Vivir en Venezuela se ha convertido en un ‘privilegio inaccesible’ debido a la desinversión estructural que mantiene al 80% de Caracas sin suministro constante de agua y a las universidades al borde del cierre técnico. En una semana donde la UCV anunció un paro de 24 horas y el cierre de su comedor por falta de insumos, el informe ‘Venezuela en la encrucijada’ revela cómo la falta de datos oficiales en salud y la crisis alimentaria han normalizado una crisis humanitaria que golpea con fuerza a los sectores más vulnerables
Emmanuel Rivas / Resumen semanal de Caleidoscopio Humano
Entre el recrudecimiento de la persecución política y una crisis de servicios que asfixia a la ciudadanía, Venezuela atravesó una semana crítica marcada por movilizaciones ante la Embajada de EE.UU., nuevas detenciones arbitrarias de líderes sociales y el colapso del sistema universitario.
Mientras organizaciones de derechos humanos denuncian la ralentización de la aplicación de la Ley de Amnistía y la opacidad en datos sobre salud, educación, pobreza y otros, el sector gremial anuncia paros ante la pulverización del salario, dibujando un panorama de conflictividad social que desmiente la narrativa oficial del “nuevo momento político”.
Exigencias frente a la embajada
El pasado jueves, 16 de abril, sindicalistas, trabajadores y estudiantes se movilizaron hasta las cercanías de la Embajada de EEUU en Venezuela para exigir un cronograma electoral que permita conducir al país a un verdadero proceso de transición; además, entregaron un petitorio a funcionarios de la delegación diplomática, donde se insta a trabajar en la recuperación de los sueldos, salarios y pensiones de los trabajadores y jubilados venezolanos.
La manifestación política también abogó por la libertad de los presos políticos que, pese a anuncios oficiales y la promulgación de la Ley de Amnistía, continúan tras las rejas o sometidos a procesos que limitan sus libertades.
Previo a esta movilización, el miércoles se conoció -de manera oficial- que la encargada de negocios Laura Dogu dejaría su cargo en la embajada estadounidense para ser sustituida por el diplomático John Barrett.
Continúan las detenciones arbitrarias
Organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos denunciaron la detención del abogado y líder social Edwin Sambrano, ocurrida en el aeropuerto de Santo Domingo del Táchira. El dirigente fue trasladado a la sede del CICPC en San Cristóbal y después a tribunales.
Alexis Paparoni, dirigente y ex diputado merideño, activista del partido político Primero Justicia, fue retenido en el Aeropuerto de Maiquetía y posteriormente detenido por una comisión de la DGCIM, el pasado 16 de abril, cuando se dirigía a abordar un vuelo hacia El Vigía.
Ambos dirigentes fueron excarcelados con medidas cautelares. A Sambrano le acusan de terrorismo e incitación al odio; mientras que a Paparoni se desconocen los cargos que le imputan.
Torturas y tratos crueles
Andreína Baduel denunció -una vez más- que su hermano Josnars Baduel ha sido víctima de agresiones físicas y uso excesivo de la fuerza por parte de los custodios del centro de reclusión Rodeo I.
Alertó que «la vida de su hermano está en peligro», pues padece de múltiples condiciones graves de salud (incluyendo hernias y lesiones en extremidades) que requieren intervenciones quirúrgicas urgentes, las cuales no han sido autorizadas por el Estado.
La denuncia destaca que Josnars permanece en una celda de aislamiento extremo, con acceso limitado a luz solar, agua potable y alimentación adecuada. Además, se le restringen las comunicaciones con sus abogados y familiares de manera arbitraria.
Ex presos políticos y familiares fueron recibidos por la fiscalía y la defensoría del pueblo
Familiares y ex presos fueron recibidos, el miércoles 15 de abril, por funcionarios de la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República.
Los asistentes denunciaron las torturas y tratos crueles y degradantes en contra de los detenidos por razones políticas, exigiendo que el Ministerio Público deje de desmentir la situación de los centros de reclusión y actúe conforme a la ley y la garantía de los derechos humanos.
Por otra parte, la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, sostuvo una reunión con miembros de la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores, dirigentes estudiantiles y familiares de presos políticos, donde recibió denuncias directas sobre vulneraciones a la libertad sindical y la situación de derechos humanos de los detenidos.
González Lobato reafirmó el compromiso de su gestión de mantener una institución de puertas abiertas, asegurando que actuará como puente institucional con otros organismos del Estado para gestionar soluciones y garantizar la protección ciudadana.
La ONG Surgentes denunció desconocimiento de la Ley de Amnistía
La organización Surgentes denunció que la Fiscalía 52 desconoce la Ley de Amnistía, aprobada y promulgada en marzo de 2026.
A pesar de que la ley debería poner fin a la acción penal contra la activista Martha Lía Grajales, el Ministerio Público informó el pasado 10 de abril que continuará la investigación en su contra.
La denuncia destaca la negativa de la fiscalía de devolver el teléfono celular y el pasaporte de Grajales.
Semanas antes el ex preso político, Williams Dávila denunció que no se le devolvió su vehículo decomisado al momento de su detención arbitraria.
Nuevas excarcelaciones
Entre el jueves 16 y viernes 17 de abril, se hicieron efectivas las boletas de excarcelación de un grupo de obreros vinculados a la causa de corrupción y gestión en PDVSA. Estas liberaciones ocurren bajo medidas cautelares, tras meses de exigencias por parte de sus familiares y gremios que denunciaban detenciones sin debido proceso.
El hostigamiento y la persecución no termina
Dentro de un ambiente de continuo hostigamiento, las familias resultan doblemente victimizadas.
Es el caso de la madre de Javier Tarazona, que fue citada a comparecer por los organismos de seguridad del Estado. Esto, de acuerdo con diversas organizaciones, se puede interpretar como un mecanismo de presión y represalia contra la labor de documentación que realiza la organización en la frontera.
La señora Carmen Navas acudió nuevamente a las instancias correspondientes para exigir fe de vida y el paradero oficial de su hijo, el preso político Víctor Hugo Quero Navas.
Navas denunció que, tras meses de reclusión, el Estado continúa sin ofrecer información clara sobre su ubicación actual, lo que configura un cuadro de desaparición forzada de carácter temporal.
Una voz en medio de la censura
En un acto de considerable relevancia internacional, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) otorgó el Premio Victoria Prego a la Libertad de Expresión de manera conjunta al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y al Colegio Nacional de Periodistas (CNP).
El jurado destacó la «labor heroica y resiliente» de ambas instituciones en la defensa del derecho a la información en Venezuela.
Se reconoció su esfuerzo constante por documentar agresiones, acompañar a periodistas perseguidos y mantener vivos los espacios de denuncia frente a la censura y el hostigamiento estatal.
Criminalización del monitoreo independiente
El Ministerio Público (MP) emitió una solicitud formal al Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), exigiendo la entrega de toda la información, datos y testimonios recabados por la organización con relación con los incidentes ocurridos durante la movilización en Caracas el pasado 9 de abril.
La fiscalía busca acceder a los expedientes de documentación de una ONG independiente, lo que activistas y defensores califican como un intento de criminalizar la labor de monitoreo y una violación a la reserva de las fuentes y el trabajo de investigación de la sociedad civil.
Universitarios a paro
Ante la crisis salarial, bajos ingresos y deterioro de la infraestructura, la Asamblea Intergremial de la UCV anunció un paro de actividades de 24 horas para el miércoles 22 de abril de 2026.
Esta medida fue aprobada por unanimidad por profesores, obreros y administrativos debido a la crisis salarial y falta de condiciones dignas, declarando un «conflicto abierto». El gremio denuncia más de 4 años sin mejoras salariales sustanciales.
Más de 200 estudiantes sin alimentos
La crisis en la Universidad Central de Venezuela (UCV) se agravó esta semana con el cierre técnico del servicio de comedor, dejando a más de 200 estudiantes —muchos de ellos en situación de vulnerabilidad— sin su principal fuente de alimentación diaria.
La suspensión del servicio se debe a fallas críticas en el suministro de insumos y la falta de presupuesto para la reparación de equipos de refrigeración y cocinas industriales.
Los representantes estudiantiles denunciaron que esta situación fomenta la deserción académica, ya que el comedor es un pilar fundamental para la permanencia de los jóvenes en el sistema universitario ante la crisis económica.
El TSJ impide entrada al presidente de la Asociación de Profesores de la UCV
El 15 de abril de 2026, el profesor José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), junto a otros representantes gremiales, profesores y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, Juan Carlos Apitz, acudieron a la sede del TSJ para exigir respuestas sobre una demanda de protección al salario introducida el pasado 2 de febrero.
Sin embargo, las autoridades de seguridad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inicialmente negaron el acceso a Afonso. Tras la presión por parte de los manifestantes, se autorizó el ingreso de una comisión, incluyendo al presidente de la APUCV.
A la par, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana hostigaban a periodistas y comunicadores para que les mostraran sus credenciales en un claro intento de registro y amedrentamiento contra quienes daban cobertura a la exigencia gremial.
Un boletín epidemiológico incompleto
La reciente publicación del Boletín Epidemiológico, tras cerca de 10 años sin ser publicado, ha generado alarma en las organizaciones de salud y defensoras de derechos humanos al confirmarse la exclusión total de datos sobre el VIH/Sida en Venezuela.
El informe oficial omite las cifras de nuevos contagios, la tasa de mortalidad asociada y el estado actual del inventario de medicamentos retrovirales, rompiendo con los estándares internacionales de vigilancia epidemiológica.
La falta de estadísticas oficiales impide medir el alcance de la epidemia y dificulta la planificación de los organismos internacionales que suministran tratamiento gratuito en el país. Además, al no incluir información sobre el VIH/Sida, el Estado deja a miles de ciudadanos en una situación de mayor vulnerabilidad y estigma.
Seis meses de impunidad
El 13 de octubre de 2025, en el norte de Bogotá, Colombia, dos hombres dispararon al menos diez veces contra los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche cuando salían de su residencia.
Seis meses después, diversas organizaciones internacionales denuncian que el caso permanece en total impunidad.
Los activistas y diversas ONG sostienen que el ataque no fue un hecho de delincuencia común, sino parte de una estrategia de persecución que trasciende fronteras. Luis Peche denunció recientemente ante la CIDH que haber sobrevivido fue un «milagro» tras recibir seis impactos de bala.
El derecho al agua también está siendo vulnerado
En una rueda de prensa celebrada a las afueras de la sede de Hidrocapital en la Avenida Casanova, el director de la organización y ex preso político, Jesús Armas, presentó un balance crítico sobre el suministro de agua en el área metropolitana de Caracas.
Armas denunció que el 80 % de los caraqueños no recibe agua de manera continua, enfrentando ciclos de racionamiento que, en muchos sectores, superan los 15 días consecutivos sin servicio por tubería.
La organización alertó que el agua que llega ocasionalmente a los hogares no cumple con los estándares mínimos de potabilidad, presentando niveles de turbidez y olor que ponen en riesgo la salud pública.
Señaló además que la crisis no es producto de la sequía, sino de la falta de inversión y el desvío de recursos destinados a la recuperación del Sistema Tuy, lo que ha convertido el acceso al agua en un «artículo de lujo» gestionado por camiones cisterna privados.
Jesús Armas recordó que, a pesar de las amenazas institucionales por documentar estas fallas, la ciudadanía seguirá exigiendo transparencia en la gestión de los recursos hídricos.
Venezuela en la encrucijada
El informe «Venezuela en la encrucijada: Una mirada urgente a la crisis invisibilizada de los DESCA», presentado por Caleidoscopio Humano, documenta la profunda precariedad que enfrentan los venezolanos respecto a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
El documento resalta cómo la desinversión estructural y la opacidad oficial han convertido el acceso a servicios básicos como el agua potable, la electricidad y la salud en un privilegio inaccesible para las mayorías, exacerbando la vulnerabilidad de grupos históricamente discriminados.
Asimismo, la investigación enfatiza el deterioro del sistema alimentario y la pulverización del salario mínimo, lo que ha derivado en una crisis humanitaria que no solo persiste, sino que se ha normalizado bajo una narrativa de «recuperación» económica que no permea en la realidad ciudadana.
El informe hace un llamado urgente a la comunidad internacional y al Estado venezolano para que se garanticen condiciones de vida dignas, se retome la publicación de datos oficiales y se priorice la atención de las necesidades básicas por encima del control social y la persecución política.
#Conversatorio «¿Deben los ciudadanos y ONG hablar de elecciones?»
¿Deben los ciudadanos y las ONG hablar de elecciones?
Un espacio para pensar juntos, intercambiar ideas y entender el momento que vivimos, con voces que, desde la sociedad civil y el activismo por derechos humanos, conocen de cerca los desafíos democráticos del país.
🗓 Jueves 23 de abril de 2026
🕙 10:00 am (hora Venezuela)
870 excarcelaciones verificadas por el equipo de documentación y monitoreo de #CaleidoHumano
438 personas continúan tras las rejas por razones políticas, de las cuales:
19 son personas mayores
46 son mujeres
187 son militares
1 menor de edad
A más de 100 días del discurso promovido desde el Gobierno como “un nuevo momento político”, desde #CaleidoHumano vemos con preocupación que todavía estas familias viven con mucha incertidumbre y dolor. Urge voluntad política.
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