La coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, explicó en entrevista para El Diario que la situación de los jóvenes es “dramática” debido al deterioro de su salud mental y a las violaciones al debido proceso que han sufrido
Fuente original: El Diario. – Cuatro menores de edad permanecen detenidos por las protestas postelectorales de 2024 en Venezuela. Danner Abraham Rivero, Luisneidel Zúñiga y Ángel González, todos de 17 años de edad, y Gabriel Rodríguez, de 16 años, fueron omitidos en las listas de adolescentes excarcelados y actualmente están recluidos en retenes para menores de edad, donde viven en condiciones inhumanas y sufren constantes maltratos, de acuerdo con organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).
La abogada y coordinadora general de JEP, Martha Tineo, declaró en entrevista para El Diario que la situación de los cuatro jóvenes viola los principios de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna). Por ejemplo, en su artículo 581 establece que la prisión preventiva para menores de edad no puede pasar de tres meses, además de que siempre deberá preferirse la conciliación y las medidas cautelares antes que la pena de cárcel.
“A tenor de la Lopnna, los menores de edad no deben estar presos y solo en estrictas excepciones pueden mantenerlos privados de libertad. Lo mismo ocurre con personas mayores de 70 años de edad y, sin embargo, en nuestros registros hay al menos 17 adultos mayores privados de libertad por razones políticas”, afirma Tineo.
El informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU presentado el 22 de septiembre de 2025 refiere que el Estado venezolano detuvo a 218 menores de edad durante en el contexto de la violencia postelectoral. Muchos fueron excarcelados en las semanas siguientes, pues un reportaje de El Diario confirmó que, para mediados de septiembre de 2024,quedaban 60 adolescentes detenidos, algunos incomunicados en cárceles para adultos.
No fue hasta el 24 de diciembre que la gran mayoría finalmente pudo salir de prisión y reunirse con sus familias. Tineo acotó que no fueron liberaciones plenas, sino por medidas cautelares como régimen de presentación en tribunales, casa por cárcel, prohibición de salida del país o de hablar con la prensa, entre otras. De acuerdo con el informe de la Misión de la ONU, al menos 143 menores de edad actualmente poseen estas medidas cautelares.
Naturaleza política
Para la abogada y activista, estos casos obedecen a razones netamente políticas. Por ese motivo, asegura que no existe una causa de peso que justifique que estos cuatro adolescentes sigan presos cuando al resto se les concedió medidas sustitutivas de libertad. A su juicio, simplemente se trataría de una cuota, mantenida para infundir temor en la población y disuadir a otros jóvenes de protestar en el futuro.
“Siendo estas detenciones una decisión política, la excarcelación de estos prisioneros también es consecuencia de una decisión de la misma naturaleza. Me temo entonces que mantener a adolescentes presos tenga que ver con una forma de castigo ejemplarizante, con el cual se golpea fuertemente al colectivo con un mensaje de que independientemente del grupo al que se pertenezca todos somos potencialmente víctimas, más allá de ser disidentes reales o percibidos por las autoridades”, afirmó.
Agregó que esto se evidencia al ver el perfil de las personas detenidas en los últimos meses. Explicó que antes este tipo de arrestos solía ser selectivo, enfocado en líderes opositores o dirigentes políticos. Sin embargo, desde 2023 aumentó considerablemente la persecución contra actores de la sociedad civil como periodistas, abogados, sindicalistas y defensores de derechos humanos, entre otros.
Señalados de derribar una estatua
Danner Rivero, Luisneidel Zúñiga y Ángel González fueron detenidos el 29 de julio en la bajada de El Playón, en La Guaira. Fueron parte de los más de 17 adolescentes detenidos durante los disturbios ocurridos en esa ciudad por los resultados electorales. Son acusados de haber participado en el derribo de la estatua de Hugo Chávez ubicada en la avenida Carlos Soublette.
De acuerdo con el portal Crónica Uno, Rivero había salido a las 7:00 pm con tres amigos durante las protestas y ya regresaba a su hogar en Los Corales cuando fue abordado por civiles armados en una camioneta negra sin placas, quienes los señalaron de “guarimberos”. Los jóvenes fueron llevados a una playa cercana, donde los hombres los golpearon y amenazaron antes de entregarlos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de La Guaira. En ese momento tenía 16 años de edad, y el 10 de junio pasó su cumpleaños en la cárcel, perdiendo además su último grado de bachillerato.
Esa misma camioneta, que no estaba identificada con ningún cuerpo de seguridad,también se llevó a esa noche a Zúñiga, quien trabajaba vendiendo ostras en la playa. También fue golpeado con el grupo de Rivero y su familia pudo localizarlo horas después en un comando policial de Macuto, tras ser buscado por sus vecinos.
Por su parte, Ángel González fue detenido el 9 de agosto, cuando también tenía 16 años de edad. De acuerdo con el testimonio de su hermana Mirbelis González al portal BBC Mundo, la noche anterior funcionarios se presentaron en su casa, señalándolo como uno de los jóvenes que aparecía en un video del derribo de la estatua. Amenazaron con llevarse detenido a su padre si no se entregaba, por lo que al día siguiente fueron a la Casa de Justicia de su comunidad para aclarar la situación, pues afirma que en el video no había nadie parecido a Ángel.
Su hermana relató que Ángel fue asfixiado con una bolsa de plástico en el comando policial para declararse culpable. El joven trabajaba con su padre como albañil y al momento de su arresto su pareja estaba embarazada. Cumplió 17 años el 19 de mayo, y hasta ahora solo ha visto a su hijo recién nacido por fotos. Los tres jóvenes actualmente están recluidos en el Centro de Detención Preventivo de Adolescentes y Féminas, en el Retén de Caraballeda.
Casos recientes
El 9 de enero de 2025, la líder opositora María Corina Machado convocó a una serie de manifestaciones en todo el país para protestar contra la juramentación de Nicolás Maduro. Aunque las concentraciones eran pacíficas, en varias ciudades fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad con más de 17 detenidos. Uno de ellos fue Gabriel Rodríguez.
El joven de 16 años de edad es pelotero y había comenzado un trabajo durante las vacaciones en una panadería artesanal de Cabudare, estado Lara. Ese día, al salir de su jornada, comenzó a sentir fiebre y acudió a un ambulatorio cercano. Allí, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lo arrestaron y llevaron al Destacamento 123 de La Montañita.
Los funcionarios aseguaron a su familia que tenía “pinta de guarimbero”, pues vestía un suéter y bermudas negros. “Dijeron que solamente por su aspecto había que presentarlo ante tribunales”, declaró a la prensa su tía, Joany Méndez. Actualmente permanece en el Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins, conocido como Retén de El Manzano.
En Coro, estado Falcón, el 11 de enero agentes armados irrumpieron sin orden judicial en la casa de Jonathan Bravo,de 17 años de edad. Lo acusaron de formar parte de un presunto plan para secuestrar al gobernador de la entidad, Víctor Clark, por un mensaje que había publicado en sus estados de WhatsApp.
Estuvo seis meses en la Entidad de Adolescentes Varones de Coro, donde su familia denunció que sufrió cuadros de abscesos supurantes, crisis emocionales y tics motores complicados por su Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Fue excarcelado el 11 de junio tras una revisión de su caso por el Ministerio Público.
Detenciones masivas
La Lopnna deja claro que un menor de edad solo puede ser privado de libertad en casos excepcionales como la flagrancia o con una orden judicial, algo que parece no haber ocurrido en ninguno de estos cuatro casos. En su informe anual de 2024, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó que muchos de los adolescentes detenidos no fueron detenidos dentro de las manifestaciones, sino cuando caminaban o se resguardaban en zonas cercanas, como ocurrió con Rivero, Zúñiga y Rodríguez.
En otros casos, los arrestos se produjeron en sus casas, tras ser señalados por vecinos o por estructuras digitales de delación a partir de videos en redes sociales, como en el caso de González y Bravo. Tineo indicó que en muchos de los casos registrados por JEP, los jóvenes fueron objetivo de detenciones masivas e indiscriminadas, e incluso también de audiencias masivas que violan el principio de responsabilidad penal individual.
“Muchas personas estaban en el contexto de manifestaciones, pero otras simplemente no lo estaban e igual fueron detenidas. Se ejecutaron especies de redadas en las que se detenían a jóvenes. Tuvimos casos de muchachos que estaban, no sé, en una calle del hambre comiendo perros calientes y fueron detenidos todos. O iban caminando y como tenían franelas blancas, a las autoridades policiales se les ocurrió que podían haber participado o venían de alguna manifestación”, precisó.
La activista no descarta la teoría de que estas redadas y detenciones masivas hayan obedecido a las expectativas fijadas desde el propio gobierno. “Tenemos más de 1.200 detenidos y vamos a agarrar a otros 1.000 más. Los vamos a agarrar a todos. Los estamos agarrando uno a uno y esta vez no habrá perdón”, dijo Nicolás Maduro el 1° de agosto, y como palabra cumplida, tan solo unos días después, el 4 de agosto, confirmó que ya tenía más de 2 mil detenidos.
“Pareciera que se estableció un número de personas que debían ser detenidas, porque Maduro anunciaba 2.000 y efectivamente seguían las detenciones masivas a todo lo largo del territorio nacional hasta que se llegaba ese número”, opinó Tineo.
Audiencias telemáticas
Martha Tineo señala que en todos los casos de presos políticos documentados por JEP han encontrado una serie de violaciones del debido proceso. Desde los arrestos, que muchas veces ocurren sin órdenes judiciales ni notificaciones previas, hasta los juicios, en los que se impone una defensa pública y se le niega a sus familiares y abogados acceso al expediente. En muchos casos, los detenidos permanecen incomunicados.
El reciente informe de la Misión de la ONU arrojó que una de las mayores violaciones del debido proceso ocurrieron durante la audiencia de presentación, que en muchos casos fueron de forma telemática desde el centro de detención, sin que el acusado pudiera siquiera participar o interactuar con los abogados. Estas audiencias fueron totalmente privadas y a veces de madrugada, y solo en algunos casos de menores de edad se permitió la entrada de sus familiares.
“Estuvieron desaparecidos y para el momento en que muchas de las familias pudieron dar con información de dónde se encontraban y tener contacto con ellos, ya se habían realizado esas audiencias masivas de forma telemática, sin presencia de una defensa de confianza. A todos se les impuso defensa pública que, a decir por los propios familiares, nunca ejercieron ningún tipo de acción a favor de esos muchachos, sino al contrario, simplemente se bastaban con las imputaciones genéricas que hacía el Ministerio Público”, comentó Tineo.
Justamente Gabriel Rodríguez tuvo su audiencia de presentación a través de una pantalla, donde lo imputaron por los cargos de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas. Familiares denunciaron además que el 23 de abril le realizaron otra audiencia de la que no fueron notificados. También reclaman quedesde mayo su juicio ha sido diferido reiteradamente por la falta de “elementos probatorios de acusación”. Todo esto constituyendo violaciones de los artículos 588, 590 y 591 de la Lopnna.
Penas desproporcionadas
Rivero, Zúñiga y González también son imputados por terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas, además de daño al patrimonio público. En Venezuela, el delito de terrorismo puede acarrear una pena de entre 25 y 30 años de prisión, o sea pena máxima. Por su parte, la incitación al odio, tipificada en la Ley contra el Odio de 2017, puede acarrear entre 10 y 20 años de cárcel.
Esta disposición de los cargos, que enfrentan a los jóvenes a un escenario de más de 15 años en prisión, va también contra el artículo 539 de la Lopnna. Este establece que “las sanciones deben ser racionales, en proporción al hecho punible atribuido y a sus consecuencias”. También vulnera el artículo 540, sobre el derecho a la presunción de inocencia.
Al respecto, Tineo señala que al igual que ocurre con otros presos políticos, la inclusión del cargo de terrorismo tiene como finalidad que el caso sea llevado a instancias con competencias especiales en esa materia. “Se asegura con la imputación de esos delitos que sean ventilados en estos tribunales cuya imparcialidad está fuertemente comprometida y también se pretende a través de ese tipo de imputaciones que no tengan beneficios procesales”, asegura.
La edad de los detenidos también es un factor de preocupación para JEP. De los cuatro jóvenes, tres ya tienen 17 años de edad, y Zúñiga está próximo a cumplir los 18. Esta situación los pone en riesgo de ser trasladados a cárceles comunes y ser juzgados como adultos si sus procesos no cierran antes de cumplir la mayoría de edad.
“Lo cierto es que desde antes de la mayoría de edad están siendo juzgados por el sistema penal ordinario, siendo presentados ante tribunales de terrorismo y lamentablemente sin que se haya garantizado el derecho de que, al ser menores de edad, solo por vía de excepción puedan ser privados de libertad”, acotó.
Condiciones complicadas
La Lopnna fija el deber de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el derecho a una alimentación balanceada, los estudios y el esparcimiento. Sin embargo, la realidad carcelaria de Venezuela hace que sus familiares deban llevarles diariamente el alimento, e incluso insumos como bombillos o recipientes debido al mal estado de las celdas. Esto sin contar las condiciones de insalubridad y falta de servicios médicos que han afectado considerablemente a los adolescentes detenidos.
Mirbelis González señala que su hermano Ángel se ha enfermado varias veces, presentando al menos cuatro abscesos en los brazos y axilas. En mayo tuvo un cuadro de fiebre y gripe que lo hizo bajar más de cinco kilos. Poco después de su arresto, el malestar inicial de Gabriel Rodríguez derivó en una infección pulmonar de la que se recuperó gracias a que su familia pudo llevarle los medicamentos necesarios.
A principios de octubre, familiares de los reos del Retén de Caraballeda denunciaron que los jóvenes recibieron una golpiza por parte de los custodios. En un audio difundido por el portal TalCual, una de las madres alertó que ese día les suspendieron las visitas y grabó los gritos de los detenidos pidiendo auxilio desde las ventanas. “Pido que nos ayuden, esto es demasiado, les botan la comida y les pegan cuando quieren”, exclamó.
Secuelas psicológicas
Uno de los elementos que más preocupa a JEP y a otras organizaciones ha sido el deterioro en la salud mental de los adolescentes detenidos. «Mi hermano dice que está cansado de vivir», alertó González en julio a la BBC. El padre de Ángel aseguró que se reunió el 12 de diciembre con el fiscal general Tarek William Saab, y que este se comprometió a incluirlo en el grupo de excarcelados. Sin embargo, la Navidad pasó y el joven siguió tras las rejas.
En ese momento Ángel escribió una carta para su familia que se hizo viral en redes sociales. “Pensé que esta pesadilla había acabado, ese día me habían prometido mi libertad para estar con ustedes y con mi hijo. Ya estoy cansado de esta vida, a veces solo me dan ganas de seguir durmiendo y no levantarme más”, escribió.
El limbo judicial en el que se encuentra Gabriel Rodríguez también lo ha afectado. Sus padres aseguran que se la pasa aislado en su celda, y que ha caído en una fuerte depresión. En julio, le escribió una carta al fiscal Saab para que le permitieran asistir a su acto de graduación, pero no solo la solicitud fue denegada por el tribunal, sino que además ese día tuvo una audiencia que acabó diferida. “Desde entonces ha estado peor respecto a cómo se sentía”, indicó un familiar al portal Runrunes.
La coordinadora de JEP aseguró que la situación emocional de los jóvenes detenidos “es terrible”, por lo que exhortó a las autoridades a concederles su libertad plena. Destacó que su organización mantiene un programa de acompañamiento psicológico para los que ya han sido excarcelados. Recordó que muchos de ellos sufrieron experiencias traumáticas en la cárcel como torturas físicas y psicológicas, palizas e incluso violencia sexual, las cuales también fueron denunciadas por la ONU en su último informe.
A esto sumó el estado de ansiedad e incertidumbre por su estatus judicial, ya que la mayoría posee medidas cautelares y viven con miedo de que puedan ser revocadas en cualquier momento. Agregó que los casos de las regiones tienen una mayor vulnerabilidad, pues muchos vienen de familias de escasos recursos que deben hacer esfuerzos para reunir dinero para cada presentación ante los tribunales en Caracas.
“Son daños irreparables que se tratan de mitigar con terapia psicológica, con el acompañamiento de sus familias que también están sufriendo los impactos económicos, psicológicos y emocionales de todo esto, porque estuvieron igualmente presas con ellos y se siguen sintiendo igualmente perseguidas con los que fueron excarcelados. Pero en el caso de estos que se mantienen privados de libertad, por supuesto, la situación es mucho más dramática”, apunta Tineo.
