El 21 de junio de 2021, el gobierno de Nicolás Maduro prometió acabar con el hacinamiento en los centros de reclusión del país. Luego de un año esta situación continúa en más de 330 recintos de los 500 que existen
(26-06-2022). El hacinamiento en los centros de detención preventiva de Venezuela supera el 150 %, de acuerdo con la ONG Una Ventana a la Libertad. Una situación que el gobierno de Nicolás Maduro prometió eliminar en 60 días desde el 21 de junio de 2021.
Hace un año el régimen creó una comisión para hacer una “revolución judicial” que tenía como objetivo descongestionar los centros de detención preventiva en dos meses, trasladando a los reos a cárceles convencionales. No obstante, para junio de 2022 se calcula un hacinamiento de 156,5 %.
Un seguimiento realizado por Una Ventana a la Libertad en 335 recintos de los 500 que aproximadamente hay en el país, muestra que al cierre de mayo de 2022, había 16.778 detenidos. Tomando en cuenta que la capacidad sumada de estos recintos es para 10.718 personas, las cifras suponen una sobrepoblación de más de 6.000 privados de libertad.
Una medida improvisada del régimen
La criminóloga Magaly Huggins, coordinadora de investigación de Una Ventana a la Libertad, aseguró que el hacinamiento no se ha solucionado en todos los centros de detención. Agregó que estos lugares solo son adecuados para albergar a un preso durante 48 horas.
“Hay menos congestionamiento en unos lados (centros preventivos), hay igual congestionamiento en otros lados y hay más detenidos que en otros momentos” expresó en una entrevista para EFE y aseguró que “este ha sido el resultado de la comisión presidencial (que creó Maduro)”.
Huggins calificó la creación de la comisión como una medida “improvisada” y sostuvo que responde más a la “presión internacional” que a una política pública planificada y organizada por conocedores del tema.
Por su parte, la presidenta del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Carolina Girón, consideró un error que la comisión buscara pasar reclusos de los centros de detención preventiva a las cárceles. Argumentó que se estaría creando más hacinamiento en las prisiones, que están “en un 154 %” de su capacidad.
Indicó en conversación con EFE que no hay forma de descongestionar los calabozos policiales si no existe una actividad estructural que empiece por solucionar el hacinamiento en las cárceles. Girón explicó que una de las causas del hacinamiento es el retardo procesal en el sistema de justicia penal, además de la detención de presos políticos y los casos de personas que “tienen meses” con boletas de excarcelación y no las liberan.
El Plan Cayapa
La comisión judicial fue creada casi una década después de que el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez lanzara el Plan Cayapa, un mecanismo que buscaba disminuir el retardo procesal.
Huggins afirmó que este plan, coordinado por los directores de los centros de detención preventiva, sigue funcionando y que, según las mediciones hechas por Una Ventana a la Libertad, hay zonas en donde “han sacado o transferido más gente que la misma comisión presidencial”.
Según la investigadora, la comisión trasladó a prisiones a 69 detenidos entre enero y mayo de 2022. Mientras que, en ese mismo lapso, el Plan Cayapa trasladó a 766 privados de libertad.
Las fallas de la comisión
De acuerdo con Magaly Huggins, una de las principales fallas de la comisión es que está presidida por “políticos que no tienen idea de lo que es un debido proceso para estos casos”.
Nicolás Maduro nombró al diputado de la Asamblea Nacional oficialista Diosdado Cabello, como presidente de la comisión y a la diputada de la misma instancia Cilia Flores como vicepresidenta. El resto de los integrantes de la comisión está integrada por diputados y funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y la Defensa Pública, además de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Huggins detalló que en las labores de la comisión no dejaron participar a los abogados defensores, lo que consideró “un error inmenso porque podían facilitar el trabajo”.
Por su parte, Carolina Girón aseguró que la presencia de diputados y miembros del cuerpo militar y policial “vulnera el principio de separación de poderes y desnaturaliza la competencia exclusiva del poder judicial de administrar justicia”.
Falta de atención médica
El 10 de mayo el OVP presentó su informe anual de 2021, denominado La crisis del sistema penitenciario, un reflejo del abandono del Estado, en el cual describe que la población reclusa, por sus condiciones de encierro, dependen necesariamente del Estado para la promoción y la protección de la salud. Sin embargo, debido a la profunda crisis sanitaria en el país, el problema se ha adentrado de forma extensiva en los centros de reclusión, vulnerando continuamente los derechos a la vida y a la salud de los presos.
La organización recordó que desde el año 2019 la primera causa de muerte en las cárceles del país es por padecimientos de salud. Además, añadió que no existe un centro de salud completamente operativo dentro de los perímetros de la cárcel.
En el informe, la ONG señaló que la falta de médicos fijos y cualificados, personal de área de la salud en general, medicinas e insumos médicos, deja al descubierto la omisión del Estado venezolano. De acuerdo con el estudio, al menos 126 personas privadas de libertad fallecieron en 2021, de los cuales 90 fueron por cuestiones de salud.
Las principales patologías registradas durante el año fueron la tuberculosis, desnutrición grave, neumonía, hepatitis, paludismo, escabiosis, enfermedades gastrointestinales y enfermedades cardiovasculares.
Con información de EFE
