Fuente original: Tal Cual. – El director del Saime, Gustavo Vizcaíno, mencionó que se avanza en el proyecto de una nueva cédula de identidad, una promesa que se acumula desde hace 22 años en Venezuela. Dos décadas de anuncios incumplidos, retrasos, millones invertidos que no terminaron en resultados prometidos, preocupaciones sobre privacidad y desarrollos de sistemas paralelos de control social. Muchos de los anuncios a lo largo de los años han sido alrededor de eventos electorales
En medio de las informaciones que tienen que ver con la nueva plataform digital del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), su director Gustavo Vizcaíno volvió a mencionar un retrasadísimo proyecto de modernización de las cédulas de identidad: la «cédula de identidad electrónica».
En una reciente entrevista en un portal oficialista, el funcionario dijo que los cambios del sitio web permitirán avanzar en el desarrollo de un nuevo documento: «podremos tener una cédula, bien sea inteligente, bien sea digital, ya los equipos están tratando para presentarle al ciudadano presidente de la República el documento requerido para su aprobación. Eso está en fase de análisis, de estudio, si va llevar un chip, si será con código QR, si será con código de barra, este sistema estará preparado inclusive para toda esa nueva modalidad».
La declaración del director del Saime recupera una vieja promesa oficial, a la que él mismo ha contribuido pues en abril de 2022 decía que la nueva cédula «almacenará entre los datos personales, además de nombres y apellidos, el número de licencia de conducir, datos como el tipo de sangre, enfermedades preexistentes, medicamentos que se consumen y contactos de emergencia» en un chip. Eso sí, no dijo cuándo saldría a diferencia de varios de sus antecesores.
En cualquier caso, la «cédula electronica» es un viejo proyecto que ha cambiado de manos, que ha sido alimentado con millonarias inversiones que no mostraron resultados, y que incluso terminó sirviendo para el control social a través del carnet de la patria, no sin pocas procupaciones de privacidad de datos.
Viaje al pasado
Es una historia que comienza en 2001 con la licitación convocada por el entonces ministro de Interior, Luis Alfonso Dávila. En aquel momento la ganó la empresa coreana Hyundai, que se proponía «recedular», en 48 meses, a todos los venezolanos con la nueva “cédula electrónica” para solventar millones de fallas del registro que se habían detectado en el Archivo de Venezolanos Cedulados (AVC) y el Archivo de Extranjeros Cedulados (AEC) desde finales de los años 90 en el registro de cedulados.
Ese mismo año, el ministerio pasó a manos de Luis Miquilena y se paralizó el proyecto atendiendo observaciones de la Asamblea Nacional, según consta en la Gaceta Oficial número 37.272, del jueves 30 de agosto de 2001. El silencio duró dos años.
En 2003 un informe técnico respondía y anulaba las observaciones y preocupaciones del parlamento, y abría camino para retomar el desarrollo de la nueva cédula de identidad. Pero el ministro de Interior ya era otro: Lucas Rincón Romero. Entonces se comenzó un nuevo plan desde cero, y se paralizó la auditoría de Archivo de Venezolanos Cedulados (AVC) y el Archivo de Extranjeros Cedulados (AEC) que, según fuentes periodísticas, no se ha hecho desde entonces.
En 2004, y frente a la amenaza del referendo revocatorio que pretendía desalojar a Hugo Chávez del poder, comenzó la Mision Identidad. Aquel programa aumentó la cantidad de cedulados en operativos rápidos entre abril y junio de aquel año, atendiendo a una «deuda» que argumentaba el Estado venezolano. En esos tres meses y justo antes de las votaciones convocadas para agosto, fueron cedulados 5.076.660 venezolanos, incluyendo 675.398 personas que no tenían cédula.
Al mismo tiempo, fueron inscritos 1.343.976 nuevos electores en el Registro Electoral, mientras que por la vía ordinaria se inscribieron 629.078, para un total de 1.973.054 nuevos electores que pudieron participar en el referendo. Hugo Cabezas había asumido la dirección de la entonces Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (Onidex).
En 2005, el ministro de Interior era Jesse Chacón y se anunció un nuevo sistema de identificación que traería, ahora sí, la cédula electrónica, en el marco del Proyecto para la Transformación del Sistema de Identificación, Migración y Extranjería. Fue cuando se decidió la compra de la torre ACO en Las Mercedes, que estaba en manos de Fogade para convertirla en la nueva sede de la Onidex, algo que nunca terminó de concretarse pues la infraestructura está en uso por ese organismo pero no como oficinal central. En todo caso, la nueva cédula se anunció que comenzaría a distribuirse entre 2006 y 2008 por un costo de unos 200 millones de dólares.
