(14-03-2024) El segundo jueves de marzo, se conmemora el Día Mundial del Riñón, siendo esto una iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y de la Federación Internacional de Fundaciones Renales, con el propósito de atraer la atención de los profesionales, personas con problemas renales y público en general sobre la importancia de la enfermedad renal crónica (ERC).
De acuerdo con el último informe presentado por la ONG Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) y la Sociedad Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV), cerca de 3.000.000 de venezolanos (10,4 % de la población) tienen enfermedad renal crónica y más de 21 mil dependen de diálisis y hemodiálisis para poder vivir, esto en medio del declive de los centros hospitalarios y la constante vulneración al derecho a la salud por parte del Estado.
La situación ha empeorado después de que, en 2017, se suspendiera el Programa Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos (PNDT) y del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT), sumando que 80 % de las unidades de diálisis y hemodiálisis están fallando, según ATV.
Esto ha causado que, entre los años 2017 y 2023, hayan fallecido más de 80 niños y adolescentes con Enfermedad Renal Crónica, informó la Organización Nacional del Trasplante de Venezuela.
Por otra parte, las fallas en los servicios públicos afectan, de manera diferenciada, a estas personas porque suspenden por tiempo indefinido las jornadas de diálisis que requieren para vivir.
De acuerdo con los estándares globales, estas sesiones deben ser de cuatro horas, sin embargo, en Venezuela esto ha variado mucho por problemas como las fallas eléctricas y la escasez de agua.
Carmen Padilla, paciente renal de 49 años de edad, explicó al portal informativo El Diario que un apagón dejó sin energía a las unidades de diálisis Barquisimeto, El Ángel, Luis Razetti, Lara II y la del Hospital Central de Barquisimeto, en el estado Lara. “Esto obligó a que se paralizaran los tratamientos de quienes estaban de turno en ese momento”.
Otro aspecto importante que ha afectado a las personas es la crisis hospitalaria por la escasez de medicinas e insumos clínicos. A esto se le sumó la precariedad de los suelos del personal de salud que indujo a que muchos profesionales se fueran de los hospitales públicos, ocasionando la migración forzada de pacientes.
La ATV no conoce con exactitud cuántos pacientes tramitan sus papeles para salir del país, pero indica que cerca del 25 % (unas 5600 personas, aproximadamente) ha llamado a la organización para pedir asesoría.
“Me han contactado madres de niños. Quieren buscar esperanza y opciones de vida fuera del país porque en Venezuela, en estos momentos, están condenados a morir”, señaló Reymar Villamizar, director de la ONG al medio de comunicación digital, Crónica Uno.
Agregando que “los pacientes no tienen mayor opción frente a hospitales en estado deplorable y en los centros privados especializados pueden cobrar hasta 80.000 dólares por la intervención”.
Según diversas denuncias realizadas por pacientes y ONG, el Estado no garantiza el derecho a la salud en el país establecido en la Constitución Nacional, demostrando con estas acciones, una grave violación a los derechos humanos de los venezolanos.
