Día de la Tierra: Venezuela, el país donde no existen los derechos ambientales

El Estado no garantiza el ambiente sano al que toda persona tiene derecho como parte de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca)

María Alejandra Silva/Caleidoscopio Humano

(22-04-2022)

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 22 de abril de cada año como el Día Internacional de la Madre Tierra, una efeméride oficializada en 2009.  

La ONU también  invita en esta fecha a todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las partes interesadas a observar el Día Internacional de la Madre Tierra y crear conciencia al respecto.

El primer antecedente del Día de la Tierra se retrotrae a 1968 cuando el Servicio de Salud Pública de EE.UU. organizó el Simposio de Ecología Humana para que estudiantes de diversos lugares escucharan a científicos hablar sobre los efectos del deterioro ambiental en la salud humana. 

El Cambio Climático

El cambio climático, los efectos provocados por el hombre en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad, como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva o el creciente comercio ilegal de vida silvestre, pueden acelerar el ritmo de destrucción del planeta. 

El Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), fomentan la cooperación internacional entre las partes sobre educación, formación, concienciación pública, participación pública y acceso público a la información sobre el cambio climático.

Es importante considerar que el cambio climático es uno de los desafíos principales que enfrenta la humanidad en este siglo XXI, debido a que, sus principales manifestaciones tienen repercusiones en la biología, economía y en la sociedad.

Venezuela y los derechos ambientales

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) establece que “toda persona tiene derecho individual y colectivo a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”.

Sin embargo, el Estado venezolano no cumple con lo establecido en la Carta Magna nacional. En los últimos años hemos visto el incremento de derrames petroleros, la deforestación y explotación ilegal de nuestros recursos naturales.

El pasado 25 de marzo, el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales afirmó que, entre 2016 y 2021, documentó 199 derrames petroleros en el país, los cuales, en la «gran mayoría» de los casos, no fueron comunicados por las autoridades.

La ONG sostuvo que estos derrames afectaron a quince regiones del país y, más del 90 %, ocurrieron en los estados de Anzoátegui, Monagas, Zulia, Sucre, Falcón y Carabobo.

La ONG Fundaredes también denunció “el grave impacto ambiental y los destrozos” en el amazónico estado Bolívar, ubicado al sur del país, por la explotación de oro que realizan empresas autorizadas por el gobierno de Nicolás Maduro. 

“Sin control alguno, continúa el grave impacto ambiental y los destrozos al pulmón vegetal en el estado Bolívar por parte de las empresas transnacionales autorizadas por el gobierno nacional para la explotación del oro, aunado a las acciones de los grupos criminales que hacen vida en la región”, dijo la organización en un comunicado de prensa.

El pasado 11 de enero, la iniciativa venezolana Proyecto Educación, Producción y Ambiente (EPA) repudió también la minería de extracción en la zona que compone el Arco Minero del Orinoco y su uso como “fachada” para que grupos militares e irregulares armados operen en las zonas donde se extrae oro y otros minerales.

El Arco Minero del Orinoco es el nombre con el que denominan a la zona ubicada entre los estados Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas. En este territorio se encuentran 36 áreas protegidas entre parques nacionales y monumentos naturales.

Los derechos ambientales en Venezuela son vulnerados a diario causando graves daños, por lo que, desde distintas organizaciones, hemos denunciado la situación y exigido al Estado respeto a la Constitución Nacional para crear un ambiente sano que sirva a las próximas generaciones y dignifique a las personas y grupos vulnerables.

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