En las filas del chavismo dar la espalda a Nicolás Maduro es una decisión que podría convertir a los dirigentes en expatriados o llevarlos a pasar tiempo tras las rejas. Algunos, como Raúl Isaías Baduel, incluso mueren en prisión
Fuente original: Crónica uno .- Caracas. María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista y exfuncionaria del gobierno, se ha convertido en una figura emblemática del chavismo disidente tras su reciente exilio a Colombia.
Hace casi 20 años, la abogada constitucionalista respaldó la iniciativa del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) de lanzar Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, más conocida como “Ley Resorte”, y que numerosos prestadores califican como una camisa de fuerza para los medios de comunicación.
El respaldo de Díaz fue más que un saludo a la bandera. Hizo parte del grupo de chavistas que ofreció ideas para el instrumento. Luego, desde el regulador de telecomunicaciones, integró el primer equipo que supervisó el estricto cumplimiento de la ley.
La llamada Ley Resorte fue aprobada por la Asamblea Nacional en 2004, con el objetivo de regular la responsabilidad social de medios, anunciantes, productores y usuarios, en el abordaje de temas como los derechos de niños y la educación. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) fue la encargada de velar por su aplicación..
Una aliada de la “hegemonía”
A inicios de la primera década del 2000, la carrera de Díaz en el chavismo subía como la espuma, especialmente porque ayudó al movimiento político a conseguir la “hegemonía comunicacional” que buscaba con el lanzamiento de TVES y otros medios de corte oficialista.
Pero su trabajado ascenso dio al traste hace meses, cuando tras dar la espalda al gobernante Nicolás Maduro denunció las irregularidades de la elección presidencial de 2024 y se vio obligada a refugiarse en la Embajada de Colombia en Caracas.
Tras 7 meses en esa delegación, y con el apoyo del gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro, uno de los pocos aliados que aún tiene Maduro en la región latinoamericana, huyó a Bogotá para evitar terminar en prisión.
El caso ilustra el destino que aguarda a los chavistas que se distancian de Maduro, que controla el poder desde 2013 tras vencer en las urnas, y no sin polémica, al entonces líder de la oposición, Henrique Capriles.
Incluso podría decirse que Díaz tuvo suerte: no acabó en la cárcel como otros antiguos simpatizantes de la llamada “revolución bolivariana”, sin importar que tan importantes fueron dentro del chavismo en algún momento.
De las primeras líneas del chavismo al exilio
El reciente exilió forzado de María Alejandra Díaz recuerda el de otros dirigentes del chavismo, como Miguel Rodríguez Torres o Andrés Izarra.
Rodríguez Torres fue ministro de Interior entre 2013 y 2014, justo cuando Maduro inició su gobierno.
Los simpatizantes de la oposición venezolana le recuerdan por su papel en la desactivación de las manifestaciones antigubernamentales de 2014, un acto que celebró mientars comía arepas con la vicepresidenta Delcy Rodríguez en un conocido restaurante de Caracas.
Pero el chavismo gobernante recuerda que Rodríguez Torres dio la espalda a Maduro y lanzó una nueva formación política que criticaba al autodenominado “conductor de victorias”, un hecho que determinó su encarcelación en 2018.
Como si se tratara de una anécdota de película, funcionarios policiales arrestaron a Rodríguez Torres cuando ofrecía una rueda de prensa en Caracas. Posteriormente, la Contraloría General de la República le inhabilitó para ejercer cargos públicos.
En 2023, salió expatriado a España, pese a que tres años antes un informe de Naciones Unidas lo señalaba como responsable de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
El caso de Izarra también terminó con exilio, aunque fue menos traumático. El comunicador, hijo de la antigua figura del chavismo William Izarra, recorrió un largo camino hasta ser una pieza clave del organigrama chavista. Primero con Hugo Chávez y después con Maduro.
En 2015, cuando era ministro de Turismo, se desligó de Maduro solo tres días después de la detención del padrastro de su esposa, el exalcalde opositor Antonio Ledezma.
No fue hasta 2018 que, una vez radicado fuera del país, denunció la supuesta deriva autoritaria de Maduro. Entonces, también aprovechó para abogar por un cambio de gobierno en Venezuela.
Ese mismo año, el chavismo contraatacó desde los medios y acusó al creador de la campaña “Cheverito” de presunta corrupción y apropiación de fondos públicos durante sus años en la administración pública.
Persecución
Antiguos simpatizantes del chavismo como Rodrigo Cabezas, Héctor Navarro o la cúpula del Partido Comunista, la primera organización política que apoyó a Hugo Chávez en su camino a la Presidencia de Venezuela, también denuncian persecución.
Cabezas, quien se considera a sí mismo parte del llamado “chavismo originario”, o la primera generación de dirigentes que gobernó junto a Chávez, comenzó a distanciarse de Maduro en 2017.
Entonces, sus críticas contra el antiguo sindicalista lo pusieron en el centro de la diana de los servicios de inteligencia del país.
Pero en 2024 pasó a ser enemigo confirmado del chavismo en el poder después de que pidiera la salida de Maduro de la Presidencia y apoyara al candidato opositor Edmundo González en las presidenciales de ese año.
Este atrevimiento lo llevó a la cárcel por 41 días y hoy el paradero del exministro de Finanzas de Hugo Chávez es desconocido.
Con todo, su liberación no se debió a una gracia de Maduro, sino que formó parte de los acuerdos entre el gobernante socialista y EE. UU. para la liberación de los más de 200 venezolanos que Donald Trump había enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad que Nayib Bukele construyó en El Salvador.
Otros, como el izquierdista Juan Barreto, quien ayudó a consolidar la red de partidos que soporta electoralmente al chavismo, o el comunista Oscar Figuera, se consideran “perseguidos”.
Barreto ha denunciado en varias oportunidades, a través de transmisiones en vivo en sus redes sociales, que fuerzas del orden público buscan detenerlo.
El caso de Figuera es más emblemático.
El líder del Partido Comunista de Venezuela (PCV) criticó inicialmente la política económica de Maduro y su desatención a los trabajadores. Pero luego los señalamientos escalaron al supuesto carácter “profundamente autoritario” de Maduro y su “cúpula” gubernamental, a la que acusó de “neoburguesa, mafiosa y delincuencial”.
En paralelo a sus denuncias, la Justicia de Venezuela intervino al PCV en agosto de 2023. Desdee entonces entregó el liderazgo del partido a Henry Parra, un dirigente de perfil discreto que controla la tarjeta, pero no la militancia. Así lo reveló a Crónica Uno una fuente del partido que declaró bajo condición de anonimato.
El “ensañamiento” del chavismo contra la familia Baduel
“Ser Baduel no es un delito”. Ese es el lema que suelen repetir las hijas del fallecido general Raúl Isaías Baduel, un antiguo aliado de Hugo Chávez que murió en prisión después de que no se atendieran sus dolencias, de acuerdo con las denuncias de sus familiares.
Baduel, quien fue ministro de Defensa de Hugo Chávez entre 2006 y 2007, falleció en la cárcel tras no poder superar una infección por Covid-19. Esa fue la versión que ofreció el fiscal general Tarek William Saab el 12 de octubre de 2021.
Pero su familia puso en duda esta información y recordó entonces que el exministro tenía una vacuna reciente contra el SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad que puso al mundo en cuarentena.
“No es cierto (que tuviera Coid-19)”, dijo entonces su esposa, Cruz Zambrano, al canal en línea EVTV Miami.
El jefe del clan Baduel fue muy cercano a Chávez, pero se distanció del fallecido mandatario cuando se rehusó a la politización de la Fuerza Armada bajo el lema “patria, socialismo o muerte”, que coreaban los adeptos al chavismo.
En 2010, la Justicia condenó a Raúl Isaías Baduel a prisión por presuntos “delitos contra el decoro militar, sustracción de fondos y abuso de autoridad”. En la práctica, corrupción.
Y si bien fue excarcelado en 2015, volvió a prisión en 2017 hasta que murió 4 años después.
Actualmente, uno de los hijos del fallecido ministro, Jorsnars Baduel, paga una condena de 30 años por su presunta implicación en la “Operación Gedeón” de mayo de 2020. Esta incursión marítima buscaba deponer a Maduro y atentar contra altas figuras del chavismo, según el parte oficial.
