(09-03-2023) Cáritas de Nicaragua dejó de existir legalmente en Nicaragua, luego de que el gobierno que preside Daniel Ortega aprobara la cancelación de su personalidad jurídica.
De acuerdo con la información oficial del gobierno de Nicaragua, la extinción jurídica ocurrió luego de la “disolución voluntaria de miembros”.
El gobierno nicaragüense, a través del Ministerio de Gobernación, aprobó este martes la medida contra la pastoral social de la Iglesia católica.
Junto a Cáritas, también desaparecieron dos universidades católicas: la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) y la Universidad Juan Pablo II, además de una organización dedicada a la Lucha contra el Cáncer.
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Según la cartera de Gobernación, Cáritas de Nicaragua solicitó la cancelación de su personalidad jurídica “por disolución voluntaria y liquidación de dicho organismo”, acordada de forma unánime por sus miembros, en una sesión extraordinaria celebrada el 31 de enero.
El Ministerio de Gobernación aprobó la cancelación, también por disolución voluntaria, de la personalidad jurídica de la Asociación Cáritas Diocesana de Jinotega (Cáritas Jinotega), inscrita desde el 22 de septiembre de 2006.
Cáritas era el brazo pastoral social de la Iglesia Católica de Nicaragua, tal como también lo es en otros países donde hace vida la organización no gubernamental.
La disolución fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, según el acuerdo ministerial publicado en el diario oficial La Gaceta.
Cáritas de Nicaragua tenía estatus legal desde el 30 de noviembre de 1994 y la presidía desde el 15 de diciembre de 2021 monseñor Sócrates René Sándigo Jirón, obispo de la diócesis de León y Chinandega.
Serios impases entre la Iglesia y el gobierno
El fin de la existencia jurídica de Cáritas de Nicaragua ocurre en un contexto de una escalada de conflictos entre el gobierno de Daniel Ortega y miembros de la Iglesia Católica.
Las discrepancias iniciaron una vez que la Iglesia Católica denunciara violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua. Ante estas denuncias, el gobierno Ortega reaccionó con señalamientos de “traición a la patria” a varios actores de la sociedad civil nicaraguense, entre ellos, miembros de la Iglesia Católica.
En este escabroso ambiente social enrarecido, fue detenido y encarcelado el obispo Rolando Álvarez. El obispo fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión por delitos considerados “traición a la patria”. Álvarez se había negado a salir de Nicaragua en condición de desterrado por el gobierno.
Impresiones de Ortega sobre la Iglesia Católica: terroristas y golpistas
El 21 de febrero, el presidente Ortega calificó de “mafia” a la Iglesia católica y la acusó de ser antidemocrática por no permitir que los católicos elijan por voto directo al Papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes.
Ortega ha llamado “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde 2018.
También los ha calificado de “golpistas” y los ha acusado de ser cómplices de fuerzas internas y de grupos internacionales que a su juicio actúan en Nicaragua para derrocarlo.
