Por Duvraska Matos
(20-08-2023) El agua potable es vital para el desarrollo humano, sin embargo, en los últimos años ha sido de los derechos más vulnerados por parte del Estado venezolano.
La escasez de agua en Venezuela ha influido negativamente en el desarrollo socioeconómico, la energía, la producción de alimentos y la proliferación de enfermedades.
El agua es un derecho reconocido por la Asamblea General de la ONU como “Derecho Humano al agua y saneamiento” en julio del 2010.
La Organización de Naciones Unidas afirma que:
“… todos los seres humanos tienen derecho a tener acceso a una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal (entre 50 y 100 litros de agua por persona y día), segura, aceptable y asequible (el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar), y accesible físicamente (la fuente debe estar a menos de 1.000 metros del hogar y su recogida no debería superar los 30 minutos)”
¿Cómo el Estado venezolano desde hace más de una década ha vulnerado este derecho?
Uno de los principales problemas es la falta de inversión en la infraestructura y mantenimiento de los sistemas de suministro de agua, lo cual, ha generado la interrupción del suministro de agua en gran parte del país.
Así mismo, la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, la contaminación del agua por la industria petrolera y minera causan problemas graves que afectan la disponibilidad y calidad del agua en Venezuela.
La gestión del agua es una problemática de gran relevancia en el país.
La falta de coordinación entre los organismos encargados de suministrar el agua ha ocasionado conflictos entre comunidades que comparten recursos hídricos.
Además, la corrupción y la poca transparencia en los recursos destinados para el suministro y saneamiento del agua son problemáticas que deben ser afrontadas para garantizar una vida digna en la población venezolana, igualmente para cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible sobre el agua y saneamiento.
La crisis económica ha agravado el problema de la escasez del servicio de agua en el país.
La falta de inversión en infraestructura y la escasez de recursos financieros han limitado la capacidad del Estado para abordar estas problemáticas.
El Estado venezolano realmente no ha puesto interés en solucionar el problema de raíz, los limitados recursos económicos destinados a la problemática del agua son utilizados para entregar en las comunidades pipotes y/o tanques de agua para la recolección de la misma.
Es preciso mencionar que las personas no son informadas sobre una práctica correcta de higiene y saneamiento del líquido vital, y tampoco tienen el conocimiento real sobre al problema de infraestructura y mantenimiento de las cuencas hídricas.
Es necesario que el Estado venezolano genere políticas que solucionen la problemática en Venezuela.
La Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) de Venezuela informó que “en los años 2019 y 2020, el 75 % de la población no recibía agua todos los días”.
Esta misma encuesta muestra que, en muchas zonas, la frecuencia de suministro es menos de dos días a la semana, lo que obliga a la gente a recurrir a fuentes de agua contaminada.
Durante los últimos cinco años, en las circunstancias de la Emergencia Humanitaria Compleja, y hasta marzo 2020, 18 millones de personas, que representa 63 % de la población que habita en viviendas conectadas al sistema de acueductos, sufrieron interrupciones constantes del suministro de agua.
En tales interrupciones, 2,5 millones de personas (9,7 %) recibió agua solo una vez a la semana, 3,6 millones (14,3 %) cada dos semanas o una vez al mes, y 3,4 millones (13,3) no la recibió nunca.
Por lo tanto, se requiere una mayor inversión en políticas públicas y prácticas que promuevan una gestión sostenible que garantice el acceso del agua potable para todos los venezolanos.
El acceso al agua potable de forma continua garantiza la supervivencia de los seres humanos y la adaptación al cambio climático.
