Cuando una persona es excarcelada tras haber estado detenida en Venezuela, lo primero no es interrogarla ni exigirle un testimonio inmediato. En muchos casos hay shock, miedo, desorientación, culpa o silencio defensivo. La tarea inicial de familiares y personas cercanas es garantizar seguridad, descanso y contención, asegurarse de que la persona esté a salvo, que tenga un lugar estable para dormir, acceso a comida, agua, medicinas y atención médica u odontológica básica. Sin estas condiciones mínimas, cualquier intento de documentación puede ser revictimizante.
Por lo tanto también hay que evitar aproximaciones no respetuosas de vecinos, allegados a la familia o periodistas que no mantengan protocolos claros de protección y derechos humanos, porque también puede haber daño en una acción hecha con buena voluntad, pero sin criterios.
En una segunda fase, cuando la persona empieza a estabilizarse, familiares, amigos y defensores de confianza pueden ayudar a documentar sin presionar. Esto incluye anotar fechas aproximadas, lugares de detención conocidos, traslados, nombres que la persona recuerde espontáneamente, y cualquier detalle que surja en conversaciones cotidianas, sin forzar recuerdos. Es útil llevar un registro privado, cronológico y seguro, incluso si está incompleto. Los silencios, lagunas o contradicciones no son errores: son parte del trauma. Muchas familias desearán poner al día a la persona recién liberada, pero puede ser abrumador así que es mejor dosificar las conversaciones en distintos momentos.
Cuando la persona no puede hablar o se bloquea, el entorno puede documentar las cosas que son observables: Cambios físicos visibles, pérdida de peso, heridas, problemas para dormir, sobresaltos, miedo a ruidos en el exterior, rechazo a uniformes o autoridades, aislamiento, llanto frecuente o conductas de hipervigilancia… todas estas cosas serán datos relevantes. No requieren interpretación psicológica, solo descripción. Estos registros pueden ser tan importantes como un relato verbal de los liberados.
En relación con los responsables, con los perpetradores, no corresponde que los familiares investiguen ni confronten. Su tarea es preservar la información de todo lo que la víctima recuerde, incluso fragmentos: apodos, rangos, acentos, lugares, rutinas, horarios, frases repetidas por los custodios o interrogadores. También es importante anotar si hubo fiscales, jueces o defensores públicos presentes, si se firmaron documentos bajo coacción o si hubo amenazas explícitas. Todo relato debe guardarse con cuidado y sin difusión innecesaria. Son apenas las piezas de un rompecabezas y su protección es más importante que su exposición pública.
Respecto a las condiciones de detención, los familiares, defensores y personas cercanas pueden ayudar reconstruyendo recorridos: por cuáles centros de reclusión pasó la persona, cuánto tiempo permaneció en cada uno, si estuvo incomunicada, si compartió celda con alguien más, si vio o escuchó torturas, muertes o castigos. Es importante distinguir claramente entre lo vivido directamente y lo escuchado de otros detenidos, sin descartar nada. Incluso los rumores forman parte del clima de terror y pueden orientar investigaciones futuras.
En cuanto al impacto físico, los familiares pueden acompañar a la persona a evaluaciones médicas u odontológicas y ayudar a conservar informes, recetas, diagnósticos, fotografías de lesiones o secuelas visibles. Si la persona se niega a ir al médico, puede anotarse esa negativa y sus razones, ya que el miedo a represalias o la desconfianza en las instituciones también son consecuencias de la detención. En ocasiones toma tiempo lograr que los vea un médico y no siempre una sesión es suficiente. El cuerpo también habla y se manifestará de distintas formas que deben ser cuidadas.
El impacto psicológico requiere especial cuidado. No corresponde que los familiares “hagan terapia” ni exijan fortaleza al liberado. La tarea principal es validar, no minimizar y no apurar los procesos. Frases como “ya pasó”, «debes pasar la página», «hay que tragar algunos sapos» o “tienes que olvidar”, deben evitarse por completo. La mayoría de las familias no cuentan con recursos psicológicos para atender a sus liberados, así que toca tener cuidado de no causar más daño o trauma con malas recomendaciones que estén basadas en el cariño. Si es posible, se debe facilitar acceso a apoyo psicológico seguro y de confianza. Si no lo es, basta con registrar síntomas persistentes y su duración, sin forzar interpretaciones clínicas.
En el plano económico, los familiares suelen ser quienes mejor pueden documentar las pérdidas de los presos y su gente cercana: trabajos abandonados, ingresos interrumpidos, ventas forzadas de bienes, pagos para sobrevivir, allanamientos, extorsiones, gastos legales y médicos. Llevar un registro simple de estos daños ayuda a dimensionar el impacto real de la persecución sobre el núcleo familiar.
Toda esta información, incluso cuando está incompleta, no debe circular de forma pública ni improvisada. Su valor depende de la seguridad, la verificación progresiva y la custodia adecuada. Puede servir para procesos judiciales nacionales o internacionales, para la Corte Penal Internacional, para sustanciar sanciones individuales, para levantar informes de mecanismos de la ONU y para futuros procesos de justicia en Venezuela que terminen en reparación a las víctimas. Por eso es un trabajo fundamental.
La recomendación final es sencilla: familiares y personas cercanas no son investigadores ni fiscales, pero sí pueden ser guardianes de la memoria y las evidencias, actuando con cuidado, respeto y paciencia
Incorporar estas tareas en un protocolo sencillo, humano y seguro permite proteger a las víctimas hoy y sostener la búsqueda de justicia mañana, sin exponerlas ni revictimizarlas.
