estuvieron en el 25% de casos documentados en 2020, mientras que con tratos crueles, inhumanos y degradantes tenían el 53% de los casos documentados en 2020.
Ante el Consejo de Derechos Humanos
El informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela fue presentando ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU este 26 de septiembre, con la reacción de varios países, además de la participación de la activista Ligia Bolívar en un diálogo interactivo, quien habló en nombre de Alerta Venezuela, Aula Abierta y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Entre otras razones, Bolívar expresó la necesidad de renovar el mandato de la Misión, “para profundizar la investigación sobre las estructuras identificadas y sobre el impacto de grupos armados irregulares que actúan con anuencia o complicidad de las autoridades”. Asimismo, pidió la liberación del profesor universitario Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien se encuentra detenido desde hace más de 450 días, mientras su salud se deteriora de manera preocupante.
Entre los países que denunciaron torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, además de la persecución y ataques contra la sociedad civil, estuvieron Australia, Ecuador, Suiza, Irlanda y Bélgica.
La delegación suiza tomó la palabra para afirmar: “Condenamos las torturas y violencia sexual, llamamos a cesen estas acciones. Insistimos en la reparación de las víctimas”. Mientras tanto, Ecuador pidió que cesaran “los actos de persecución contra disidentes” y que se garantizara “la labor de la sociedad civil”.
“Nos preocupa la persecución y detenciones arbitrarias de la sociedad civil. Llamamos a la liberación de las personas detenidas, en especial a periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y personas indígenas”, dijo la delegación de Irlanda, refiriéndose precisamente a casos como el de Tarazona.
Que siga la Misión
Cabe recordar que desde septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó esta Misión para que investigara las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014; con el fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas.
Aula Abierta forma parte de las más de 100 organizaciones de las sociedad civil que piden la renovación del mandato de la Misión, puesto que es necesaria para seguir evidenciando ante el mundo las violaciones de los Derechos Humanos a las que está expuesta la población venezolana y especialmente activistas, periodistas y comunidad universitaria, entre otros grupos vulnerables.
Vale destacar que entre los miembros de la sociedad civil que piden la renovación de la misión, están los padres de Juan Pablo Pernalete, un estudiante universitario asesinado durante las protestas de 2017. “La misión es la voz que no tenemos en Venezuela”, dijeron los padres de Pernalete durante una rueda de prensa.
