Gabriela Buada, de Caleidoscopio Humano, advierte que los excarcelados son obligados a firmar un documento. Kelvin Zambrano, de la Coalición por los DDHH y la Democracia, destaca que los liberados siguen sometidos a procesos viciados
Fuente original: EFECTO COCUYO. –
El año 2026 inició con una nueva ola de excarcelaciones que el gobierno de Nicolás Maduro cifra en 87 personas, tras una revisión que el líder chavista calificó de “exhaustiva”. Sin embargo, hasta la tarde de este viernes 2 de enero, diversas organizaciones no gubernamentales solo confirman entre 55 y 75 casos verificados.
Esta discrepancia entre el anuncio oficial del Ministerio del Servicio Penitenciario y el registro de los defensores de derechos humanos es producto de la opacidad en la publicación de listados oficiales por parte de las autoridades gubernamentales.
Las excarcelaciones ocurrieron principalmente en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, donde los familiares reportaron salidas desde la madrugada del 1 de enero. Entre los nombres confirmados por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, el Foro Penal y la Coalición por los Derechos Humanos figuran ciudadanos provenientes de estados como Barinas, Distrito Capital, Zulia y Lara.
Este operativo representa la segunda avanzada de medidas sustitutivas en menos de una semana, tras el reporte inicial de 99 excarcelaciones el pasado 25 de diciembre de 2025.
Para analizar este panorama, Efecto Cocuyo conversó vía telefónica con Gabriela Buada, coordinadora de Caleidoscopio Humano, y Kelvin Zambrano, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Ambos expertos coinciden en que el Estado utiliza estas medidas para mantener el control sobre los movimientos y la voz de los ciudadanos, quienes ahora enfrentan un régimen de presentación cada 30 días y prohibición de salida del país.
“Si bien es cierto hay mucha satisfacción y alegría por estas excarcelaciones, recordemos que son eso: excarcelaciones, no son libertades plenas”, destacó Buada.
Firman documentos para asegurar que fueron bien tratados
Gabriela Buada identifica un patrón de coacción legal que el Estado aplica antes de que el detenido abandone el recinto penitenciario. La activista señala que los funcionarios obligan a los presos políticos a firmar documentos donde aseguran haber recibido un trato digno y gozar de perfecto estado de salud. Una práctica que busca invalidar cualquier testimonio o examen médico futuro que denuncie torturas, tratos crueles o degradantes sufridos durante el cautiverio.
A los excarcelados se les prohíbe, apunta Buada, hablar con los medios de comunicación o con organizaciones defensoras de derechos humanos para evitar que aporten detalles sobre las condiciones de reclusión en prisiones como Tocorón, Yare I o El Rodeo.
“Les obligan a firmar un documento en el que dicen que fueron tratados de buena manera para invalidar cualquier otro testimonio que vislumbre un posible caso de tortura”, sostuvo.
Ausencia de criterios humanitarios
El proceso de excarcelación carece de criterios humanitarios claros y transparentes, según la documentación de Caleidoscopio Humano. Buada señala que el sistema ignora las protecciones que el Código Penal establece para poblaciones vulnerables, manteniendo tras las rejas a más de 70 personas mayores y ciudadanos con enfermedades crónicas.
Buada denuncia que la selección de los beneficiarios responde a una agenda política y no a una revisión técnica de los derechos fundamentales de los detenidos.
La logística empleada para estas salidas también refleja, dice la activista de derechos humanos, un patrón de malos tratos hacia las familias de los presos políticos, debido a que el Ministerio del Servicio Penitenciario suele llamar a las madres y esposas a las 3 de la mañana, lo que las obliga a realizar traslados de emergencia hacia cárceles distantes sin transporte público garantizado.
Existen reportes de ciudadanos que las autoridades dejan abandonados en estaciones de servicio en plena madrugada.
“Existe un patrón de maltrato o de tratos crueles que se repite en la madrugada donde familiares tienen que resolver cómo buscarlo, incluso muchísimos se reportaron que los dejan tirados”, apuntó.
Fragilidad jurídica y la amenaza de revocatoria
Kelvin Zambrano, de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, advierte que las personas liberadas el 1 de enero siguen sometidas a procesos penales viciados y abiertos.
Destaca que los tribunales aplican el artículo 245 del Código Orgánico Procesal Penal para otorgar libertades condicionales, pero impiden la juramentación de abogados de confianza e imponen en su lugar defensores públicos. El abogado resalta con preocupación que el Estado ha revocado medidas similares seis años después de su otorgamiento.
Para el defensor de derechos humanos, el hermetismo oficial dificulta conocer el alcance real de las restricciones impuestas a ciudadanos y señala que las autoridades prohíben a los familiares informar sobre las medidas bajo la amenaza de encarcelar nuevamente a sus parientes.
Aunque el alcance exacto varía, las boletas de excarcelación suelen incluir prohibición de salida del país, confinamiento en áreas metropolitanas específicas y la restricción de participar en manifestaciones públicas.
“Fíjate que en los últimos meses hemos observado cómo se le ha revocado medidas a personas (…) les revocan estas medidas y vuelven otra vez a estar privados de libertad”, detalló.
Presión externa
Sobre la posible influencia de Estados Unidos en estas decisiones, tras las tensiones de los últimos meses entre el gobierno de Donald Trump y Maduro, Zambrano descarta que las excarcelaciones obedezcan a presiones diplomáticas externas.
El abogado sostiene que este proceso responde a la necesidad del gobierno de construir una narrativa donde ellos demuestran tener el control absoluto sobre el tiempo y las personas elegidas para salir. Argumenta que, si existiera una presión efectiva de Washington, las autoridades venezolanas ya habrían otorgado la libertad a los ciudadanos extranjeros que permanecen en custodia y describe el criterio de selección como una “tómbola”, en la que el Estado decide quién recibe el beneficio sin transparencia alguna.
La «puerta giratoria» asegura que el número de presos políticos funcione como una ficha de canje constante para el Ejecutivo.
Para finalizar, Buada señala que si el gobierno tuviera voluntad real de cumplimiento internacional liberaría plenamente a periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos con condiciones de salud irreparables. Sin embargo, el gobierno opta por liberar grupos pequeños en fechas festivas mientras mantiene juicios injustos y nuevas amenazas.
“Yo creo que esto es parte de ese patrón o ese juego macabro de excarcelaciones (…) porque si fuese por presión, lo primero que haría es liberar a todas las personas presas políticas injustamente”, concluye Buada.
