Las fotografías de San Miguel fueron consideradas como una exhibición mediática de su imagen que representa una violación a su derecho a la privacidad, según abogados y ONG
(12-12-2024) En horas de la tarde de este martes 10 de diciembre, en el marco del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fueron difundidas – por primera vez desde su detención- una serie de fotografías de la defensora de Derechos Humanos (DDHH) y presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, arrestada por el gobierno de Nicolás Maduro desde hace 10 meses y recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Helicoide, el centro de tortura más grande de Latinoamérica, según activistas de DDHH y ONG.
Con las fotos, donde San Miguel presenta un evidente deterioro físico, se señaló que la defensora tiene una fractura en su hombro derecho y necesita una intervención quirúrgica.
Exigimos al Estado que @rociosanmiguel tenga acceso a sus médicos de confianza.
La defensora debe liberada no solo por su salud, si no por la arbitrariedad que se ha cometido. La publicación de estas imágenes le revictimiza, no se da explicación de cómo se encuentra. pic.twitter.com/1Csp8dn17S
— Caleidoscopio Humano (@CaleidoHumano) December 11, 2024
Una variedad de reacciones de organizaciones, defensores y abogados en redes sociales indicaron diversos factores que están mal sobre la publicación de dichas fotografías.
Violación de privacidad
”Este hecho ha generado gran preocupación, ya que revela la crueldad del régimen de Nicolás Maduro y una falta de respeto absoluto a su privacidad y a los derechos fundamentales que le asisten como persona”, indicó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en X sobre San Miguel, y explicó que si bien la asistencia médica es elemental para su bienestar físico, la acción fue acompañada con una exhibición mediática de su imagen que representa una violación a su derecho a la privacidad.
Agregó que la imagen fue tomada el 9 de diciembre, tras cumplirse 10 meses de su detención desde el 9 de febrero, pero fue revelada en el Día Internacional de los Derechos Humanos, ”lo que refleja una clara intención de deshumanizarla y de ejercer sobre ella una forma de control y humillación pública”.
La organización exigió una segunda evaluación para la defensora con un médico de confianza para conocer su ”estado real de salud”. También exigió su liberación inmediata.
La abogada y especialista en DDHH, Tamara Suju, acompañó la denuncia y declaró que las fotos ”son parte del show del régimen que ya ha violado sistemáticamente sus derechos humanos desde el momento de su aprehensión”.
Fe de vida y atención oportuna
El abogado Zair Mundaray apuntó que la administración de Maduro envía una fe de vida con la víctima sosteniendo un letrero con la fecha, y que organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) hacen estas acciones para ”negociar libertades a cambio de dinero u otras prebendas (beneficios)”.
La fractura de San Miguel fue diagnosticada el 5 de diciembre, pese a que ”ocurrió cuatro meses atrás” tras caerse como consecuencia de un mareo por una laberintitis, que fue anunciada y no fue debidamente tratada, según el abogado Juan González Taguaruco.
San Miguel, después de quejarse de dolor agudo y pedir atención medica adecuada, era tratada con analgésicos que eran solicitados a su hija. En un control médico de ”rutina”, el personal de salud advirtió una deformidad en el hombro derecho de la reclusa y ordenó un estudio de imágenes, que diagnosticó una ”fractura de consolidación viciosa por la ausencia de tratamiento en glenoides” y requiere tratamiento quirúrgico.
”No hay garantías que tras una intervención de esta naturaleza, con un postoperatorio complicado y la necesaria y posterior rehabilitación, sea debidamente cumplida por la administración penitenciaria”, afirmó el abogado.
El periodista y defensor de DDHH, Luis Carlos Díaz, acompañó la declaración y expuso que el Estado venezolano tardó cuatro meses en atender la fractura de San Miguel. ”Debe ser operada en libertad con un médico de su confianza y recibir la fisioterapia debida para su condición”.
Despojada de derechos
San Miguel fue presentada ante tribunales el 12 de febrero de sin acceso a su equipo de defensores y fue acusada por presuntos delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo, asociación, entre otros. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH (Acnudh) denunció el caso e hizo un llamado a respetar las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa, a lo que el gobierno nacional respondió con la decisión de expulsar a los funcionarios de la Acnudh de Venezuela.
