Entre la represión institucional y la desidia estatal, la sociedad civil venezolana protagonizó una semana de intensas protestas para exigir libertad y justicia. Mientras trabajadores y jubilados fueron reprimidos en la capital bajo el asedio policial, las organizaciones de derechos humanos denunciaron la exclusión de figuras vulnerables en los procesos de amnistía, el recrudecimiento de las torturas en centros como El Rodeo I y la crítica situación de abandono que enfrentan comunidades rurales y zonas en emergencia humanitaria como el estado Táchira
Emmanuel Rivas – Caleidoscopio Humano
Caleidoscopio Humano, junto a diversas coaliciones de la sociedad civil, mantiene su exigencia por la plena restitución de los derechos humanos en Venezuela.
En una jornada de exigencia, el pasado 9 de abril, miles de trabajadores, estudiantes y jubilados marcharon de manera pacífica por las calles de Caracas; sin embargo, la represión y la indiferencia del gobierno siguen formando parte de la agenda.
Más de siete piquetes policiales, gas pimienta, golpes y empujones, además de restricciones a la prensa y a las ONG que documentaban y acompañaban la movilización, obligaron a que los manifestantes se desviaran de su ruta original, que buscaba llegar hasta el Palacio de Miraflores, sede del ejecutivo, para que las autoridades encargadas escucharan un clamor que, desde ya hace varios años, sigue siendo el mismo: Sueldos, salarios y jubilaciones que permitan cubrir derechos tan básicos como la alimentación y la atención médica.
Tras la marcha, al menos cinco personas fueron detenidas de forma arbitraria y cerca de 10 periodistas o trabajadores de la prensa fueron agredidos, hostigados e, incluso, les hurtaron sus pertenencias como parte de la represión institucionalizada en el país.
El sábado 11 de abril, Caleidoscopio Humano pudo confirmar la excarcelación de las cinco personas que habían sido detenidas arbitrariamente durante la protesta.
«Si bien celebramos su retorno a casa, recordamos que ejercer el derecho a la manifestación pacífica no debe ser motivo de criminalización», exigió la organización.
Exigencia a los nuevos titulares de la Fiscalía y Defensoría
La Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, juramentó a Larry Devoe y Egle González Lobato como Fiscal General de la República y Defensora del Pueblo, respectivamente.
Ante esta designación, un bloque de más de 60 organizaciones de la sociedad civil ha emitido un comunicado conjunto en el que reiteran que las deficiencias del proceso de selección no pueden ser ignoradas ni normalizadas, por cuanto comprometen principios fundamentales de la Constitución como la participación ciudadana y la independencia de los Poderes Públicos; además, exigen que exista, entre otras cosas:
– Independencia real: Una ruptura definitiva con la impunidad que ha caracterizado la gestión de los derechos fundamentales.
– Revisión de causas: El inicio inmediato de auditorías sobre los casos de persecución política.
– Transparencia: Una gestión de puertas abiertas a las víctimas y sus familiares.
El comunicado conjunto destaca que la sociedad civil venezolana continuará documentando y evaluando el desempeño de ambas instituciones, e instan a la comunidad internacional a mantener su atención y seguimiento sobre el cumplimiento de estas obligaciones.
Tensión en los centros de reclusión: El Rodeo l y El Helicoide
La situación de los privados de libertad por razones políticas en El Rodeo I sigue siendo alarmante, marcada por denuncias de familiares de presos políticos sobre torturas, traslados arbitrarios y graves violaciones de derechos humanos.
Familiares y organizaciones denuncian que los reclusos, incluidos militares y civiles, son sometidos a tratos degradantes, represión y torturas, con reportes de gritos de auxilio desde el interior del penal.
Se han registrado intentos de suicidio de presos políticos en medio de un clima de amenazas por parte de las autoridades del penal. La hija de uno de los detenidos denunció que el 9 de abril de 2026 sus familiares no sabían si los presos estaban con vida.
Simultáneamente, el miércoles 8 de abril, familiares y estudiantes protagonizaron una tranca en la Avenida Victoria, a las afueras de El Helicoide, para exigir el cierre de los centros de tortura y la libertad plena de quienes permanecen recluidos injustamente.
Agresiones a la prensa y negativas de amnistía
El derecho a la información continua bajo ataque. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que al menos 10 periodistas y trabajadores de la prensa fueron agredidos el 9 de abril de 2026 por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) durante la cobertura de la marcha convocada por trabajadores y jubilados en Caracas.
A estas agresiones se suma la negativa de amnistía para el periodista Rory Branker y otros comunicadores, a quienes se les mantiene el proceso judicial abierto pese a la falta de pruebas.
Asimismo, resulta desgarrador el caso de Samantha, la adolescente cuya amnistía también ha sido denegada.
Samantha permanece privada de libertad únicamente por sus vínculos familiares con un militar disidente, un claro ejemplo de «culpa por asociación» que viola la protección especial de niños, niñas y adolescentes.
La doble condena de los presos políticos rurales
Dormir en plazas públicas, aguantar hambre y recorrer cientos de kilómetros sin recursos es el precio que pagan los familiares de presos políticos de zonas rurales y vulnerables para intentar ver a sus familiares.
Las personas privadas de libertad por razones políticas, que viven en zonas rurales, resultan doblemente invisibilizadas, pues enfrentan procesos judiciales sin debido proceso y en condiciones de aislamiento geográfico.
Ante esta realidad, el pasado 7 de abril, familiares de privados de libertad por el caso de los denominados «falsos positivos» se concentraron frente a la sede administrativa de la Asamblea Nacional en Caracas para exigir a los parlamentarios una amnistía para sus seres queridos.
Los manifestantes, provenientes de los estados fronterizos del país, denunciaron irregularidades en los procesos judiciales y solicitaron la revisión inmediata de las causas, alegando que los detenidos fueron víctimas de montajes durante operativos contra grupos irregulares.
Emergencia humanitaria sin respuesta
La comunidad de Mata de Guineo, en el municipio San Judas Tadeo del estado Táchira, atraviesa una crítica emergencia humanitaria y vial tras el colapso de una montaña y deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias.
Este desastre natural ha dejado a más de 140 familias incomunicadas, sin servicio eléctrico y con la pérdida total o parcial de viviendas e infraestructura productiva.
La situación es de alto riesgo, pues el movimiento de masa geológica persiste incluso en ausencia de precipitaciones, manteniendo en vilo a los residentes que han tenido que ser evacuados de emergencia.
A pesar de la gravedad de los hechos, la zona se encuentra en un profundo abandono institucional, ya que hasta la fecha no se ha desplegado maquinaria pesada de la Gobernación ni del Gobierno Nacional para despejar las vías de acceso.
Esta falta de respuesta por parte de las autoridades con competencia no solo afecta la seguridad de los habitantes, sino que ha golpeado la economía agrícola de la región, impidiendo que los productores trasladen sus cosechas a los mercados.
Ante la falta de asistencia técnica y combustible, los vecinos han recurrido a la autogestión, clamando por una intervención urgente que evite una tragedia humana de mayores proporciones.
Hoy, más que nunca, la ayuda humanitaria y la acción ciudadana son indispensables para apoyar a estas comunidades ante la lenta respuesta gubernamental.
