Gabriela Buada, de Caleidoscopio Humano, destaca que hubo una obstrucción sistemática por parte de las autoridades. Martha Tineo, de JEP, asegura que la Corte avanza en la investigación.
Fuente original: Efecto Cocuyo. – La decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de retirar su oficina técnica de Caracas evidencia, según las expertas consultadas, el fracaso de los mecanismos de cooperación que el Estado venezolano prometió implementar para el fortalecimiento del sistema de justicia interno.
Este movimiento administrativo de la CPI valida las denuncias que sostienen organizaciones de la sociedad civil sobre la inexistencia de investigaciones sobre presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en el país desde el año 2014. El cierre responde, según la propia CPI, a la imposibilidad de ejecutar el principio de complementariedad ante la falta de voluntad política para procesar a los presuntos responsables de estos crímenes.
La Fiscalía de la CPI anunció este lunes, 1 de diciembre, que cerrará su oficina en Caracas debido a la ausencia de un «progreso real» en la implementación de la complementariedad, ese principio que exige a los órganos de justicia del país investigar seriamente los crímenes antes de la intervención del tribunal.
El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó en su discurso ante la 24ª Asamblea de Estados Parte que, pese al «compromiso sostenido» con las autoridades locales, la institución concluyó que los avances siguen siendo un reto inalcanzable, por lo que decidieron clausurar la instancia instalada en 2024; sin embargo, Niang subrayó que la investigación sobre los presuntos crímenes permanece activa y dirigida por un equipo de fiscales desde La Haya.
Para comprender cuál es el alcance de esta medida o cómo pudiera afectar la investigación de los casos y las víctimas, en Efecto Cocuyo sostuvimos una conversación telefónica con las defensoras de derechos humanos Gabriela Buada, quien coordina la ONG Caleidoscopio Humano, y con Martha Tineo, directora de la ONG, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).
Ausencia de expedientes
Las organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que el cierre de la oficina confirma las advertencias que realizaron desde la firma del memorándum de entendimiento, documento que en la práctica no generó el intercambio de información prometido por el Ejecutivo.
Gabriela Buada explica que la sociedad civil anticipaba este desenlace (falta de cooperación), porque la administración de Nicolás Maduro nunca cumplió con la entrega de pruebas ni facilitó el acceso a los expedientes que supuestamente cursan en la fiscalía nacional.
La activista y comunicadora social señala que esta situación dejó a las víctimas y a sus familiares sin información detallada sobre el estatus de sus causas procesales.
“Sabíamos que esto no era viable, porque la oficina se creó justamente luego de haber firmado el memorándum de entendimiento […] donde estaría la cooperación por parte de la administración de Nicolás Maduro, y esa cooperación se refería justamente a entregar todas las pruebas, entregar todas las investigaciones, cosa que no ocurrió”, sostiene.
La oficina técnica de la CPI en Caracas no logró impulsar avances concretos en las investigaciones internas, ya que el Estado venezolano mantiene una postura que impide el esclarecimiento de los hechos denunciados desde el año 2014.
El cierre de la instancia física no representa un retroceso ni un avance, sino el reconocimiento oficial de una obstrucción sistemática por parte de las autoridades, asegura Buada y destaca que la permanencia de los funcionarios de la CPI en Caracas no generó ningún cambio sustancial en la conducta del Estado frente a los crímenes documentados.
La realidad operativa en los tribunales del país contradice el discurso oficial sobre el respeto al principio de complementariedad, debido a que las víctimas que acuden a las dependencias de justicia del Estado encuentran revictimización en lugar de respuestas.
Buada detalla que ninguno de los casos presentados ante la justicia internacional muestra progreso en la jurisdicción local.
“La verdad es que no ha habido ningún avance. Las víctimas se han mantenido en pie, se han mantenido yendo, visitando las distintas dependencias del Estado, Fiscalía para revisar sus casos […] y la verdad es que no han conseguido respuesta, han conseguido revictimización, han conseguido incluso persecución”, indica.
Diferencia entre asistencia técnica y proceso penal
Es fundamental distinguir el rol que cumplía la oficina clausurada frente al curso de la investigación penal, pues esta última opera de manera independiente y no sufre alteraciones por el retiro del personal técnico.
Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, aclara que la oficina en Caracas tenía un mandato exclusivo de asistencia técnica para capacitar y apoyar reformas institucionales, un objetivo que pierde sentido si el Estado receptor carece de la voluntad política para mejorar su sistema de justicia; por lo tanto, la decisión de cerrar este despacho responde a la lógica de no invertir recursos en una capacitación que las autoridades venezolanas no tienen intención de aprovechar para realizar reformas genuinas.
“¿Qué sentido tenía insistir en ofrecer capacitación técnica si no existe la voluntad por parte de las autoridades de superar esas deficiencias para optimizar el funcionamiento del sistema de justicia? Allí el agravamiento de la crisis evidentemente da un mensaje y es precisamente esa falta de voluntad por parte de las autoridades”, explica.
El proceso conocido como «Venezuela I» continúa su curso desde la sede en los Países Bajos sin depender de la presencia física de funcionarios en territorio venezolano. Tineo insiste en que el cierre de la oficina de asistencia no obstaculiza ni detiene la investigación principal, ya que la Fiscalía de la CPI sigue recabando evidencias para individualizar responsabilidades penales al margen de la cooperación técnica fallida.
La abogada señala que la Corte avanza bajo la premisa de que el sistema venezolano no posee las capacidades ni la intención de juzgar a los máximos responsables de los presuntos delitos de lesa humanida.
“El cierre de esta oficina en lo absoluto perjudica, detiene, obstaculiza la investigación. La investigación avanza, eso es lo que ha señalado la fiscalía y lo que se ha decidido es que siendo que no hay evidencia de la voluntad de las autoridades venezolanas (…) se dan cuenta que no tenía sentido mantenerla”, reitera.
Aunque la situación de derechos humanos y detenciones arbitrarias en el país muestra un agravamiento en la represión y persecución política desde que se celebraron los polémicos comicios presidenciales el 28 de julio de 2024, Tineo señala que los tiempos procesales de la justicia internacional obedecen a estándares de prueba rigurosos y no necesariamente a la coyuntura inmediata.
Ante esto, la abogada explica que la Fiscalía de la CPI toma en cuenta la información actual para nutrir el expediente, pero recuerda que el caso se encuentra aún en fase de investigación para determinar responsabilidades individuales, una etapa que requiere precisión técnica y que difiere de los tiempos de emergencia que viven las víctimas.
“La propia fiscalía ha reconocido que tiene razones para creer que se han cometido (crímenes de lesa humanidad), por eso estamos precisamente en una fase de investigación, pero lamentablemente los tiempos de la justicia internacional no suelen ser nunca los tiempos de la emergencia”, añade.
Rol de la sociedad civil
El retiro de la oficina de la CPI ocurre en un entorno de alta vulnerabilidad para quienes documentan abusos, aunque los defensores aseguran que el riesgo es una constante que no dependía de la presencia de los funcionarios internacionales.
Buada señala que la seguridad de los activistas nunca estuvo garantizada por la oficina técnica, ya que durante su funcionamiento continuaron los discursos estigmatizantes, las amenazas y la aprobación de leyes restrictivas contra el espacio cívico y la detención de activistas políticos y de derechos humanos.
“No sentíamos seguridad con una oficina acá, tampoco sentimos seguridad con su partida. Y en medio de todo esto vemos cómo se amenaza otro de los defensores de derechos humanos a través de los medios de comunicación, como es el caso del señor Raúl Cuba, fundador de Provea”, sostiene.
Las organizaciones no gubernamentales reafirman su compromiso de mantenerse en el terreno para acompañar a las víctimas y documentar las violaciones que siguen ocurriendo, independientemente de la ubicación logística de la Corte.
Buada destaca que la crisis de derechos humanos persiste con detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, por lo que el trabajo de monitoreo resulta indispensable para alimentar los procesos de justicia internacional que siguen abiertos.
“Quienes estamos en terreno tenemos una amenaza extrema. Seguimos acompañando a las víctimas y seguimos haciendo el trabajo estando la CPI o no estando”, aclara.
Martha Tineo concluye que los avances logrados hasta ahora, incluyendo el reconocimiento de la situación por parte de la Fiscalía de la CPI, son un logro directo de la perseverancia de quienes denuncian y de las organizaciones que sistematizan esa información.
La abogada recalca que, aunque el proceso sea lento, la investigación activa representa una esperanza de verdad y reparación que trasciende las maniobras políticas locales.
“El mensaje a las víctimas es claro: su trabajo, su participación, su intervención, su vocería, su denuncia permanente, tiene un valor fundamental y ha determinado que esa investigación permanezca. Así que todos los avances que haya en materia de justicia definitivamente son un logro de las víctimas”, finalizó.
