
(26-09-2022) Hacia finales del año 1777, la corona española, dueña de la mayor parte de las tierras del nuevo mundo, decide separar la entonces Capitanía General de Venezuela del Virreinato de la Nueva Granada, con una frontera imprecisa y poco detallada.
La unificación de Colombia, el gran sueño de Miranda, luego de Bolívar –y de otros tantos en los siglos siguientes–, hizo de la frontera entre la Nueva Granada y Venezuela un tema poco relevante, pues eran ambas provincias parte del gobierno grancolombiano.
Sin embargo, la sed de independencia y libertad que llevó a las ex-colonias a liberarse del yugo español, empujó también a las provincias de la Gran Colombia hacia la emancipación de sus territorios. Así lo hizo Venezuela en 1829, y Ecuador en 1830.
En un contexto geopolítico donde la Nueva Granada y Venezuela eran ahora naciones independientes, el tema fronterizo comenzó a ser un problema para los gobiernos de ambas naciones.
Un primer acercamiento de cooperación ocurrió en 1833, cuando el representante venezolano Santos Michelena y el colombiano Lino de Pombo, firmaron el primer tratado internacional entre Bogotá y Caracas.
Ese tratado, y la larga lista de instrumentos legales que le precedieron en las décadas posteriores, no lograron satisfacer las necesidades que las jóvenes repúblicas tenían en relación al territorio que reclamaban como suyo. Es por ello que se decide recurrir a intermediarios internacionales.
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Así pues, el 16 de marzo de 1891 se firmó, en Madrid, el Laudo Arbitral de la Reina María Cristina de España, que definió la soberanía de buena parte de los territorios disputados. Este esfuerzo, junto al de expertos suizos que colaboraron en el proceso, tampoco fue suficiente para las élites políticas de turno.
Un siglo y una década después de la disolución de Colombia, los Ministros de Relaciones Exteriores de los dos países firmaron el Tratado de Demarcación de Fronteras y Navegación de los ríos comunes entre Colombia y Venezuela, que pasaría a la historia como el instrumento legal más importante en materia fronteriza colombo-venezolana.
La frontera, ahora mayoritariamente delimitada, siguió siendo escenario de grandes disputas, debido al surgimiento de grupos irregulares de criminales, narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros que aprovechaban la poca supervisión para delinquir.
El Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) y la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC), encontraron en la frontera un refugio desde donde planificar atentados, ataques, secuestros y demás crímenes.
La opulencia de la Venezuela del siglo XX convirtió a la frontera en un gigantesco puente que millones de colombianos cruzaron para huirle a la violencia, la guerra y al hambre.
La llegada del chavismo al poder, sin embargo, no solo dificultó la relación con Colombia, sino que permitió el acercamiento de diversos sectores armados de la oposición colombiana al gobierno venezolano.
Desde hace poco menos de una década, la relación entre Caracas y Bogotá ha estado marcada por el conflicto perenne, la violencia armada, la corrupción, y la negación al diálogo. Además, agudización de la crisis en Venezuela ocasionó un éxodo migratorio de venezolanos, que, en buena medida, ha acogido Colombia.
La situación llegó a un punto de quiebre cuando, en agosto de 2015, un componente militar venezolano fue atacado cerca de la frontera. Ese mismo día, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó estado de excepción por sesenta días en cinco municipios de Táchira y ordenó el cierre de la frontera.
Al día siguiente, más de mil militares venezolanos se encontraban resguardando los pueblos fronterizos, bajo la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP). Tres días más tarde, empezó la deportación masiva de ciudadanos colombianos de Venezuela.
Con la frontera cerrada, miles de colombianos se vieron obligados a atravesar el río Táchira para llegar a Colombia, dejando atrás a sus familias, amigos, y empleos. El Estado colombiano de inmediato exigió respeto para sus ciudadanos, pero el gobierno venezolano ignoró el llamado de atención.
Poco menos de un mes después, Maduro ordena el cierre del paso fronterizo por la Alta Guajira, aislando aún más la conexión con el vecino país.
Paralelo a estos sucesos, la crisis humanitaria en Venezuela alcanzó niveles nunca antes vistos, lo que empujó a centenares de personas a exigir por la fuerza el paso hacia Colombia, enfrenándose a efectivos de la guardia nacional en el proceso. Llegar a Colombia significaba abastecerse de alimentos y medicinas que en Venezuela no podían encontrar.
A pesar de las protestas, del aumento de migrantes venezolanos por tierra –vía trochas– hacia Colombia, y de los esfuerzos de la comunidad internacional, Bogotá y Caracas mantuvieron la frontera cerrada por casi un año.
En agosto del 2016, la frontera fue abierta progresivamente y comenzó un período de relativa calma que terminaría en 2019, cuando el reconocimiento colombiano al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y el consecuente apoyo para el acceso de la ayuda humanitaria en territorio venezolano, llevaron al gobierno de Maduro a romper de raíz las relaciones diplomáticas con Colombia.
Esta situación ha sumido en la pobreza a millones de venezolanos, que usaban a Colombia para conseguir alimentos, servicios médicos de calidad y medicinas a menores costos que los encontrados en Venezuela.
El cierre de la frontera no solo viola el derecho a la libre movilización, sino que interrumpe el derecho a la salud, a la alimentación y a la vida, en un contexto donde el Estado venezolano se niega a garantizarlos.
Tras la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, las relaciones entre ambas naciones parecen haber vuelto a instaurarse, las embajadas abrieron sus puertas y se estima que los pasos fronterizos peatonales, de carga, aéreos y marítimos abran progresivamente.
La frontera de Venezuela con Colombia es la más larga que tienen ambos países, genera ingresos para millones de personas y su apertura disminuye el tráfico ilegal y la migración irregular. Sin dudas, la incipiente paralización del conflicto entre Caracas y Bogotá es un alivio para ambos pueblos, que llevan cerca de una década separados por intereses políticas que le hacen daño a las personas.
Fuentes:
- France 24.
- La Opinión.
- Swiss Info.
- Voz de América.