El Estado no legisla desde la inclusión y el respeto a los derechos de todas las personas
Emmanuel Rivas/Caleidoscopio Humano
(26-10-2022) “En Venezuela se garantiza el desarrollo integral de las personas con discapacidad, de manera plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidades”, así lo aseguró la viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica, Alana Zuloaga, ante las Naciones Unidas el pasado mes de marzo. Nada más alejado de la realidad.
Diversas organizaciones no gubernamentales denuncian, de manera constante, las desigualdades y limitaciones con las que, las personas con algún tipo de discapacidad, se encuentra en el país.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, en el censo de 2011, en Venezuela había 1.5 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Se toma este dato pues el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis) no cuenta con un censo actualizado tal y como lo establece la Ley Para Personas Con Discapacidad (LPCD) sancionada en el año 2007.
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Para denunciar la situación, la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) presentó un informe que evidencia las violaciones a los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad durante el período enero-agosto 2022.
El documento “es producto de un análisis de los casos con mayor relevancia y que se registran constantemente en la base de datos de esta organización y que tiene como fin, velar por el ejercicio de los Derechos Humanos de estas personas que tienen un nivel muy alto de vulnerabilidad”, destacó la organización.
Acceso a la justicia
La falta de intérpretes de señas en el sistema de justicia venezolano es una vulneración a los derechos de las personas con discapacidad. Durante el período presentado por Consorven, se registraron dos casos donde el sistema de justicia venezolano no garantizó el intérprete de lengua de señas como parte del derecho al acceso a la justicia.
Uno de los casos es el de una adolescente con discapacidad auditiva del estado Yaracuy quien presuntamente fue víctima de abuso sexual de parte de un vecino de 76 años de edad. La defensa tuvo que financiar particularmente un intérprete para tomar la declaración de la víctima, ante la falta de respuesta del tribunal.
Acceso a un nivel de vida adecuado
Las personas con discapacidad en Venezuela cada día tienen menos calidad de vida. Sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) son vulnerados al no contar con inclusión en el campo laboral, tampoco en los espacios comunes ni en actividades que promuevan su participación.
La alimentación es uno de los derechos más violentados pues, el poco poder adquisitivo de las personas con algún tipo de discapacidad, incrementa su inseguridad alimentaria.
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Consorven, en su informe, destaca los casos de Aracelys Padrón, persona con deficiencia visual de 66 años quien vive en Caracas. Aracelys señala que trabaja como cajera en una clínica privada y vive con su esposo quien es pensionado, comenta que se le dificulta mucho acceder a una alimentación balanceada y en ocasiones no logran hacer las debidas tres comidas, por falta de recursos económicos.
Esta misma situación les ocurre a Josué Rodríguez con dificultad cognitiva y habitante del estado La Guaira y Sofía Pereira, con discapacidad motora y residente del estado Zulia, quienes ven vulnerados su derecho a la educación y la alimentación.
Derecho a la salud
En el informe presentado por Consorven, se destaca que la salud con las personas con discapacidad no está garantizada en Venezuela y que, es una situación que no se refiere a la reciente pandemia por Covid19; si no que, por el contrario, se remonta a años.
“Se registraron casos de personas con discapacidad que refieren no tener acceso al sistema de salud desde hace más de tres años, es decir, antes de la pandemia (…) El poco poder adquisitivo de las Personas con Discapacidad no les permite buscar otras opciones como centros médicos privados donde puedan atender alguna patología y menos si se trata de procedimientos de alto costo como las intervenciones quirúrgicas”, destaca.
Accesibilidad, transporte y comunicación
En agosto del año 2021, las redes sociales se activaron para rechazar que a Kelly Ayary, una joven en silla de rueda, le fue negada la entrada a una conocida tienda de ropa en Caracas.
“Yo iba a entrar a comprar y me corrieron porque no se puede entrar en silla de ruedas”, denunció.
El artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias en cuanto a condiciones de espacios físicos, transporte, información y comunicación a los fines de asegurar el acceso de las Personas con Discapacidad en igualdad de condiciones, con el propósito de vivir de forma independiente y participar todos los aspectos de la vida.
Los casos como el de Kelly Ayary son más comunes de lo que imaginamos. Cada día, a la hora de usar el transporte público, de comunicarse o de querer hacer compras, se encuentran con barreras que vulneran sus derechos y limita su calidad de vida.
Corresponde al Estado venezolano legislar desde la inclusión y hacer cumplir las leyes existentes. Además, fortalecer el sistema sanitario que permita garantizar terapias de rehabilitación, acceso a medicamentos de alto costo y un sistema de consultas que permita hacer seguimiento a las diferentes discapacidades si así lo ameritan. No hacerlo es una violación de los derechos humanos de los casi 2 millones de personas con algún tipo de discapacidad que viven en Venezuela.
Descarga el informe completo de Conserven AQUÍ
