En Venezuela, el gobierno vulnera constantemente la dignidad de las mujeres y, a pesar de pregonar ser un gobierno feminista, no garantiza los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) de millones de mujeres
Yennifer Calvo Bello/Caleidoscopio Humano
(19-03-2023) El gobierno de Venezuela ha pregonado, desde los tiempos de Hugo Chávez, ser “profundamente feminista”, narrativa que ha continuado su sucesor, Nicolás Maduro, quien ha indicado en distintas oportunidades que su revolución se “volvió feminista”.
“(…) Y lo he dicho. Y lo digo. Sin la verdadera liberación de la mujer, sería imposible la liberación plena de los pueblos y soy un convencido de que un auténtico socialista debe ser también un auténtico feminista”, escribió Hugo Chávez en marzo de 2009.
Si bien dentro del ajedrez político han incorporado algunas mujeres en cargos de poder, este interés por el empoderamiento y bienestar de las féminas parece quedar solo en eso, en una estrategia política y mediática.
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La realidad es que la “revolución feminista” no incluye, ni beneficia a las trabajadoras del sector público, maestras, profesoras universitarias, enfermeras, doctoras, jubiladas, pensionadas, estudiantes, madres, amas de casa y cuidadoras, es decir, a la mayoría de las venezolanas.
El verdadero empoderamiento de la mujer comienza por la garantía de sus derechos elementales, pero en Venezuela el Estado viola de forma continua y sistemática los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) de las mujeres, así como también el derecho a una vida digna y libre de violencia machista.
Un análisis realizado en el mercado laboral venezolano por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que, en Venezuela, las mujeres ganan alrededor de 21,79 % menos que los hombres.
Una mujer que, además de enfrentarse a la desigualdad y a las brechas salariales, debe sobrevivir con uno de los salarios más bajos de la región, o estar sobre exigida con múltiples empleos, que limitan su calidad de vida y su tiempo en familia, no es una mujer protegida por el Estado.
Un bono como el otorgado el pasado 10 de marzo a través de la Plataforma Patria, además de excluyente para quienes no poseen carnet de la patria, es insuficiente para enfrentar la inflación del país.
Con el subsidio de 96 bolívares o 3,97 dólares, calculado a tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) del 14 de marzo, a las mujeres venezolanas no les alcanza ni para un paquete de tampones, cuyo costo en una red de farmacias del país, es de Bs. 97.30.
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Cuando mucho, podrán comprar 30 toallas sanitarias, si no escogen las marcas más costosas o con especificaciones más especiales.
Mientras que si hablamos de alimentos, el bono Mujer Venezuela no les permite comprar ni un kilo de queso duro o un cartón de huevos, de acuerdo con los precios reportados por el Observatorio Venezolano de Finanzas para la semana número 10 del año.
Trabajadora del sector educación: “El tiempo para compartir con la familia ya no existe”
“Hoy en día aquí en Venezuela no se trabaja ocho horas, aquello que habíamos conquistado, es historia. Ahorita el trabajo en Venezuela es de 12 y 14 horas. Se olvidaron de los días de descanso, mucha gente trabaja de domingo a domingo, el tiempo para compartir con la familia ya no existe. Incluso en el sector privado, que llaman, no tienen una protección al trabajador porque darle un bono no compensa todo ese tiempo de desgaste y desprotección de la familia”, expresó Deyanira Romero, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (SinatraUCV), al equipo de prensa de Caleidoscopio Humano, durante una protesta de trabajadores registrada el pasado 20 de enero en la ciudad de Caracas.
Y es que la inflación venezolana, en constante ascenso, afecta de manera diferenciada a las mujeres, quienes además de cubrir los gastos típicos del hogar deben lidiar con los elevados costos de los productos de higiene menstrual, controles ginecológicos, gastos por concepto de arreglo personal -impuesto por los patronos en los lugares de trabajo- y, en muchos casos, deben encargarse solas de sus hogares y la manutención de los hijos o padres mayores.
De acuerdo con Gabriela Buada Blondell, directora de Caleidoscopio Humano, las mujeres venezolanas no solo cumplen con un empleo principal, sino que se ven en la necesidad de tener otros para poder subsistir.
Es por ello que aumentan las cargas horarias y, además, recae principalmente sobre ellas la responsabilidad del cuidado de la casa, de los hijos e hijas y de las personas mayores.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), la responsabilidad de apoyar hijos e hijas recae 78 % en las madres y solo un 4 % en los padres.
Sin acceso a la salud
Un Estado que no es capaz de garantizar la atención médica oportuna, adecuada y gratuita a mujeres, cuyos ingresos no les permiten acceder a la medicina privada ni para realizarse exámenes de rutina, es un Estado maltratador.
Wendy Liendo, administradora de 45 años, se dedica a vender comida, perfumes, carteras, entre otros artículos; además de trabajar como asistente desde su casa para poder sobrevivir. Recibe ayuda de su hijo para los gastos de la casa; sin embargo, el dinero no le alcanza para atender su salud.
“Hace un mes me realicé la mamografía, densitometría y citología, gasté cerca de 100 dólares en todo, pero para eso estuve reuniendo unos meses de poquito en poquito porque la prioridad siempre es la comida y los gastos de la casa, pero el dinero no alcanza, ¿qué más? Tengo que hacerlo, es mi salud, y en el hospital esperar una cita es un calvario. Ahora estoy comenzando a reunir otra vez porque debe verme el gastroenterólogo, a ver cuándo puedo ir”, expresó.
“No es justo vivir así, asustado, rezando porque no te pase nada, por no tener ninguna emergencia de salud, porque no tienes para ir a una clínica y los hospitales están colapsados y sin insumos”, añadió.
Como Liendo, muchas mujeres venezolanas se ven obligadas a postergar su salud y necesidades mínimas para poder alimentarse y cubrir los gastos del hogar.
Servicios públicos deficientes: otra barrera para las mujeres venezolanas
Cuando cientos de mujeres deben, a diario, acarrear agua para poder realizar las tareas del hogar o cuyos horarios laborales deben ajustarse a cuando llega el agua y cuando no, no podemos hablar de un Estado feminista.
Mujeres como Carmen Castillo, residente de Simón Rodríguez, en Caracas, quien solo recibe agua por tubería una vez a la semana y por un lapso de un día y medio.
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Durante el fin de semana, en sus “días libres”, Carmen debe dedicarse a lavar, limpiar, hacer todas las tareas del hogar y acarrear para poder abastecerse para el resto de los días que no cuenta con el servicio. El peso de acarrear no solo ha hecho estragos en su calidad de vida sino también en su salud, afectando su espalda.
“Es realmente agotador. Algunas veces el agua se va y no viene en 15 días, allí es peor porque no tengo tanque de agua y me toca cargar tobos desde llenaderos cercanos, es un trabajo pesado porque son varios viajes. Es inhumano vivir sin agua”, dijo.
“No disponer de agua suficiente, salubre y accesible incide en la cotidianidad y el desarrollo de todas las personas y afecta de forma diferenciada a mujeres y niñas, quienes por lo general son quienes acarrean el agua para abastecer sus hogares.
Cae sobre ellas el peso del agua por ser las encargadas del traslado y almacenamiento. Además, no contar con servicio regular de agua potable en sus hogares les impide llevar una adecuada salud menstrual, esto profundiza las desigualdades de género y a su vez la feminización de la pobreza”.
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Pero el agua no es el único servicio con el que el Estado castiga y vulnera los derechos de las mujeres. Sucede lo mismo con el servicio eléctrico, que solo durante el mes de enero registró más de 3290 fallas, de acuerdo con el monitoreo del Comité de Afectados por los Apagones; el servicio de internet que es intermitente y el transporte público que, además de precario y peligroso, es un golpe al bolsillo de las trabajadoras. Todas estas barreras limitan o impiden el libre y completo desenvolvimiento de las mujeres.
Sin desarrollo de políticas públicas no hay vida libre de violencia
Es necesario recordar que, por muchas campañas mediáticas o intentos por parecer defensores y garantes de la vida de las mujeres, un gobierno que no desarrolla políticas enfocadas en la prevención de la violencia basada en género no está trabajando realmente en el tema.
Sancionar leyes está bien, pero si no se realizan campañas de sensibilización y no se educa sobre violencia machista, ni a la población, ni a los funcionarios de los organismos receptores de denuncias, estas quedan solamente en papel.
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De acuerdo con el estudio “Diagnóstico sobre el acceso a la justicia en Venezuela: Experiencias en Caracas y Guayana”, en Venezuela no hay estructuras adecuadas para atender casos con víctimas femeninas, debido a que existe una alta rotación de funcionarios y, la mayoría de ellos, “no están sensibilizados ni formados para comprender los procesos psicológicos de mujeres víctimas de violencia”.
La investigación, realizada por la Facultad de Derecho, el Centro de Derechos Humanos (CDH), el Centro de Clínica Jurídica y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); también señaló que los módulos policiales cercanos a las comunidades tienen “serias deficiencias en la atención de casos”.
Además, destaca que en los planes de estudio de los diferentes niveles educativos no se imparten conocimientos sobre prevención de la violencia.
Las mujeres no podrán realmente tener una vida libre de violencia hasta que no se llamen las cosas por su nombre y se le dé la importancia que amerita a los femicidios, empezando porque en el país no existen estadísticas oficiales sobre el tema.
Ocultar las cifras invisibiliza el delito, pero no lo evita. Durante el 2022, 224 mujeres venezolanas fueron asesinadas dentro y fuera del país, de acuerdo con el monitoreo realizado por Caleidoscopio Humano, ante la opacidad informativa de los organismos con competencia.
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La ausencia de registros oficiales impide que se visibilice la violencia a la que se encuentran sometidas muchas mujeres y niñas, y sobre todo la doble discriminación con la que viven las mujeres trans, en un país que se niega a reconocerle sus derechos.
Esta invisibilización dificulta la creación de políticas públicas y protocolos que salvaguarden a todas las mujeres, es por ello que una vida libre de violencia, física e institucional, sigue siendo una de las tantas promesas pendientes, una deuda más del Estado con las mujeres venezolanas.