Sindicatos

Más de 50 gremios y ONG de Venezuela exigieron el cese de las medidas contra la libertad sindical

Consideran que la detención de los sindicalistas Daniel Romero y Leandro Azócar “muestra una vez más el claro patrón de persecución sindical que desde hace años ejecuta el Gobierno venezolano”

Infobae

(20-06-2023) Un total de 51 gremios y ONG de Venezuela exigieron este jueves el cese de “políticas y medidas que afectan” a la libertad sindical y al derecho de asociación, y pidieron la liberación de dos sindicalistas detenidos el pasado domingo en el estado amazónico de Bolívar (sur), luego de exigir mejoras laborales en la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor).

“Solicitamos a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas exhorte al Gobierno (a) que cese las políticas y medidas que afectan el derecho de asociación de los trabajadores, el ejercicio de libertad sindical y se abstenga de seguir usando el sistema de justicia como instrumento de represión contra el movimiento sindical”, dijo el grupo en un comunicado difundido por la ONG Provea.

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Los firmantes de este escrito, entre quienes están también 18 dirigentes gremiales, consideran que la detención de los dos sindicalistas, identificados como Daniel Romero y Leandro Azócar, “muestra una vez más el claro patrón de persecución sindical que desde hace años ejecuta el Gobierno venezolano”.

Se trata, prosigue el texto, de “una política de Estado que abarca múltiples acciones con el objetivo de debilitar y disminuir la capacidad de acción de los trabajadores del país para defender sus derechos”.

El grupo afirmó que, en lo que va de año, 21 trabajadores de Sidor han sido sometidos a procesos penales “por el solo hecho de exigir sus derechos laborales”.

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En este sentido, reiteraron la exigencia de “libertad plena” para los dos sindicalistas detenidos, además del “cierre de todos los procesos penales contra trabajadores que ejercen su legítimo derecho a la protesta”.

Este miércoles, un grupo de activistas y ONG exigieron frente a la sede del Ministerio Público (MP/Fiscalía) su intervención para “cumplir las garantías democráticas” de los trabajadores de la estatal detenidos, cuyo paradero es desconocido hasta el momento según las ONG locales.

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