Estado venezolano abandonó la responsabilidad de velar por los derechos de la comunidad LGBTIQ

Fuente: Yohana Marra/Crónica.Uno

La población de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersex y queer (LGBTIQ) está desamparada por las leyes venezolanas. En el país no se reconocen, por ejemplo, el derecho al matrimonio igualitario o el reconocimiento legal de las personas trans. Ante esta invisibilización, también son víctimas de discriminación por la sociedad.


(04-10-2021). Prissila comenzó su transición muy joven, prácticamente pisando la adolescencia. Ante una sociedad homofóbica y transfóbica, y un Estado que no respeta ni defiende los derechos humanos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer (LGBTIQ), emprendió su cambio de hombre a mujer trans. 

Prissila Solórzano hoy se planta con fortaleza ante un sistema que ni siquiera le brinda identidad de género. Legalmente, su nombre es otro. Y el Estado venezolano no le garantiza una partida de nacimiento, una cédula o un pasaporte con el nombre que la hace sentir cómoda y feliz.

“Somos unos fantasmas ante el Estado, tengo un documento que no me representa con mi identidad actual. No tenemos ley de identidad y no podemos cambiarnos ni el nombre”.

Su imagen debe ser modificada al momento de tomarse la foto para la cédula o el pasaporte. Por ejemplo, no puede maquillarse o pintarse los labios, ni tener el cabello suelto como el resto de las mujeres. Debe ir con una camisa que no sea tan “femenina” para evitarse problemas con los funcionarios, porque teme que esto la perjudique para obtener sus documentos. 

Durante un trámite legal no puede tener la boca pintada o el cabello suelto, como el resto de las mujeres.

Por no tener la documentación adecuada sufrió discriminación por parte de un funcionario público cuando viajó al exterior. En el aeropuerto, antes de partir a Colombia, el hombre observó su pasaporte, le hizo varias preguntas y siempre se refirió a ella con el pronombre masculino

En Venezuela son discriminadas las personas por su identidad de género. Diariamente, se enfrentan a desafíos legales y no hay una normativa, o una legislación, que ampare directamente a la comunidad LGBTIQ.

De acuerdo con el monitoreo de la organización no gubernamental Caleidoscopio Humano, hasta septiembre se registraron nueve crímenes de odio, que se refieren a los asesinatos contra miembros de la población LGBTIQ. 

Prissila se crio en La Vega. Aunque ha sido discriminada por algunas personas, la gran mayoría de sus vecinos la respetan. Sin embargo, evita llegar de noche a su casa porque teme ser agredida en otro punto de la ciudad, o camino a su vivienda, como les ha pasado a sus amistades.

Los vecinos de la comunidad respetan a Prissila como mujer trans, sin embargo, algunas personas la han agredido verbalmente. Foto: Joselis González/Crónica Uno

“He sido agredida verbalmente y trato de evitarlos porque no sé qué tan violenta es esa persona. La gente no respeta la decisión de los demás, rechazan lo desconocido. Hay una homofobia y transfobia internalizada, no puedes vestir de una manera o comportarte de otra forma porque eres discriminada”, dijo la joven, quien también es activista de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ.

Gabriela Buada, directora de Caleidoscopio Humano, explicó que Venezuela vive una “profunda” desprotección en materia de DD. HH., al no legislar ni hacer campañas preventivas contra la discriminación.

La Constitución se refiere a la discriminación de forma muy general, por lo que omite especificaciones contra la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género.

“Aún así han habido algunos proyectos contra la discriminación, por ejemplo, en el ámbito laboral, o los que están inmersos en la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica del Derecho de las Trabajadoras y Trabajadores, la Ley de Instituciones del Sistema Bancario o la Ley para Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas”, explicó la periodista y activista de DD. HH.

El Estado debe difundir campañas informativas donde se pueda ver a las personas de la comunidad como personas sujetos a derecho. Foto: Analítica

Buada detalló que la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o SIDA y sus Familiares, incluye la prohibición de discriminación por orientación sexual cuando se es VIH positivo, pero no hay una mención hacia la comunidad LGBTIQ, que son comunidades vulnerables.

El Estado tiene la responsabilidad de legislar de una vez por todas una ley que sea más explícita, a favor de los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ, tienen el mandato, como Estado parte de organismos internacionales, de difundir campañas informativas donde se pueda ver a las personas de la comunidad como personas sujetas a derecho

Otros derechos invisibilizados

Gabriela Buada expresó que en Venezuela tampoco se respeta el derecho al matrimonio igualitario, el reconocimiento legal de las personas trans o el acceso igualitario a la adopción. Quedaron engavetadas las discusiones sobre el derecho al cambio de sexo y ni se reconocen los crímenes de odio.

La comunidad LGBTIQ tampoco puede donar sangre. “Si dices que eres homosexual, quedas descartado para donar sangre”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la ausencia de políticas públicas y legislación que garanticen los derechos de las personas LGBTIQ en Venezuela. Hizo un llamado al Estado a tomar medidas efectivas para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ y erradicar la discriminación, violencia y situaciones de vulnerabilidad a las que están expuestas.

Acuerdos y ordenanza municipal contra la discriminación

El pasado 24 de octubre los encargados del local Vera Pizza, en La Castellana, sacaron a una pareja homosexual porque bailaban juntos. A juicio del local, ellos se encontraban en un ambiente familiar y no podían hacerlo. “Dan asco”, dijo el encargado, según testigos del hecho

Acabo de vivir un hecho de discriminación. En #VeraPizza en Chacao, me acaban de decir que no puedo bailar con mi novio porque es un ambiente familiar… Por qué según ellos, es un acto asqueroso…. #DDHH #VeraPizza

— Danny Toro (@dyvert13) September 25, 2021

En el municipio Chacao es el único que ha promulgado una ordenanza sobre la No Discriminación e Igualdad en Todos los Ámbitos y Formas, ejecutada por el exconcejal Diego Scharifker, en 2016, con el objeto de promover la igualdad en la diversidad, erradicar prejuicios y estereotipos estigmatizantes y prevenir, sancionar y eliminar todas las formas de discriminación en cualquiera de sus manifestaciones.

Una pareja de homosexuales fue discriminada en un local del municipio Chacao, pese a la ordenanza para promover la igualdad. Foto:
Analítica

Quiteria Franco, coordinadora general de la organización Unión Afirmativa, sostuvo que la ordenanza prácticamente no era conocida por quienes hacen vida en Chacao. Debería estar impresa en los locales comerciales, por ejemplo, y aún hay mucho desconocimiento al respecto.

«El municipio debe colocar vallas que promuevan la no discriminación, eso no se hace, hay que poner afiches en el municipio. Esta ordenanza debería ser un modelo para que la copien otros municipios”.

Franco recordó la gravedad del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar que establece una pena de uno a tres años de prisión al militar que “cometa actos sexuales contra natura”, lo que criminaliza las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo género dentro del servicio militar.

El portal web de Unión Afirmativa documentó los acuerdos que tienen otros municipios y estados del país contra la discriminación. Actualmente, no hay leyes específicas hacia la comunidad LGBTIQ: 

  • Acuerdo del municipio El Hatillo que lo declara Libre de Homofobia, Transfobia y Bifobia (2011).
  • Acuerdo del Cabildo Metropolitano por el Día contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia (2011).
  • Acuerdo de Chacao que declara el municipio Libre de Homofobia, Transfobia y Bifobia (2014).
  • Acuerdo de municipio Baruta sobre Libre de Homofobia, Transfobia y Bifobia (2014).
  • Acuerdo del municipio Libertador que lo declara Libre de Homofobia, Transfobia y Bifobia (2014).
  • Acuerdo Municipio San Felipe (estado Yaracuy) que lo declara Libre de Homofobia, Transfobia y Bifobia (2015).
  • Acuerdo Municipio Carrizal (estado Miranda) que lo declara Libre de Homofobia, Transfobia y Bifobia (2015).
  • Acuerdo Municipio Naguanagua (estado Carabobo) que lo declara Libre de Homofobia, Transfobia y Bifobia (2016).
  • Acuerdo Municipio Bejuma (estado Carabobo) que lo declara Libre de Homofobia, Transfobia y Bifobia (2016).
  • Acuerdo del estado Bolívar que lo declara Libre de Homofobia, Transfobia y Bifobia (2014).
  • Declaración del estado Carabobo Libre de Homofobia, Transfobia y Bifobia (2016).

Este año la Asamblea Nacional aprobó el 17 de mayo como el Día nacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia en Venezuela. La diputada Niloha Ivanis declaró a los medios de comunicación que tiene como objetivo promover la lucha contra la discriminación, estigmatización, violencia y negación de los derechos por la orientación sexual. 

En 1990 la OMS eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Foto: Venezuela Diversa

El 17 de mayo también se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, ya que en esta fecha, pero de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó de su lista de enfermedades mentales la homosexualidad.

El Estado y las políticas públicas

De acuerdo con Yendri Velásquez, activista de los derechos LGBTIQ, el Estado debe promover políticas públicas integrales y efectivas, planes y programas que trabajen por la inclusión de la diversidad sexual y garanticen los DD. HH. 

“El Gobierno pregona una revolución inclusiva y garante de los DD. HH., pero no han generado políticas públicas integrales y efectivas para las personas de la comunidad, entonces es un Estado homofóbico y transfóbico por acción, por decisión política, cuando han tenido todos los recursos, y no han querido incluir este tema en la agenda”.

Aseguró que los movimientos LGBTIQ, progobierno, han tratado de incidir en las instituciones pero los han silenciado.

Las mujeres trans, por ejemplo, no pueden cambiar su identidad. Foto: Yahoo

En tanto, Quiteria Franco añadió que los funcionarios públicos también deben recibir formación en este tema ya que no saben cómo actuar cuando reciben una denuncia de una persona de la comunidad.

Si alguien va a presentar la denuncia los funcionarios no saben cómo hacer, no hay formación. Ellos deben salir de los prejuicios no solo con la población LGBTIQ porque también a la gente con discapacidad la tratan muy mal, dijo. 

Por una sociedad inclusiva

Yendri Velásquez sufrió discriminación en el colegio durante su adolescencia por parte de una docente. También recuerda los comentarios que recibió por colectores de una unidad de transporte, cuando se montó en una camionetica con un amigo con quien salía.

“Cuando nos subimos al autobús los colectores nos comenzaron a gritar “mariquitas, ¡que se besen, que se besen!”. No sabía cómo manejar esa situación porque no tenía las herramientas como ahora. En ese momento me cuestionaba lo que sentía, no entendía por qué la gente se burlaba de mí si era algo natural para mí”.

Su familia también lo discriminó con comentarios. Yendri opina que las típicas frases como “mariquita”, “me caes bien porque no pareces gay”, refuerzan más el rechazo sobre la comunidad LGBTIQ.

Ser homosexual no te encasilla en un patrón de comportamiento específico. No porque seas gay eres promiscuo o vas a morir de VIH y eso no debe ser normalizado porque estas cosas tienen un impacto en nuestra salud mental.

Por su parte, Gabriela Buada, directora de Caleidoscopio Humano, asegura que la sociedad debe formarse para respetar los derechos de la comunidad y los medios tienen un papel importante en la visibilización completa y pertinente de ellos.

Como sociedad estamos avanzando y no se está permitiendo la discriminación. Es importante informar en los medios hechos de discriminación porque se crean precedentes y se pueden formalizar las denuncias en el Ministerio Público con el acompañamiento de expertos en diversidad y las ONG.

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