María Alejandra Silva/Caleidoscopio Humano
(09-07-2023) El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), publicó el informe “Temor colectivo: la intimidación de colectivos armados como causa de solicitud de asilo”, en donde demostraron que aunque la persecución política no está entre las primeras causas de la migración forzada desde Venezuela, se logró observar que está siendo ejecutada por colectivos armados y es un motivo frecuente pero silencioso para huir de Venezuela.
El informe detalla que en las comunidades que están bajo el mando de los colectivos, “las reglas de convivencia las imponen ellos”.
Permitiéndoles controlar quién entra y sale a su territorio, horas de ingreso y salida, así como determinar a quienes distribuir los alimentos que el gobierno nacional reparte a las comunidades a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Agregando que “la justicia en estas comunidades es impartida por los colectivos, sus métodos para hacer cumplir sus normas incluyen asesinar a los delincuentes de la zona. El ingreso de la policía o cualquier otro cuerpo de seguridad a su territorio no está permitido”.
Los colectivos han recurrido a actividades ilícitas como formas de financiamiento, las cuales incluyen extorsionar a comerciantes y vendedores informales (buhoneros), robos, secuestros, tráfico de drogas, control de bombas de gasolinas y ventas de cupos para abastarse del combustible.
Este informe se basa en el análisis de 25 casos ocurridos entre los años 2009 a 2021, algunos de los cuales involucran a grupos familiares completos que tuvieron que salir de Venezuela a causa de las amenazas y ataques por parte de colectivos armados.
La investigación señaló que el perfil de las presuntas víctimas es variado, e incluye estudiantes de secundaria y universitarios, profesionales de diversas disciplinas, comerciantes y empresarios.
“En su mayoría se trata de hombres, aunque con frecuencia otros miembros de su familia fueron afectados por amenazas y otras acciones de los colectivos. Se conocieron casos de menores de edad sometidos a ataques de manera directa o en represalia por la actividad política de un familiar”.
Añadiendo que en los casos analizados las víctimas fueron objeto de acciones por parte de colectivos en los estados Aragua, Bolívar, Carabobo, Facón, Miranda, Monagas, Táchira, Zulia y Distrito Capital.
Según CDH-UCAB, más de la mitad de los casos estudiados corresponden a personas que fueron identificadas por primera vez como opositoras por participar en protestas; “en ocasiones, esa participación no se limitaba a hacer presencia en marchas y otras actividades de la oposición, sino como promotores y organizadores”.
Explicando que varios de ellos tenían actividad en el movimiento estudiantil. “La persecución a quienes participan en protestas se remonta a 2014 y los testimonios incluyen también protestas de otros años emblemáticos, como las movilizaciones a favor del referéndum revocatorio de 2016, las protestas de 2017 y las acciones de respaldo al gobierno interino en 2019”.
Otras de las razones para persecución fue la expresión de críticas al gobierno o apoyo a la oposición por parte de comerciantes, productores y empresarios, siendo una causa para que estos sectores se conviertan en blanco de ataques que, por lo general, se traducen en extorsiones, robo de mercancías y ataques a sus comercios y lugares de trabajo.
Modalidades de amedrentamiento
El informe detalló que las modalidades de amedrentamiento incluyen detención de manifestantes por cuenta propia o para entregarlos a los organismos de seguridad, golpes, agresiones verbales, amenazas, extorsión, secuestro, heridas por arma de fuego, destrucción o sustracción de pertenencias, ataques a viviendas o lugares de trabajo, tortura, simulacro de ejecución, “ruleteo”, desaparición, entre otras. Asegurando que “por lo general, los miembros de los colectivos están armados en estas acciones”
Agregando que “se tuvo información de diversos casos de personas que se escondieron o se mudaron y sus familiares, amigos o compañeros de trabajo fueron detenidos, golpeados o amenazados para que informaran sobre su paradero. Incluso después de haber salido del país, las familias de las víctimas siguen siendo objeto de presiones y amenazas; algunos familiares también se han visto forzados a abandonar el país”.
El centro mostró la actuación de los colectivos, por su cuenta o en apoyo a autoridades, en acciones de control de precios, distribución de gasolina o de alimentos. “Cuando su actuación irregular en estas áreas provocó reclamos o denuncias de las personas, estas se convirtieron en blanco de ataques”. Además, en el caso del control de precios o acceso a alimentos, los colectivos presuntamente “usan su poder armado para extorsionar a los comerciantes y productores, bien sea exigiéndoles una cuota de productos sin pagar o requiriendo una “colaboración con la revolución” que generalmente se exige en dólares americanos y con cuotas crecientes y más frecuentes. La resistencia a este tipo de extorsión casi siempre resulta en destrucción de los productos, y ataques al lugar de trabajo y a sus empleados. Las extorsiones se producen solo contra personas que son identificadas como opositoras”.
Ruta migratoria
Por último, la investigación señaló que a pesar del tiempo transcurrido entre la primera agresión y la decisión de emigrar, las presuntas víctimas no buscan una salida planificada, debido a que un evento especialmente violento es el detonante de la huida. “La imposibilidad de planificar la salida, sumada a las dificultades para obtener pasaportes en Venezuela, lleva a muchas víctimas de los colectivos armados a salir por rutas irregulares a través de la frontera con Colombia o Brasil y en condiciones precarias, sin mucho dinero ni otras pertenencias”. El informe añade que algunos de los que salen por Colombia “no han conseguido una respuesta satisfactoria a sus necesidades de protección o se enfrentan con un sistema de refugio altamente disuasivo, lo que los lleva a seguir la ruta hacia el norte, hasta llegar a los EEUU, donde solicitan asilo”.
Para leer el informe completo aquí
TEMOR COLECTIVO La intimidación de colectivos armados como causa de solicitud de refugio
