LGBTIQ+

Comunidad LGBTIQ+ lucha por  el reconocimiento de sus derechos

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(31-05-2023) El desconocimiento sobre las personas sexodiversas cada vez se convierte en un problema más grande para las naciones y sus sociedades. Estos grupos están expuestos a crímenes de odio, maltrato y persecución. Las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, Queer con diversidad y orientación  sexual diversa(de ahora en adelante LGBTIQ+), en muchos casos, son víctimas de segregación y distintas formas de  violencia física, sexual y psicológica.  

Con frecuencia, las personas LQBTIQ+ están marginadas de ciertas actividades socioeconómicas y enfrentan dificultades para expresar su identidad. Por otro lado, el acercamiento al poder político sumado con una participación concreta, suele ser poco frecuente, por no decir escaso. Estas dificultades se agudizan exponencialmente,  en un contexto de crisis humanitaria compleja como el que enfrenta Venezuela desde hace varios años donde las posibilidades de protección han desmejorado estructuralmente.  

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Particularmente, la lucha por la conquista y reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ es parte de la historia contemporánea. Desde 1967, se demanda protección, reconocimiento  y  un cumplimiento de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones respecto al resto de la población y consideración de las características e impactos diferenciados bajo una perspectiva interseccional.

Las protestas del Black Cat: La cuna de la defensa  de los derechos de la comunidad LGBTIQ+

La lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas sexodiversas es una historia que se remonta a la celebración de año nuevo de 1967 en el bar gay the Black Cat, localizado en la ciudad de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos.

El festejo se interrumpió cuando un grupo de agentes de la policía de Los Ángeles, se infiltró en el lugar y detuvo a varias personas por besarse en público. Entre los detenidos se encontraban algunos trabajadores del local, a quienes se les imputaron cargos por “conducta indecente”.

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La historia señala que las redadas y el hostigamiento a esta comunidad era sistemático para la época, provocando el cansancio y repudió de la comunidad, que se concentró en las puertas del lugar unas semanas más tarde con pancartas para exigir a las autoridades detener el acoso hacia el colectivo.

Las manifestaciones por los hechos ocurridos en el Black Cat, no cambiaron la  política de acoso y hostigamiento por parte de la policía de Los Ángeles hacia la comunidad LGBTI pero le dieron un nuevo semblante al activismo gay al reivindicar el respeto y la tolerancia a las personas de la comunidad  a nivel global.

Todos tenemos derecho a protestar y a asociarnos sin discriminación por sexo, género u orientación sexual 

Más de 50 años han transcurrido desde las manifestaciones pacíficas en Los Ángeles y Nueva York y en Venezuela se evidencia el esfuerzo reiterado por parte de los activistas y organizaciones en  promover, difundir y alcanzar los objetivos: políticas públicas y medidas legislativas orientadas a la garantía de la inclusión y no discriminación, a través de acciones participativas y actividades de incidencia como asambleas, reuniones públicas y protestas organizadas. 

Sin embargo, a pesar del impulso, durante el año 2022 registramos tres protestas de la comunidad LGBTQ+, equivalente al 0,30% del total de manifestaciones documentadas. Yendri Velásquez, activista y trabajador del Observatorio de Violencia LGBTIQ+, explicó que si bien la mayoría de la ciudadanía se organiza para tomar las calles y exigir la mejora en los servicios públicos, existen políticas desde el poder para “diseminar las iniciativas ciudadanas de organización y participación” que a su juicio también han afectado de manera importante al movimiento LGBTIQ+ en el país.

Liohan Josefina Delgado Lares, activista y estudiante de la 3era cohorte del Diplomado en Liderazgo Plural e Inclusivo Prisma, concuerda con Velázquez, al señalar que ha escuchado entre sus colegas activistas la presencia de  cierto “temor” , agregando además que “mucha gente cree que salir a manifestar es poner sus vidas en riesgo y la verdad no les quito la razón porque Venezuela quedó profundamente herida por las protestas del 2017 y 2019 y mucha gente le teme a ejercer su derecho a la protesta”.

La Constitución Nacional ordena respetar el ejercicio del derecho a la asociación, garantizando condiciones necesarias para que las personas puedan hacer un disfrute pleno del derecho. Al mismo tiempo, los tratados, acuerdos y otros instrumentos internacionales contemplan la importancia del derecho a la asociación para la defensa, exigencia y promoción de manera colectiva de los intereses comunes y la dignidad humana. En este sentido, en el marco institucional, el artículo 52 establece que “Toda persona tiene derecho  de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho”.

Por su parte, el artículo 68 de la Constitución Bolivariana, advierte claramente que el derecho de la protesta y reunión pacífica se encuentra protegido y que todos “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”. En virtud de lo anterior, es un derecho que tienen todas las personas, sin ningún tipo de limitación de edad, orientación sexual, género, creencia religiosa u otra condición.

Este recurso democrático, es un vehículo necesario no solo para expresar descontento hacia el sistema gubernamental de turno, denunciar arbitrariedades y demandar la rendición de cuentas de sus gobernantes; sino para  exigir el cumplimiento de garantías y deberes constitucionales que favorezcan la mejora de la calidad de vida y dignidad de todos los grupos sin distinción en los diferentes ámbitos públicos.

Aún cuando, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH a partir de ahora) reconoce que las formas de protestas presentan “complejidades” y que responden a distintos escenarios,condiciones y que muchas de estas pueden tener multifactorialidad de exigencias y expresión de opiniones, recomienda que “los Estados deben adoptar medidas proporcionales al logro de estos objetivos y no obstaculizar de manera arbitraria el ejercicio de los derechos en juego en las protestas”.

Indiferencia gubernamental frente a las demandas y el aumento de los discursos de odio y los prejuicios

Para Yendri Velásquez, durante el momento de mayor articulación y organización del movimiento, se logró establecer una agenda de trabajo que funcionaba bajo cinco peticiones: reconocimiento dentro del territorio venezolano de los matrimonios realizados  en el exterior, ley antidiscriminación, derechos de parejas, identidad de las personas transintersexnobinarias y ley de tipificación de los crímenes de odio. 

Explicó que el objetivo de las demandas del colectivo están orientadas a desarrollar no solo medidas legislativas sino a fomentar políticas públicas que impulsen “la garantía de la inclusión y la no discriminación en los espacio públicos. Que la orientación sexual, la identidad y la expresión de género no sea un motivo para negar oportunidades e igualdad de derechos”. 

Sin embargo, el activista manifestó sentir miedo constante al observar un incremento en las cifras de los discursos de odio o basados en prejuicios registrados en el Observatorio, por parte de aquellos que ocupan cargos públicos. Poniendo de manifiesto la indiferencia por parte de los actores del Estado, así como una falta de protección y garantía a las demandas de la ciudadanía.  

A lo anterior, se suma la falta de interés en establecer medidas jurídicas que penalicen la validación y promoción de estos discursos. Velázquez, cree que la comunidad atraviesa un “umbral de desprotección y de poco reconocimiento por parte de las instituciones” ya que con el pasar de los años, las demandas y exigencias del grupo LGBTIQ+ han sido ignoradas. 

A su vez, Delgado Lares explicó que la comunidad acusa al Estado venezolano de ser un “Estado homofóbico y transfóbico”, debido a que la ley se ajusta solo a los heteronormados o heterosexuales, debido a que ninguna persona trangénero “ha podido ejercer libremente su derecho a cambio de nombre”, a pesar de que la situación se ha denunciado en varias oportunidades. El joven activista contó que “casualmente todas las personas que se han podido cambiar el nombre no son transexuales”, explicó que los cambios solo proceden cuando “son de nombre masculino a masculino o de femenino a femenino, por ejemplo: José se puede poner Manual o Maria se puede poner Juana. Pero Maria no se puede poner Manuel porque te engavetan la solicitud”, finalizó. 

Las acciones estatales evidencian que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales enfrentan discriminación, estigmatización y  diferentes actos de violencia, así como cierta discrecionalidad en el uso y aplicación de ciertas leyes. Preservar y promover los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+ de asociación y reunión pacífica es fundamental y prioritario para poner fin a su discriminación y para atender las terribles violaciones de derechos humanos que sufren.

La CIDH reconoce que las protestas pueden estar protagonizadas por diferentes tipos de actores o una combinación de ellos, y como tal es indispensable para poner a prueba las condiciones de apertura y pluralidad democrática de los países. Así mismo, los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar las reuniones pacíficas antes, durante y después de su celebración.

Finalmente, las normas internacionales de protección establecen que los Estados están en el deber de “velar por que las leyes y su interpretación y aplicación no den lugar a discriminación en el disfrute del derecho de reunión pacífica por ejemplo, por motivos de raza, color, origen étnico, edad, sexo, idioma, patrimonio, religión o creencias, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, nacimiento, minoría, condición indígena o de otra índole, discapacidad, orientación sexual o identidad de género u otra condición”.

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