(25-02-2024) Clara Ramírez, directora interina de la organización FundaRedes, manifestó su inquietud ante el creciente número de niños, niñas y adolescentes que laboran en las calles de San Cristóbal, en el estado Táchira y señala que esto evidencia un riesgo inminente de deserción escolar y la ausencia de políticas gubernamentales para abordar esta situación.
Ramírez subrayó en un comunicado de prensa, la responsabilidad del Consejo de Protección y el Circuito Judicial de Atención de Niños, Niñas y Adolescentes en abordar esta problemática, al señalar que el peligro de reclutamiento por parte de bandas criminales que se aprovechan de su necesidad de obtener ingresos económicos.
Destacó la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos infantes, al convirtirse en presa fácil para mafias dedicadas a la trata de personas. La directiva recordó la labor de monitoreo e investigación de FundaRedes que alertó previamente sobre el traslado de niñas, niños y adolescentes a zonas fronterizas para ser reclutados en actividades ilegales.
«Nos alarma y preocupa enormemente ver a estos niños, entre 7, 8, 9 años, o adolescentes de 13, 14 o 15 años en las calles exponiéndose a una gran cantidad de peligros como el reclutamiento por parte de organizaciones criminales que, mediante ofrecimientos deslumbrantes, buscan convencerlos para al final someterlos a trabajos forzados y esclavitud moderna”, aseveró.
La directora interina de FundaRedes expresó su preocupación al ver a niños y adolescentes, de entre 7 y 15 años en las calles, expuestos a diversos peligros, incluido el reclutamiento por organizaciones criminales que los someten a trabajos forzados y esclavitud moderna, mediante ofrecimientos atractivos económicos pero engañosos.
Ramírez enfatizó en la responsabilidad de los organismos gubernamentales designados por la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para abordar esta situación. Mencionó que entre algunas acciones están la disposición de la ley para la colocación familiar y adopción de menores desasistidos como una medida para sacarlos de la calle.
La defensora de derechos humanos destacó la obligación de los organismos estatales de proteger a la niñez y adolescencia en el estado Táchira y en Venezuela en general.
Alerta
En junio de 2022, la ONG emitió una alerta sobre las violaciones de los derechos humanos de la infancia en Venezuela, especialmente aquellos cuyas vidas se ven amenazadas en medio de la emergencia humanitaria, sobre todo al intentar cruzar las fronteras para abandonar el país.
En ese momento manifestó que la «gran emergencia humanitaria compleja en Venezuela ha sido el punto de partida para que distintas organizaciones alcemos la voz en defensa de tantos niños víctimas inocentes de agresión», cuyos derechos han sido vulnerados.
Se destacaron entre las formas más comunes de violación de derechos la explotación infantil, la trata de personas y los trabajos forzados, así como casos de migración forzosa, particularmente peligrosos en el corredor fronterizo del país.
FundaRedes resaltó que millones de niños son víctimas de violencia extrema, sufriendo maltratos físicos, mentales y emocionales, y señaló que estos casos aumentan especialmente en países afectados por conflictos armados.
La organización lamentó que, en cualquier conflicto, los niños sean los más afectados y se comprometió a seguir defendiendo cada uno de sus derechos fundamentales.
