Francisco González/Internacionalista/Líder emergente de MonitorDescaVe e Investigador de Caleidoscopio Humano
(19-06-2024) La violencia sexual abarca todos aquellos actos que vulneren el derecho de una persona a decidir, de manera consensuada, libre y voluntaria, sobre su sexualidad. El acoso, el estupro y la violación, son ejemplos comunes.
En Venezuela, la violencia sexual está tipifica como delito en el Código Penal y en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde actos enmarcados en este subtipo de violencia son condenados penalmente.
Las personas LGBTQI+ venezolanas, víctimas de un Estado que aún no reconoce derechos como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y el cambio de género, son personas especialmente vulnerables a sufrir violencia sexual.
Por citar ejemplos, el acoso callejero en Venezuela es una realidad diaria. En un estudio publicado por Unión Afirmativa en 2021 se documentó que el 48,1 % de las personas LGBTQI+ manifestó haber sido víctima de acoso sexual en el país.
En contraste con dichas cifras, es común observar que estos delitos no son denunciados, debido a que la LGBTQI+fobia en Venezuela no es solo social, sino también institucional. Con frecuencia, policías, tribunales, jueces y demás autoridades desestiman, entre burlas, las denuncias presentadas.
En algunos casos, el acoso se convierte en agresión. Según estudios presentados en 2022 por el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTQI+, el 18 % de las personas de la comunidad en Venezuela manifiestan haber sido víctimas de violencia física.
La violencia física, cuando se ejerce sobre personas en situación de vulnerabilidad, con frecuencia se transforma en violencia sexual. En estos casos, el delito es distinto, pues en lugar de ser solo violencia sexual, se trata de violencia sexual motivada por el odio.
Se han documentado violaciones “correctivas” a mujeres lesbianas, bajo el argumento de “hacerlas mujeres”.
La mayor parte de estos delitos no son denunciados, puesto que, de nuevo, las víctimas se ven expuesta a una doble discriminación al intentar buscar justicia ante instituciones machistas, conservadoras y profundamente LGBTQI+fóbicas.
Los asesinatos de personas LGBTQI+ son crímenes con frecuencia ignorados por la sociedad. Términos como “lesbocidio” o “transfemicidio”, que en otros países han sido adaptados, en Venezuela son un completo tabú.
Las personas trans se ven afectadas de manera diferenciada dentro de este marco de discriminación y violencia sistemática.
De acuerdo con datos de COFAVIC, entre 2009 y 2017, el 70 % de las personas LGBTQI+ asesinadas en el país eran trans.
En definitiva, en un contexto de odio, discriminación y LGBTQI+fobia, la violencia sexual se ha convertido en una herramienta para censurar y segregar a miles de personas.