Ya van casi tres años que el Estado venezolano decidió dejar a un lado la discusión salarial y convertir en bonos los ingresos de los trabajadores venezolanos, denunció Virgilio Castillo, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (APULA)
(25-02-2025) Desde marzo de 2022, el gobierno de Venezuela estancó el sueldo mínimo en 130 bolívares; un equivalente a $2,05 a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela del 24 de febrero de 2025 y, de acuerdo con Virgilio Castillo, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (APULA), desde esa fecha, se ha dedicado a bonificar el ingreso de los profesionales y trabajadores venezolanos.
Como parte de una jornada de pronunciamientos que también se desarrolló en otras universidades públicas del país, en la ULA se reunieron representantes de APULA, del Sindicato Regional de Profesionales Universitarios y Técnicos Superiores de la Universidad de Los Andes (Siprula), Sindicato de Obreros de la Universidad de Los Andes (SOULA), del Colegio de Odontólogos y representantes del gremio de la salud; además de trabajadores de la universidad y de algunos entes públicos.
«La situación salarial sigue afectando a los trabajadores del país», aseguró Virgilio Castillo, agregando que «hace prácticamente tres años, el Estado venezolano decidió dejar a un lado la discusión salarial y convertir en bonos los ingresos de los trabajadores (…) Frente a esa situación, se activaron las alarmas, ha habido un conjunto de protestas a nivel nacional durante años, y la única respuesta que se ha obtenido hasta ahora es el silencio por parte de las autoridades venezolanas», enfatizó.
«Es propicia la ocasión para retomar la lucha y mantenerla, pues la situación laboral está afectando notoriamente el desarrollo de las actividades, en nuestro caso, de la universidad», dijo el gremialista.
Por su parte, Dionis Dávila, secretario general del SIPRULA, destacó que durante muchos años han mantenido una lucha constante por la defensa de los derechos de todos los trabajadores de los diferentes sectores.
«Tenemos un sector muy vulnerable, que resulta ser el más afectado en este caso, que es el de los jubilados (…) Con la situación del país, los trabajadores han tenido que buscar otras opciones de trabajo, pero quienes no lo pueden hacer, la están pasando muy mal», señaló; agregando que hasta que los trabajadores universitarios y del sector público no tengan un salario que les permita vivir dignamente, «no podemos nosotros callar nuestras voces».
Bajo las mismas exigencias, Miriam Cala, presidenta del Colegio de Odontólogos del estado Mérida, pidió a las autoridades regionales que se sumen a la exigencia de mejores condiciones laborales para los trabajadores públicos y de los diferentes gremios: «No es posible que un odontólogo que depende del Estado tenga que vivir con un sueldo que no llega a 30 dólares mensuales; es un sueldo miserable que no permite vivir con dignidad».
Los trabajadores y gremios, reunidos en las inmediaciones del Rectorado de la ULA, invitaron a una marcha pacífica «tal y como lo establece la Constitución», para exigir respuesta por parte de los entes y autoridades con competencia laboral en Venezuela. La fecha será informada en los próximos días.
