Estatutos internacionales condenan este tipo de acciones conocidas como «castigo colectivo» o «toma de rehenes».
Fuente original: Efecto cocuyo.- En Venezuela, la persecución política en Venezuela tiene varias expresiones y una de las más aberrantes es la detención de familiares de dirigentes políticos o activistas que son buscados por funcionarios. La práctica no es nueva en el país, pero en menos de una semana ocurrió dos veces.
El objetivo de estos arrestos es coaccionarlos para que la persona que está siendo buscada se entregue o para que los familiares revelen su paradero. Los casos recientes incluyen la detención de la familia del líder político Pedro Andrade Hernández en el estado Trujillo. El fin de semana anterior, las autoridades también detuvieron a los miembros de la familia Guillén, en Carabobo, en el contexto de la búsqueda de una persona vinculada con la líder opositora María Corina Machado.
Estas prácticas son condenadas por defensores de derechos humanos. También organismos internacionales son claros en señalar que esta acción, que se conoce como «castigo colectivo» o «toma de rehenes», es una clara violación de los derechos humanos.
Diversos instrumentos jurídicos internacionales, en su mayoría elaborados bajo el marco de la Organización de las Naciones (ONU), prohíben esta y otras prácticas similares, como, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pidcp), que en su Artículo 9 establece que “nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”.
De manera similar, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en su Artículo 7, establece que «nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios». Además, en su Artículo 5.3, señala de manera crucial que «la pena no puede trascender de la persona del delincuente».
Sippenhaft: El castigo colectivo como política de Estado
El término alemán Sippenhaft se refiere a la práctica de responsabilizar y castigar a una familia por las acciones de uno de sus miembros. En Venezuela, también ha sido documentada por medios como Armando.Info, que la señalan como una forma de castigo colectivo utilizada para presionar a disidentes, periodistas y activistas en el exilio.
La aprehensión de parientes, a menudo sin cargos formales, se convierte en una herramienta de coacción para obligar a la persona buscada a entregarse. Al infligir terror psicológico esta táctica vulnera el principio de que la justicia no debe trascender del individuo y convertir a los familiares en rehenes de un patrón de acoso sistemático.
Esta táctica de rehenes familiares se ha registrado históricamente en otros contextos autoritarios desde la Alemania nazi hasta la Unión Soviética. Las dictaduras recurren a este método para desmantelar la resistencia al sembrar miedo en la población y destruir la confianza.
A continuación, Efecto Cocuyo presenta una lista de personas detenidas recientemente bajo acusaciones relacionadas con sus familiares.
Familia de Pedro Andrade Hernández
La noche de este 11 de septiembre, la ONG Provea informó que en el estado Trujillo las autoridades detuvieron a la mamá, la hermana y un sobrino del dirigente político Pedro Andrade Hernández, tras un allanamiento.
El operativo, realizado por un centenar de agentes conformados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía de Trujillo y el Comando Nacional contra Extorsión y Secuestro (Conas), tenía como objetivo principal arrestar a Andrade Hernández.
Sin embargo, al no hallarlo en su vivienda, los funcionarios procedieron a detener a sus familiares directos: su mamá, de 71 años, y su hermana, quienes permanecen bajo custodia. Al sobrino lo dejaron en libertad.
“Los denunciantes indican que la madre de Pedro Andrade Hernández, Sra. María Nolberta Hernández Ramírez, de 71 años, y su hermana Liseth Jackeline Andrade Hernández, siguen detenidas en la sede de la Policía del estado Trujillo («La 20″) en Valera», reseñó Provea.
Familia Guillén en Carabobo
La detención de la familia Guillén el 7 de septiembre de 2025 en la urbanización Paso Real, estado Carabobo, se suma al patrón reciente de detenciones. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) los aprehendieron mientras buscaban a Miguel Guillén, colaborador de María Corina Machado.
Inicialmente, detuvieron a su madre, Miriam Fernández Ruiz (72), y a su hijo adolescente, Miguel Ángel Guillén (17), al no encontrar a Miguel. Posteriormente, coaccionaron al joven para que llamara a su hermana, Chantal Guillén Ibarra (21), quien también fue aprehendida junto a su hija Nicole Palermo, de dos años de edad. En total, cuatro personas fueron detenidas.
Posteriormente, el 8 de septiembre, el adolescente y la niña de dos años fueron liberados, tras las denuncias de organizaciones de derechos humanos y la presión de familiares. Sin embargo, Miriam Fernández Ruiz y Chantal Guillén Ibarra permanecen detenidas de forma arbitraria.
La Policía Nacional Bolivariana negó la detención, por lo que organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) consideran una desaparición forzada.
Ángel Rivas, esposo de la presidente del Colegio de Enfermería de Caroní
El pasado 18 de julio, Ángel Rivas, esposo de Maritza Moreno, presidenta del Colegio de Enfermería Capítulo Caroní del estado Bolívar, fue detenido por agentes de seguridad.
El arresto ocurrió mientras los funcionarios buscaban a su esposa, quien formuló denuncias sobre las precarias condiciones hospitalarias en Guayana. Al no encontrar a la dirigente gremial, las autoridades optaron por arrestar a su cónyuge.
Maykelis Borges, esposa del teniente en retiro Cristian Hernández
Maykelis Jackeline Borges Ortuño, de 26 años, fue detenida el 29 de enero, junto a Eudi Jesús Andrade Boscán. La detención, que sus familiares denuncian como una desaparición forzada, ocurrió en Caracas, y se le vincula a una presunta conspiración militar. Borges Ortuño, quien está embarazada, es la esposa del teniente retirado Cristian Hernández, señalado por el gobierno de Nicolás Maduro, de participar en la supuesta conspiración.
La familia de la joven denunció que no existe un registro oficial de su detención ni de un proceso judicial en su contra.
Familia del teniente Rodríguez Araña
El pasado 13 de abril, en un operativo relacionado con la búsqueda del teniente José Ángel Rodríguez Araña, fueron detenidos sus padres, Neida Coromoto Araña Díaz (53) y José Isabel Rodríguez (71). Las aprehensiones se dieron tras la vinculación del exoficial con la denominada operación “Aurora”, señalada por el gobierno de Maduro como un plan terrorista. Este arresto se sumó a la detención previa de la hermana del teniente, Génesis Grisbely Rodríguez Araña, quien había sido aprehendida el 24 de enero, así como sus primos, Gilbert y Daniela Araña.
Los padres del teniente fueron excarcelados el 6 de mayo, tras pasar más de 20 días detenidos, pero la hermana y los primos continúan privados de libertad.
