Los 309 ataques que registraron durante el primer mes semestre de 2023 representan 44% de aumento en comparación con el mismo período del año 2022
(27-07-2023) El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 309 ataques e incidentes de seguridad durante el primer semestre de 2023, lo que a juicio de la organización refleja la «continuidad de una política de criminalización en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en Venezuela».
Tras alertar la profundización del cierre del Espacio Cívico y Democrático en el país, el CDJ precisó en su más reciente reporte que entre enero y junio de 2023 se documentó «cómo el Estado venezolano avanza en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes se encuentran en primera línea de acción, acompañando a las víctimas de la emergencia humanitaria compleja que persiste en el país».
Los 309 ataques que registraron durante el primer mes semestre de 2023 representan 44% de aumento en comparación con el mismo período del año 2022, en el cual se registraron 214 situaciones.
El mes con más ataques en lo que va de 2023 fue enero, con 105 ; seguido de febrero, con 63.
Los ataques más comunes
El CDJ denunció el aumento de medidas fácticas y legales «para criminalizar, limitar y obstaculizar la defensa, exigencia y promoción de derechos, bajo la lógica del enemigo interno».
Los principales patrones de agresión detectados fueron: estigmatización (191), intimidación y hostigamiento (70), amenaza (35,) detención arbitraria (4), otros (4) ataques digitales (3) y judicialización (2).
«La estigmatización permanece como principal patrón de ataque. De forma sistemática a través de espacios oficiales del Estado, redes sociales, medios de comunicación, entre otros se esgrimen señalamientos y campañas de desprestigio que buscan descreditar el trabajo de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos», denuncia el CDJ.
Víctimas de los ataques
Del total de los ataques documentados durante el primer semestre de 2023 274 estuvieron dirigidos contra las organizaciones derechos humanos, equivalente a un 89% del total.
Mientras que 35 de los hechos fueron individualizados en contra de personas defensoras de derechos humanos, lo que constituye el 11% restante.
«Entre las victimas de los ataques destacan las amenazas, intimidación, hostigamiento y actos de estigmatización en perjuicio de la organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); actos de intimidación en contra de Acceso a a Justicia y señalamientos y hostigamiento en contra de las organizaciones como Espacio Público, Transparencia Venezuela, Foro Penal, Control Ciudadano, Voto Joven, Sin Mordaza, entre otras», describen.
Mencionan también los ataques digitales en contra de la organización Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Caleidoscop›o Humano.
Marcos legales que avalan persecución
En el reporte del Centro para los Defensores y la Justicia se advierte que el Estado venezolano retomó acciones para la aprobación de una Ley de Cooperación Internacional, así como también avanzó en el desarrollo de un proyecto de ley destinado a «regular y controlar el trabajo de la sociedad civil».
«Estos hechos derivaron en un aumento de las agresiones en contra de las organizaciones de derechos humanos», indican, y agregan que representan una nueva amenaza para las organizaciones
«Existe una intención constante de pretender vincular las acciones la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos con actividades delictivas, especialmente al terrorismo, la desestabilización y atentar contra la paz del país», refleja el documento.
En este sentido, señalan que ven también con preocupación la aprobación de una ordenanza de convivencia ciudadana, civismo y justicia de paz comunal en el Municipio Libertador del Distrito Capital.
Este texto, según denuncian, contempla restricciones al derecho a la manifestación pacifica «desapegadas a los estándares internacionales de derechos humanos y a la propia constitución, siendo un nuevo elemento añadido a la política de criminalización, represión y control social» del país.
Hostigamiento judicial
El CDJ asevera que persiste en Venezuela el uso del derecho penal y el hostigamiento judicial como mecanismo para consolidar la «criminalización de quienes defienden derechos humanos».
Detallan casos específicos, como el «proceso arbitrario de judicialización» en contra de los integrantes de FundaRedes, Rafael Tarazona, Omar de Dios García, y Javier Tarazona. Sobre este último recuerdan que tiene dos años privado de su libertad y que ha sido víctma de afectaciones a su integridad personal en prisión.
«Esta misma situación se da en el caso de los defensores y lideres sindicales Gabriel Blanco y Emilio Negrín, quienes tienen un año privados de su libertad», y de forma mas reciente, contra Daniel Romero y Leandro Azocar, «detenidos a inicios del mes de junio y sometidos un proceso de judicialización.
Escenario preelectoral
Una de las conclusiones de este reporte es que, en un contexto preelectoral en Venezuela, se hace mas necesario «garantizar un entorno propicio y seguro para el ejercicio de la defensa, promoción y exigencia de derechos».
«El Estado y todos los actores que actúan con su consentimiento y aquiescencia deben cesar de inmediato los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas. Las normas restrictivas deben ser derogadas y las libertades fundamentales deben ser respetadas», concluyen.
