61° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
Señor Presidente, Distinguidos delegados,
Desde mi última actualización ante este Consejo, la situación en Venezuela ha estado dominada por la intervención militar estadounidense del 3 de enero y sus consecuencias.
En respuesta a esa intervención, las autoridades venezolanas declararon un estado de emergencia. Las fuerzas de seguridad y los grupos civiles armados utilizaron presuntamente este decreto como base para medidas intrusivas, contribuyendo a un clima de miedo entre la población. Insto a las autoridades a que reconsideren el decreto para garantizar su necesidad y proporcionalidad.
Al mismo tiempo, las autoridades venezolanas han tomado medidas para corregir algunos de los errores del pasado.
El 19 de febrero se adoptó una nueva Ley de Amnistía. Lamento que haya sido redactada sin una consulta adecuada a la sociedad.
Según las autoridades, unas 7.700 personas han sido liberadas incondicionalmente en virtud de la ley. Mi Oficina ha solicitado la lista oficial de las personas liberadas, así como acceso sin restricciones a varios centros de detención, hasta ahora sin éxito. Insto a una mayor transparencia respecto a la liberación de los detenidos.
Hemos confirmado que, desde mi última actualización, unas 950 personas detenidas arbitrariamente han sido liberadas —algunas bajo condiciones estrictas—, entre ellas defensores de derechos humanos, figuras políticas, periodistas y sindicalistas. Entre las figuras destacadas liberadas se encuentran Javier Tarazona, Eduardo Torres, Kennedy Tejeda, Carlos Julio Rojas y Rocío San Miguel.
Si bien comparto el alivio de quienes han sido liberados y el de sus seres queridos, nunca debieron haber sido detenidos. Espero que esta práctica cese para siempre y que las autoridades adopten medidas para garantizar la libertad de opinión, incluida la defensa de los derechos humanos.
Unos 60 presos han podido recibir visitas de sus familiares o comunicarse con ellos, cuando anteriormente no se tenía ninguna información sobre su paradero.
Señor Presidente,
A lo largo de este período, las preocupaciones estructurales y sistémicas en materia de derechos humanos han persistido.
Mi Oficina ha recibido información sobre la continuación de torturas y malos tratos a detenidos, incluso en los centros Rodeo 1 y Fuerte Guaicaipuro. Esto es profundamente preocupante.
Muchos venezolanos siguen detenidos arbitrariamente, entre ellos personas con discapacidad y con condiciones de salud críticas, personas mayores y al menos un niño.
El espacio cívico sigue restringido. Años de represión han generado miedo a expresarse.
La ley de fiscalización de las ONG sigue obstaculizando la capacidad de la sociedad civil para trabajar de forma segura y libre, y debe ser derogada.
Espero que la revisión anunciada de la Ley Constitucional contra el Odio signifique que ya no se utilice para suprimir la disidencia.
Señor Presidente,
Los venezolanos siguen enfrentando dificultades importantes para acceder a la atención sanitaria, el agua y el saneamiento, y la alimentación.
La población protesta contra los bajos salarios, que son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Por ello, insto a las autoridades a garantizar el pleno respeto de la libertad de reunión pacífica.
Los pueblos indígenas siguen enfrentando graves restricciones para ejercer su derecho a la salud, lo que contribuye a altas tasas de mortalidad. No ha habido avances en la autodemarcación de sus territorios.
Insto a las autoridades a garantizar que todas las reformas económicas y las inversiones, incluidas las que se realicen en los sectores del petróleo, el gas y los minerales esenciales, respeten la soberanía de los y las venezolanas sobre sus recursos naturales. Los ingresos deben utilizarse para promover los derechos económicos, sociales y culturales de todos los venezolanos, así como para proteger el medioambiente.
Señor Presidente,
Los venezolanos sienten una mezcla de esperanza, miedo e incertidumbre.
Los derechos humanos deben guiar el camino a seguir. Quisiera destacar cinco áreas clave de acción.
Primero, las autoridades deben liberar de forma inmediata e incondicional a todas las personas que siguen detenidas arbitrariamente.
Segundo, proteger y ampliar el espacio cívico. Esto es esencial para reparar el tejido social y fortalecer los procesos democráticos. Insto a las autoridades a permitir que la sociedad civil trabaje libremente, a garantizar su participación en los asuntos públicos y a proteger a las ONG, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos frente a amenazas y ataques.
Tercero, reformas estructurales en los sectores de la justicia y la seguridad. Esto incluye desmantelar los marcos jurídicos y las prácticas que han permitido la opresión de la disidencia política. Estas reformas son clave para garantizar el acceso a la justicia y reconstruir la confianza en las instituciones. El Gobierno también debe desarmar y disolver los grupos civiles armados que han intimidado y ejercido control sobre la población.
Cuarto, garantizar y ampliar el acceso a la atención sanitaria, la alimentación, el trabajo y los servicios básicos. Insto a las autoridades a garantizar salarios adecuados, pensiones y otras medidas de seguridad social para cubrir las necesidades básicas, y a renovar su compromiso con los derechos laborales. También deben demostrar mayor transparencia con las estadísticas oficiales sobre el mercado laboral, la seguridad alimentaria y el acceso a la salud y la educación. Esto es esencial para generar confianza.
Por último, los venezolanos deben unirse y acordar una estrategia integral de justicia transicional. La sociedad venezolana sigue estando profundamente polarizada. Superar esas divisiones requiere rendición de cuentas por todas las graves violaciones de derechos humanos cometidas en las últimas décadas. Esto a su vez exige que se preserven todas las pruebas, incluso si los centros de detención son cerrados. Otras medidas importantes incluyen la reforma institucional, las reparaciones, el establecimiento de la verdad y las garantías de no repetición de las graves violaciones de derechos humanos. Estas medidas de fomento de la confianza basadas en los derechos humanos allanarían el camino para el retorno seguro y digno de los millones de venezolanos que se encuentran fuera del país.
Insto también a las autoridades a cooperar con todos los mecanismos de derechos humanos y rendición de cuentas, incluida la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela establecida por este Consejo. Y aliento a las autoridades a revertir su decisión de abandonar la Corte Penal Internacional.
He dialogado con las autoridades venezolanas al más alto nivel, compartiendo mis observaciones y la disposición de mi Oficina para prestar apoyo.
Acojo con satisfacción la decisión de las autoridades del 3 de marzo de otorgar visas al personal de mi Oficina.
Necesitaremos una presencia sostenida para implementar el mandato completo de mi Oficina en apoyo a los derechos humanos en el país.
En este momento crítico, el futuro del país debe ser decidido únicamente por su pueblo.
Las autoridades, la oposición dentro y fuera de Venezuela, y todos aquellos con responsabilidades políticas deben unirse en torno a los derechos humanos y anteponer los intereses del pueblo venezolano.
