Ipys, Espacio Público y Provea rechazaron la aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales
(16-08-2024) Organizaciones de Venezuela advirtieron este jueves que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales aprobada por la Asamblea Nacional (AN), controlada por el chavismo, promueve acciones «antidemocráticas».
«Desde Ipys (Instituto Prensa y Sociedad) reiteramos nuestra preocupación por la implementación de leyes que promueven acciones antidemocráticas, que tendrían graves implicaciones para el ejercicio de los derechos a la libertad de asociación y de expresión en Venezuela», dijo la ONG en la red social X.
Asimismo, Espacio Público afirmó, en la misma red social, que esta norma concreta la «criminalización de las organizaciones de la sociedad civil en el país».
Entretanto, la ONG Provea sostuvo que la aprobación de este texto legaliza la «persecución hacia la sociedad civil que ha denunciado los abusos y acompañado a miles de víctimas en tiempos oscuros para la historia del país».
«Un golpe que busca finalmente controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y el país, violentando la independencia de la sociedad civil y amenazando con disoluciones y multas millonarias hacia las ONG que ya estamos consolidadas y cumplimos decenas de leyes e impuestos», agregó en X.
El contenido de la ley
Las ONG, de acuerdo a la nueva ley, tienen prohibido recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes económicos a dichas formaciones, así como promover el «fascismo, la intolerancia o el odio».
Asimismo, establece como causales de disolución de estas asociaciones el incumplimiento de estas prohibiciones, declarado por decisión judicial, así como la falta de pago de cualquier multa impuesta «de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles».
El martes, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió al Gobierno de Venezuela que rechace este texto legislativo, así como el de un proyecto de ley para regular las redes sociales, por el impacto negativo que tendrían en los derechos humanos y en la democracia en general.
