La ONG precisó que el hecho se suma a una larga lista de situaciones de riesgo donde las autoridades de Trinidad y Tobago han puesto en peligro la vida de niños, niñas, adolescente y adultos. Foto: referencial
(11-02-2022). La organización venezolana Cecodap, la cual promueve y defiende los derechos de la niñez y adolescencia, cree que el panorama de la migración venezolana en el año 2022 podría estar resumida en tres palabras: deportación, xenofobia y criminalización.
El hecho más reciente de violación a los derechos humanos de los migrantes venezolanos se registró en Trinidad y Tobago, cuando la Guardia Costera del país disparó contra una embarcación en donde un bebé murió en los brazos de su madre por el impacto de una bala y varias personas resultaron heridas.
Aunque en el comunicado del gobierno de Trinidad y Tobago catalogó lo sucedido como un incidente, Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, precisó que no es un hecho aislado, sino que es un patrón de violaciones a los derechos humanos de los migrantes venezolanos.
En una transmisión en vivo sobre la situación de los migrantes, Trapani recordó que en el año 1990 el país caribeño ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual es un tratado internacional que garantiza la protección a todos los niños y niñas independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio.
El reciente hecho se suma a una larga lista de percances, accidentes y situaciones de riesgo donde las autoridades de Trinidad y Tobago han colocado en peligro no solo a niños y niñas sino también a sus familias”, enfatizó.
“Venezolanos no emigran por gusto”
Trapani indicó que se debe entender que una madre o un padre “no se lanza a altamar por gusto”, lo hacen por una opción de supervivencia frente a condiciones muy precarias que sufren en Venezuela.
Por ende, sostiene que es un mandato para todos los países, no solo para el gobierno de Trinidad y Tobago, que garanticen seguridad y protección para el cumplimiento estricto de los derechos de los migrantes.
Estado de la madre del bebé y de los otros migrantes
Orlando Moreno, defensor de derechos humanos y coordinador del Foro Penal en Delta Amacuro, indicó en un video transmitido por Cecodap que el bebé (Yaelvis Santoyo Saraiba) que murió en brazos de su madre, era una de las 20 personas que se embarcaron desde delta Amacuro la noche del sábado 5 de febrero rumbo a Trinidad y Tobago.
“¿Qué clase de personas son para disparar así? ¿Qué consuelo puede tener una madre después de perder a su bebé?”, cuestionó.
Detalló que los padres están conmocionados y la madre que resultó herida se encuentra en un hospital del país en espera de que el traumatólogo verifique los daños ocasionados por el disparo que recibió entre el seno y la clavícula.
De acuerdo con Moreno, las demás personas (niños y adultos) están detenidos en el Helipuerto Militar Chaguaramas.
Esta realidad es una tragedia permanente con rostros, historias, familias y dolor”, indicó.
El defensor precisó que notificaron la situación y pusieron a los familiares en contacto con la oficina de la Alta Comisionada de los DD HH en Venezuela y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.
Organismos de protección deben garantizar los derechos
Carlos Trapani mencionó que por primera vez distintas agencias y programas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fijan una postura común frente a un incidente, sin embargo, lamentó que el comunicado se diera a partir del asesinato de un niño.
Para garantizar protección, destacó que es importante visibilizar el problema. Entender que en Venezuela hay causas estructurales que empujan la migración; por lo tanto, el Estado de tránsito y el receptor tiene la obligación de emplear mecanismos para salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) y sus familias.
A su juicio, las agencias deben apoyar a los Estados y establecer mecanismos de cooperación y acompañamiento técnico a las distintas autoridades para que pueda darse un proceso migratorio y un control de los puntos fronterizos de una forma segura y acorde a los derechos humanos.
Aunque cada Estado es soberano y establece sus políticas migratorias, sostuvo que esa no es una patente para que en función a su potestad pueda atropellar, vulnerar y matar a personas.
Políticas restrictivas hacen más peligrosa la migración
De acuerdo con las cifras de las Naciones Unidas, en los últimos años han salido de Venezuela más de 6 millones de venezolanos. Lo que representa el 10 % de la población del país.
Recientemente México propuso un visado para los venezolanos que ingresen al país; producto de la migración de venezolanos que utilizan ese país para pasar a Estados Unidos a través de rutas irregulares.
Trapani resaltó que las políticas restrictivas en las fronteras hacen más peligrosa e insegura la migración. A su juicio, las medidas migratorias deben tener una perspectiva de derecho.
“Cecodap siempre ha apostado a la integración de enfoques entre los derechos de migrantes y de la niñez, para que se pueda entender la importancia de que los Estados establezcan rutas seguras y espacios de protección”, indicó.
Debido a que la migración venezolana es una de las más importantes en Latinoamérica, los países receptores tienen sistemas de salud, educativos y de protección social con debilidades para atender la demanda de servicios que exige una población tan grande.
Sin embargo, subrayó que a pesar de las limitaciones se debe incrementar hasta el máximo los esfuerzos y recursos disponibles para dar atención.
Enfatizó que la respuesta institucional no puede ser la criminalización, la persecución y la encarcelación.
Responsabilidades del Estado venezolano
Sobre lo que ocurrió en Trinidad y Tobago, Trapani destacó que se debe realizar una investigación exhaustiva, imparcial y expedita para sancionar a los responsables (quienes cometieron la acción y las autoridades que dieron la orden).
Señaló que existe una obligación de esclarecer los hechos. Esperan que las autoridades venezolanas sean enfáticas, contundentes y agoten todos los mecanismos diplomáticos para exigir al gobierno de ese país que se responsabilice y además cese el patrón de violación de los DD HH a los migrantes venezolanos.
“Este exhorto no solo debe dirigirse a Trinidad y Tobago sino para cualquier país donde hay un venezolano perseguido, criminalizado o desprotegido”, aseveró.
Implicaciones de la migración
Aunque desde Cecodap no alientan la migración, tampoco critican o cuestionan a las familias que toman la decisión de considerar irse del país como una opción.
En este panorama, la ONG recomienda a las personas pensar muy bien las implicaciones de migrar, y cómo se debe preparar para el antes, durante y después de un hecho migratorio.
Trapani resaltó que es indispensable que en todo el proceso migratorio se tengan en cuenta las implicaciones jurídicas, debido a que un niño o adulto que migre sin documentos de identificación tienen un factor de riesgo que lo expone a situaciones de violencia.
Un niño que no está identificado jurídicamente puede ser víctima de trata humana, secuestro o explotación. Además, el hecho que no tenga documentos de identificación es difícil que se le pueda garantizar mecanismos efectivos para resguardar sus derechos”, puntualizó.
A su juicio, es indispensable tener identificación y conocer las autoridades de protección para NNA en los países de destino. Por ende, también exhortan a las autoridades venezolanas a garantizar el derecho a la identificación de niños y niñas.
Rol de los comunicadores
Trapani mencionó que los periodistas pueden ser un rol clave en visibilizar y colocarle rostro a los problemas. Esto debido a que en la medida que el comunicador social, desde una mirada sensible y respetuosa, brinde información sobre estos hechos, puede tener efectos en la opinión pública.
“En conjunto con campañas de sensibilización, es un aliado para exigir y defender los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes”, reiteró.
Además, destacó que se debe lograr con los medios de comunicación tener una memoria de estos incidentes, para que no vuelvan a ocurrir y poder exigir justicia, verdad y reparación.