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Arco Minero es una variable en la violencia contra niños, niñas y adolescentes, indica coordinadora de OVV Bolívar

Eumelis Moya, coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar, explica cómo las particularidades de este estado inciden en las formas de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, que incluyen infanticidios. En lo que va de 2023, contabilizan dos de estas muertes

Crónica Uno

(05-06-2023) Desde el confinamiento por la pandemia de COVID-19, diferentes organizaciones no gubernamentales se percataron de un aumento de la violencia intrafamiliar, a la que no escaparon niños, niñas y adolescentes.

Recientemente, se conoció en Bolívar un caso de infanticidio que se registró en la población de El Dorado. Un niño de siete años de edad murió por asfixia mecánica, además de presentar abuso sexual reciente, de acuerdo con el parte oficial.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a cuatro personas, incluida la madre de la víctima, su padrastro, el hermano de éste y un vecino (presunto autor del crimen). Los otros tres fueron arrestados por, presuntamente, no querer denunciar e intentar huir del país. Fue la comunidad la que los retuvo hasta que llegaron las autoridades.

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Como en cada estado, Bolívar tiene sus particularidades, y por lo que figura desde hace casi una década entre los primeros cinco estados más violentos del país. Incluso, algunos de sus municipios (en especial los del sur) también ocupan los primeros lugares en las estadísticas de municipios con más muertes violentas en el país.

En entrevista para Crónica Uno, Eumelis Moya, coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en Bolívar, explicó el contexto en la entidad, enfocado en niños, niñas y adolescentes. Esto de acuerdo con el monitoreo de casos que se publican en medios de comunicación, que es la data que manejan para sus informes.

¿Cuántos casos de infanticidio han podido contabilizar en el OVV Bolívar en lo que va de 2023 o 2022? ¿Cuál ha sido el rango de edades?

—En 2022, en situaciones que involucran niños y adolescentes en el entorno familiar y violencia de género, la tendencia es hacia el aumento. Sobre todo en lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar. Para el año pasado ese patrón ocupaba un 21 % de los casos de violencia. 

Para 2023, el porcentaje de ese tipo de casos es un 27 %, y a su vez lo lideran los conflictos interpersonales, que también involucran situaciones de violencia de género contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, que es una afectación indirecta de niños. Si en un hogar la madre es maltratada, hay un tipo de violencia indirecta hacia los hijos.

Durante 2023 van 13 casos que involucran o reportan casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. De ellos, dos son infanticidios, tres secuestros, tres violencia sexual, uno de actos lascivos u otras agresiones sexuales y cuatro por agresiones que incluyen lesiones graves o leves. Los rangos de edades van de 1 a 17 años. 

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De los 13 casos mencionados están un niño de 1 año, uno de 4 años, dos de 11 años, cuatro de 13, tres de 14, uno de 16 y uno de 17. De este grupo hay ocho niñas y adolescentes afectadas, y cinco niños y adolescentes.

¿Hay particularidades que diferencian a Bolívar con respecto a otros estados en cuanto a violencia hacia niños, niñas y adolescentes? Por ejemplo, el contexto minero.

—Siempre habrá particularidades, no solamente en el contexto minero. Las dinámicas sociales siempre son distintas en cada una de las entidades del país. Sin embargo, lo que nos da el contexto minero es una variable en las formas en que se da esa afectación. Por ejemplo, las condiciones de trabajo del niño, niña y adolescente.

Estando en este contexto minero es plausible ver a niños, niñas y adolescentes realizando trabajo minero, participando en la extracción. Los meten en los huecos de las minas subterráneas, por un tema de capacidad corporal, por sus dimensiones más pequeñas pueden entrar fácilmente en esos huecos. Eso significa para ellos cargar sacos con material estratégico que pesan entre 45 y 50 kilos. 

A algunos niños los utilizan para ser machinas, que es ese aparato que usan para subir y bajar material a través de estas minas subterráneas. También hay niños trabajando en minas a cielo abierto, que significa una exposición a condiciones climáticas inclementes. Otros haciendo alfombra, que son los que barren las calles para recoger la tierra que van dejando los mineros a su paso y de allí tratar de sacar puntos de oro. Eso tiene que ver con el Arco Minero como tal.

La explotación tiene que ver con el Arco Minero, en el sentido que se agudiza. No significa que en las zonas no mineras no haya una contabilización de abusos, actos lascivos, etcétera. 

¿Se repiten más casos en zonas de más bajos recursos o también en estratos más altos?

—Creo que es un tema de visibilidad. En las zonas de más bajos recursos es más común hablar de estos casos y de lo que genera. Que si al hijo de fulana le pegaron, que se portaba mal, que si no tenía dinero para comprar la comida y lo puso a trabajar. Ha sido normalizado el tema del maltrato, y ni siquiera se entiende como maltrato.

Pero cuando vas a otros estratos sociales que comprenden y dimensionan, por ejemplo, las implicaciones legales del maltrato, no son tan abiertos para comunicar la recurrencia de esos casos. Aunque siempre hablas con médicos, doctores, que te refieren casos de luxaciones. 

Entonces sí se presenta en los estratos más altos, solo que no lo llevan a hospitales, sino a una clínica. Los castigos quizá no son de un matiz tan físico, que sí los hay, pero son más psicológicos, de omisión, de vacíos, porque también se pueden vulnerar desde la negligencia, que se le provee en lo económico pero no en lo afectivo. También está el tema del bullying en los colegios, y eso te habla del contexto en que se pueden dar estas situaciones.

Lo mismo sucede con el abuso sexual, la forma en que se socializa también es distinta. La intervención de los órganos auxiliares también es más difícil de percibir en estratos más altos, pero no significa que no suceda. No depende una cosa de otra, es cómo se percibe.

En la pandemia se observó que aumentaron casos de violencia de género, pero también hacia NNA. ¿Qué pudieron observar en esos dos primeros años en Bolívar?

—Hay una pregunta frecuente entre trabajadores de las ONG y es si hay un mayor número de casos o si se trata de una mayor visibilización del conflicto. Con las redes, la socialización de la información, es más sencillo manifestar algunas cosas o detectarlas. Aumento de casos los hay. Se percibe un incremento en las situaciones que hablan o relatan abuso contra niños y adolescentes. Unos inspirados por temas de aislamiento, los padres que debían pasar todo el día con los hijos en las casas, manejar situaciones que generalmente se manejan en las escuelas, aunado a lo que psicológicamente implica para los papás.

También hubo papás que maltrataron muchísimo verbalmente, psicológicamente a los niños porque no supieron dar el acompañamiento escolar. Como dijeron algunos papás: “No es que no quiera, es que no sé porque estudié hasta sexto grado”. Además algunas limitaciones en el tema tecnológico.

El incremento de violencia sexual en todas sus formas fue abismal, alarmante. Se levantaron las restricciones de la pandemia y es algo que no ha cesado, sino que sigue dándose in crescendo. Eso va a variar en función del contexto de cada una de las personas.

En la mayoría de los casos de violencia, el victimario es un familiar o allegado. ¿En qué porcentaje esto se repite?

—El 31 % de los perpetradores de delitos contra niños o adolescentes es un familiar o conocido. El resto es por delincuencia común o por funcionarios del Estado, maestros, etcétera. La mayoría si no son padres, padrastros, abuelos, tíos, primos, padrinos, se pasa a los vecinos o personas del entorno, pero siempre cercanos.

¿Cuáles son las políticas públicas que desde el OVV se recomiendan para la prevención y tratamiento de casos de violencia contra NNA?

—La primera recomendación es la no negación del problema. En la medida que tú niegues el problema, tienes menos que resolver. Para nosotros, lo alarmante es el que se trate de subregistros, porque estos son los casos que trascienden a prensa. Imagínate los que no se denuncian por miedo, por pena, por desconocimiento o los que no trascienden a los cuerpos de seguridad o no trascienden a los medios de comunicación; y por lo tanto, no conocemos. Si esto es lo que se ve, lo preocupante es lo que no se ve, entendiendo las connotaciones del delito.

Luego está la educación para este tipo de situaciones. A dónde acudir, qué pudiese pasar, cómo prevenirlo, sensibilización de organismos receptores de denuncias para la no revictimización, donde las personas no se sientan juzgadas, cuestionadas, sino comprendidas y atendidas.

Por otra parte, un sistema de tutela efectiva, donde a las personas no las peloteen de un organismo a otro, donde no se les haga un proceso dilatorio por temas de que no hay impresora, no vino la persona o no funciona el aire acondicionado, etcétera. Es establecer una ruta de órganos de atención de denuncia competente. Quizás acercar los órganos de denuncia, hay en unos municipios pero en otros no, y significa largos recorridos.

Hay que recalcar siempre el elemento de corresponsabilidad, que es Estado, familia y sociedad. Es una trilogía de actores llamados a garantizar los derechos, interés superior y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. No muere en la escuela, el Estado o la familia, sino que es un sistema articulado para poder garantizar una protección integral.

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