La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual 2023, alertó que un acto de corrupción afecta directamente un derecho cuando se le utiliza como medio para impedir su realización y disfrute efectivo
Yennifer Calvo Bello/Caleidoscopio Humano
(02-05-2024) El mal uso del poder político y económico, para conseguir ventaja y enriquecimiento ilícito, por parte de funcionarios del Estado venezolano no solo desangra al país, sino que impacta directa e indirectamente en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de los venezolanos, así lo alerta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual 2023, capítulo sobre Venezuela.
El Informe Anual de la CIDH es un instrumento de referencia regional que compila la situación de los derechos humanos en el hemisferio, el cual presenta los avances y desafíos de los Estados miembros de la OEA en la materia.
En el documento, la CIDH señala que un acto de corrupción afecta directamente un derecho cuando se le utiliza como medio para impedir su realización y disfrute efectivo, por ejemplo, cuando una persona debe realizar pagos irregulares para poder estudiar o acceder a atención sanitaria.
En estos supuestos, la corrupción se usa como vía directa para afectar los derechos protegidos, sea como obstáculo para el acceso directo a su pleno disfrute o disminuyendo recursos específicos destinados para su garantía.
Mientras que, en otras situaciones, los actos de corrupción se presentan como una condición que contribuye a la ocurrencia de alguna violación de los DESCA indirectamente, de forma más sutil o encubierta.
Por ejemplo, cuando las autoridades se ven influenciadas a priorizar intereses privados dentro de su política fiscal, disminuyendo la disponibilidad de sus recursos públicos en general; cuando evitan recuperar activamente recursos desviados a causa de actos de corrupción, cuando distorsionan los precios en procesos de contratación, o cuando priorizan intereses privados en concursos públicos de plazas educativas o sanitarias, poniendo en riesgo la calidad de los servicios de educación y salud, entre otros.
Y es que la corrupción, cada vez más ruidosa y grotesca, es un cáncer de muy vieja data en nuestro país, pero que parece haber hecho metástasis en los últimos años, durante las administraciones, justamente, de quienes juraban acabar con ella y “freír en aceite” las cabezas de los corruptos.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, presentado por Transparencia Internacional muestra que en el hemisferio, Venezuela no solo sigue siendo percibida como la nación más corrupta, sino que, en la medición de 2023, su calificación ha caído un punto más, pasando de 14 a 13, en medio de un descenso continuado desde 2017, con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de independencia del Poder Judicial.
Casos como el bautizado “PDVSA-Cripto”, más que una conspiración al mejor estilo de serie de Netflix —donde al menos dos de los pesos pesados de la administración de Nicolás Maduro están implicados— representan un daño patrimonial grave e incalculable de millones de dólares para el país.
Esos más otros “menos escandalosos” pero ya bien sabidos de funcionarios que incluso ya han desaparecido de la escena pública, son una muestra de cómo el dinero del país es desviado mientras los derechos de los venezolanos se ven más vulnerados cada día, en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja.
La CIDH señala que el reducido acceso a los DESCA provocó que, en 2023, quinientas mil personas abandonaran forzosamente el país. Desde 2015, más de 7.7 millones de personas han migrado, en lo que constituye el desplazamiento más grande de la región y uno de los más grandes del mundo.
La subordinación de las instituciones al Poder Ejecutivo tuvo dos consecuencias significativas en 2023
En su documento anual, la CIDH señala que, pese a los distintos llamados y recomendaciones de la Comisión y de otros organismos internacionales, el Estado venezolano en 2023 no adoptó medidas idóneas y efectivas para restablecer el orden democrático y la separación e independencia de los poderes públicos.
Esto ha permitido, de acuerdo con la CIDH, imponer una política sistemática de represión y amedrentamiento en contra de personas y organizaciones que defienden derechos, que manifiestan diferencias con el gobierno, que son opositoras o percibidas como tales.
La subordinación de las instituciones al Poder Ejecutivo tuvo dos consecuencias significativas en 2023. En primer lugar, no se tomaron medidas para combatir la impunidad de las violaciones ocurridas en años anteriores, especialmente durante las protestas de 2015 y 2017. Es importante recordar que la gravedad, sistematicidad e impunidad de dichas violaciones llevaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a iniciar una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, un hecho sin precedentes en el hemisferio occidental.
La segunda consecuencia, fue el acceso discriminatorio a la función pública. En el transcurso de 2023, la Contraloría General de la República ratificó las sanciones de inhabilitación impuestas a líderes opositores con aspiraciones presidenciales. Además, el Ministerio Público inició investigaciones penales contra las personas que organizaron las «elecciones primarias», un ejercicio ciudadano de consulta.
Entre 1991 y 2021, los rectores del CNE no fueron designados de acuerdo con los procedimientos constitucionales.
La CIDH destaca en su informe que en 2023 la independencia del Poder Judicial siguió comprometida debido a la designación irregular de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, el excesivo número de jueces provisorios, la falta de concursos públicos para acceder a la judicatura y la ausencia de garantías para la estabilidad en el cargo.
Del mismo modo, la independencia del Poder Legislativo continuó comprometida por la falta de garantías para los partidos políticos de oposición, la persecución penal arbitraria contra líderes opositores y las sanciones impuestas por la Contraloría General de la Nación.
La Comisión recuerda que la Asamblea Nacional de 2015 fue suspendida de manera arbitraria por el Tribunal Supremo de Justicia y que a la fecha no se han adoptado medidas para reparar esta grave afectación la institucionalidad del país.
La independencia del Poder Ciudadano también siguió comprometida por la designación irregular de sus autoridades. El actual Fiscal General de la República no fue designado según lo establecido por la Constitución, sino que fue nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente.
Mientras que, la independencia del Poder Electoral continuó comprometida debido a la designación atípica de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE). La CIDH recuerda que, entre 1991 y 2021, las personas rectoras de este órgano no fueron designadas de acuerdo con los procedimientos constitucionales.
La falta de instituciones democráticas independientes ha impedido, además, que el Estado priorice el diseño de políticas públicas para atender las necesidades de la población; especialmente para contrarrestar el reducido acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), concluye la Comisión en su informe anual.
