La reconstrucción de Venezuela exige recuperar la institucionalidad, la separación de poderes y el Estado de derecho, con instituciones independientes y una ciudadanía activa capaz de exigir transparencia y rendición de cuentas.
FUENTE ORIGINAL: Bárbara Puglisi / EL CESPED VERDE.-
La palabra institucionalidad la hemos escuchado repetidas veces en los discursos políticos cuando se habla del futuro de Venezuela. Muchos se preguntan por qué existe tanto énfasis en este concepto si, a simple vista, pareciera que el país cuenta con instituciones gubernamentales en todos los niveles: nacional, regional y municipal. Sin embargo, la realidad venezolana es muy distinta.
Las democracias tienen como uno de sus principales pilares la existencia de instituciones sólidas, independientes y capaces de funcionar por encima de los intereses particulares de quienes ejercen el poder. A esto se suma una clara separación de poderes que permite establecer límites y controles. En Venezuela, estos principios comenzaron a ser destruidos desde los primeros años de la revolución. No fue simplemente consecuencia del desgaste institucional o de acontecimientos aislados; fue un proceso planificado y progresivo de transformación y debilitamiento del Estado que comenzó a consolidarse desde principios de la década de 2000.
El control político de las instituciones
La revolución no podía coexistir con instituciones democráticas independientes ni con una verdadera separación de poderes. Por ello, durante el gobierno de Hugo Chávez comenzó un proceso de ocupación y control de las instituciones mediante la designación de funcionarios militares y civiles leales al proyecto político en posiciones estratégicas. Desde adentro, las instituciones fueron perdiendo autonomía, mientras el poder político avanzaba sobre los espacios destinados a ejercer controles y contrapesos.
La militarización de las instituciones civiles se convirtió en una práctica cada vez más frecuente, bajo un criterio fundamental: la fidelidad a la revolución por encima de la institucionalidad y del servicio al ciudadano. El problema no era únicamente quién ocupaba los cargos, sino la transformación de la propia lógica institucional. La administración pública dejó de entenderse como un servicio al Estado y a los ciudadanos para convertirse, progresivamente, en un instrumento de control político.
PDVSA: el reflejo de la destrucción
El caso más emblemático es PDVSA, una empresa que durante décadas representó una de las principales fuentes de riqueza del país y cuyo funcionamiento tenía un impacto directo sobre la vida de millones de venezolanos. Su deterioro refleja las consecuencias de la politización, la pérdida de controles institucionales y la corrupción. Lo que alguna vez fue una de las principales empresas petroleras de la región terminó convertida en símbolo del deterioro de la gestión pública.
El paralelismo institucional
Paralelamente, unos años más adelante, la revolución se encontró con otro problema: las instituciones cuyo poder dependía directamente del voto popular. A medida que comenzaba a perder fuerza electoral y la oposición se reorganizaba y ganaba espacios, surgió una nueva estrategia: el paralelismo institucional. Allí donde una institución democrática no podía ser controlada directamente, se creaba una estructura paralela destinada a restarle poder, recursos y legitimidad.
Hablar de nueva institucionalidad no significa simplemente crear ministerios, tribunales, alcaldías, gobernaciones o cualquier otra estructura administrativa. Venezuela ya tiene nombres, edificios y cargos para casi todo. El verdadero desafío será reconstruir instituciones que funcionen independientemente de quién gobierne.
Este proceso alcanzó distintos niveles del Estado. La Asamblea Nacional, las gobernaciones y las alcaldías fueron progresivamente sometidas a mecanismos de control político, mientras se utilizaban decisiones y sentencias del Tribunal Supremo de Justicia para otorgar una apariencia de legalidad a estructuras que, en la práctica, debilitaban la institucionalidad existente.
Un país sin instituciones
El resultado de todo este proceso es el país que encontramos en 2026: un Estado profundamente debilitado y una sociedad que, después de tantos años, puede ha olvidado cómo debería funcionar una institución pública. Hemos llegado a un punto en el que parece normal que una institución tenga nombre y apellido; que dependa de una persona y no de procedimientos; que responda a intereses particulares y no al interés nacional; que los funcionarios sean seleccionados por lealtad política y no por sus capacidades; y que los controles institucionales sean sustituidos por decisiones personales.
Por eso, hablar de nueva institucionalidad no significa simplemente crear ministerios, tribunales, alcaldías, gobernaciones o cualquier otra estructura administrativa. Venezuela ya tiene nombres, edificios y cargos para casi todo. El verdadero desafío será reconstruir instituciones que funcionen independientemente de quién gobierne.
Reconstruir las reglas del Estado
La nueva institucionalidad venezolana deberá recuperar la separación de poderes, la carrera administrativa, la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la ley. Pero, sobre todo, deberá recuperar una idea que durante años fue desplazada: las instituciones no pertenecen a quienes temporalmente ocupan el poder; pertenecen al país y deben estar al servicio de sus ciudadanos.
Ninguna reconstrucción institucional será sostenible sin ciudadanía y sociedad civil. Las organizaciones sociales, universidades, medios independientes, sindicatos, gremios profesionales, comunidades y organizaciones de derechos humanos deben poder participar, fiscalizar y exigir rendición de cuentas. Una democracia no se sostiene únicamente porque existan instituciones; se sostiene porque existen ciudadanos dispuestos a defenderlas cuando son amenazadas.
La institucionalidad como base de la reconstrucción
Por eso, reconstruir la institucionalidad venezolana no significa simplemente recuperar oficinas, nombrar funcionarios o aprobar nuevas leyes. Significa construir un sistema en el que el poder tenga límites, las reglas sean previsibles, los derechos puedan ser exigidos y los ciudadanos puedan confiar nuevamente en que las instituciones existen para servirles y no para someterlos.
Reconstruir Venezuela, por tanto, no será únicamente reparar carreteras, recuperar servicios públicos o reactivar la economía. Será también reconstruir las reglas, los procedimientos y las instituciones que permitan que esos cambios sean sostenibles en el tiempo. Sin institucionalidad, cualquier recuperación será frágil. Con instituciones fuertes y una ciudadanía activa, Venezuela podrá volver a construir un Estado capaz de trascender a sus gobernantes y responder, finalmente, a su pueblo.
