María Alejandra Silva/Caleidoscopio Humano
(25-03-2023) La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), presentó su informe anual 2022, donde refleja la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en Venezuela. Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, señaló que durante el periodo de 2022, la organización que representa, realizó varios estudios de investigación abordando los derechos establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
De Gouveia aseguró “de los 305 casos de vulneración de derechos humanos identificados, la mayor incidencia recae en el acceso a la salud y a un nivel de vida adecuado”.
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“Ocho de cada 10 personas con discapacidad motora necesitan terapias de rehabilitación. Además, se nota la necesidad de recibir las terapias de rehabilitación, en tanto que cinco de cada 10 personas con discapacidad motora tienen un informe médico, emitido por un fisiatra, en donde se recomienda asistir a terapias de rehabilitación”, se lee en el informe realizado por la organización.
Agregando que “70% de las personas entrevistadas afirman que requieren recibir terapias de rehabilitación entre dos (2) y tres (3) veces por semana, y que estas no las están recibiendo. Se encuentra que las causas de la falta de acceso a terapias se centran en la ausencia de recursos económicos (46%) y las distancias hasta los centros de rehabilitación disponibles (34%)”.
En cuanto a la adquisición de ayudas técnicas por parte de las personas con discapacidad que así lo requieren, manifestó que el Estado tiene algunos programas, “el problema es que no se tienen datos oficiales desagregados actualizados de cuántas personas con discapacidad hay en Venezuela que necesiten estas ayudas técnicas”.
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Otro de los derechos mencionados en el informe Anual 2022, fue el relativo a la identidad y certificación de discapacidad de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. “Con respecto a la obtención de la cédula de identidad, como documento principal en Venezuela, las familias de NNA con alguna discapacidad indicaron que siete de cada 10 NNA la obtuvieron la primera vez que lo intentaron, mientras que tres de cada 10 tuvieron que intentarlo en más de dos (2) ocasiones”.
Sobre la certificación de discapacidad (CONAPDIS), ocho de cada 10 familias la obtuvieron la primera vez que lo intentaron; por su parte, cinco de cada 10 familias de NNA que no han logrado obtener el carnet de calificación y certificación de discapacidad, refieren que lo han intentado en por lo menos dos ocasiones.
En cuanto al derecho al acceso a la justicia, De Gouveia señaló que Consorven recabó información -en 2022- de 40 casos de vulneración de derechos humanos de personas con discapacidad, siendo los más emblemáticos aquellos identificados con violaciones al debido proceso, “sobre todo cuando se piensa en la inimputabilidad de adolescentes con discapacidad intelectual, que no es otra cosa que una causa de exclusión del delito, debido principalmente a la ausencia de voluntad y conciencia de entender el delito supuestamente cometido, tras la discapacidad presentada”.
Por su parte, Argelia Bolívar, Coordinadora de DD. HH. de Consorven, reflejó cifras sobre el acceso a la educación de las personas con discapacidad.
“Los niños, niñas con discapacidad no tuvieron acceso o la prosecución de sus estudios, a pesar de que muchos de ellos estaban formalmente inscritos en el sistema educativo, no contaban con las herramientas, los docentes no estaban preparados, 77% de los encuestados tenías acceso a los contenidos a través de aplicaciones móviles, o mensajería de textos y no tenían sus padres o cuidadores, acceso a dispositivos electrónicos como celulares o tablas de forma que no se pudo lograr un aprendizaje efectivo, o no se pudo lograr estrategias necesarias para el acceso a la educación de los niños con discapacidad”, demostrando esto la vulneración de los derechos sociales.
Entre las recomendaciones hechas por Consorven al Estado venezolano para mejorar la condición de las personas con discapacidad en el país está la promoción de los derechos de esta comunidad, generación de jornadas de cedulación, establecimiento de planes nacionales de capacitación a los docentes, de manera que los niños, niñas y adolescentes puedan ser incorporados a escuelas regulares o especiales, pero contando con un equipo de docentes capacitados en el área.
Igualmente, sugieren incrementar los esfuerzos para garantizar la accesibilidad física, a la comunicación y a la información en los recintos de administración de justicia. Establecer una consulta nacional con Personas con Discapacidad, Organizaciones de Personas con Discapacidad y especialistas en discapacidad, para dar pasos firmes hacia la reforma del Código Penal venezolano y que este garantice a las Personas con Discapacidad un debido proceso y una legítima defensa frente a los órganos administradores de la justicia; generar un plan nacional de atención a las necesidades de Rehabilitación y Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad Motora, así como asegurar que las personas con discapacidad sean incorporadas al sistema educativo, y que se procure su participación significativa y el aprendizaje efectivo.
