“Es necesario acompañar el reclamo social y mejorar las condiciones de vida de la gente (…) pero no podemos olvidar que lo que los ciudadanos queremos es el cambio y la transformación de Venezuela”, expresó el exdiputado.
(28-02-2022) Mientras en la sede de la Disip (hoy Sebin) se encarcelaba a estudiantes y a población general, y en la de la DIM (hoy Dgcim) se torturaba a quienes el gobierno consideraba los responsables de la revuelta, en las afueras de la morgue de Caracas se congregaban los familiares de los ajusticiados y los desaparecidos. Eran los primeros días del mes de marzo de 1989 cuando el dirigente político Enrique Ochoa Antich y la abogada Liliana Ortega asumieron la tarea de organizar el dolor y escribir las primeras páginas de lo que después sería Cofavic: El Comité de Familiares de las Víctimas del 27-28 de febrero de 1989.
Hoy, el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo está más activo que nunca. Ortega, fundadora de esta organización, afirma que El Caracazo “es un punto de inflexión para entender el presente, y también para entender el futuro. Para entender el presente, porque las condiciones que dieron origen al Caracazo no solo se mantienen, sino que algunas se han agudizado, y sobre todo, porque ahí comenzaba a perfilarse la desestructura del Estado y la falta de protección del Estado con los ciudadanos. Y para entender el futuro, porque para la construcción de la memoria histórica es muy importante, es un punto de partida El Caracazo”.
“La impunidad del Caracazo, que aún se mantiene luego de 33 años, es un tema que tiene que ver con el presente y el futuro, porque está íntimamente ligado al uso proporcional de la fuerza pública, a la brutalidad policial, a la obstrucción de la evidencia y de las investigaciones, a la estigmatización y a la exclusión de sectores populares muy importantes”, prosigue.
“Por eso creo que los temas del Caracazo siguen teniendo una enorme vigencia, y la tienen especialmente mientras no se resuelvan, mientras esté allí el dolor producido en los sectores populares y la no comprensión de ese dolor”.
El Caracazo “es uno de los casos, en la historia de las Américas, en el que no se ha reivindicado la memoria de las víctimas, no se han entregado los restos a los familiares, aún siguen pendiente muchísimas cuentas basadas en ese dolor para cerrar el duelo e intentar construir el proyecto de vida”, dice.
-¿Por qué sigue en la impunidad? ¿Cuántos casos sin resolver? ¿Qué acciones el Estado no ha tomado?
-La sentencia de la Corte Interamericana se refiere a 47 casos, y en esos casos el Estado venezolano no ha determinado responsabilidades individuales de los hechos cometidos. En los casos que no llegaron a la Corte no conocemos que haya alguna sentencia condenatoria. En los casos relativos a las fosas clandestinas de La Peste (Cementerio General del Sur) no se han determinado las responsabilidades de quienes contribuyeron a la destrucción de la evidencia y el ocultamiento de lo ocurrido, ni tampoco se han identificado plenamente los restos que fueron encontrados allí ni han sido entregados a los familiares de las víctimas. Esa es una de las deudas pendientes más importantes. La Corte lo dice de manera muy claro: es un gesto humanitario muy importante el entregar los restos de las personas inhumadas en La Peste a los familiares de las víctimas. Pero esta entrega tiene que ser en unas condiciones específicas, y una de ellas es que sea bajo mecanismos confiables para las partes. La reparación está en eso: que las víctimas sientan confianza en que los métodos que se están aplicando están basados en experticias médico-forenses; y ese es un tema que duele mucho a los familiares de las víctimas del Caracazo, que lamentablemente aún sigue pendiente.
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